Elba Esther Gordillo, ¿es asunto de estado?

A través de un mensaje difundido en cadena nacional, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró anoche, sin mencionar a Elba Esther Gordillo por su nombre, que el proceso penal enderezado en contra de la dirigente magisterial "es estrictamente legal" y "responde a las evidencias de un probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación".

Previo al citado mensaje, el titular del Ejecutivo Federal sostuvo una reunión con los gobernadores del país en la que presuntamente se habría acordado "respaldar" la determinación del Gobierno de la República de emprender acción penal contra Gordillo Morales.

Parte del "respaldo" que los mandatarios estatales del país habrían ofrecido al presidente Peña Nieto implicaría, de acuerdo con distintas versiones, realizar acciones para "contener" cualquier posible reacción del magisterio nacional tras el encarcelamiento de su dirigente.

Todo ello evidencia lo que estuvo claro desde el momento mismo en el cual se conoció del arresto de la líder del SNTE: aunque el proceso sea, como dijo el Presidente, "estrictamente legal", tiene un inocultable contenido político que, a juzgar por las providencias tomadas, constituye motivo de preocupación para el Estado mexicano.

Y es que difícilmente el arresto de cualquier persona, por poderosa que se le considere, obliga a los gobernadores de todo el país a reunirse con el Presidente de la República y a éste último a emitir un mensaje en cadena nacional para ofrecer garantías a la inculpada, manifestarse dispuesto al diálogo con el gremio que aquella encabeza y pedir tranquilidad al resto de la sociedad.

El tratamiento que se ha dado al caso habla claramente del cuidado con el cual se están haciendo las cosas, por supuesto, pero también pareciera evidenciar el temor que se tiene a una reacción virulenta del magisterio nacional que termine por llevar el caso enteramente a la arena política.

La forma en la cual ha decidido actuar el Gobierno de la República evidencia también, sin duda, el tamaño de la apuesta que se está haciendo en este caso.

No es para menos: de la forma en la cual se resuelva este caso puede depender, en gran medida, el derrotero de la naciente administración Peña Nieto: o le creemos al nuevo Gobierno que está determinado en serio a combatir la corrupción hasta sus últimas consecuencias, o nos resignamos a vivir un sexenio más dominados por la impunidad.

Ello ubica al caso Elba Esther Gordillo en el territorio de los asuntos de Estado, pues aún cuando estemos ante un asunto de estricta legalidad, al tratarse de un caso paradigmático su resultado es sumamente relevante para todos, mucho más allá del morbo y la especulación.

Esperemos que, para beneficio colectivo, lo que termine por imponerse sea el estado de derecho y no los intereses políticos.