Defensa de Emilio Lozoya afirma que UIF y Pemex elevaron acuerdo por ‘instrucción superior’
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Tras la negación de AMLO, sobre que su gobierno busque extorsionar al exdirector de Pemex con los 30 mdd
Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador considerara justo aumentar de 10.7 a 30 millones de dólares el daño que debe reparar Emilio Lozoya para salir de prisión, la defensa del exdirector de Pemex reviró con un cuestionamiento: ¿con qué finalidad quieren mantenerlo preso?.
Los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda dijeron en un comunicado que la cifra original de 10.7 millones de dólares no fue una oferta de Lozoya, sino una cantidad formalmente solicitada por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Por ello, reiteraron que es ilegal exigir una suma tres veces mayor por concepto de reparación del daño, porque además no será aceptada por ningún impartidor de justicia a nivel federal.
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“El monto de 10.7 millones de dólares no es una oferta de Emilio Lozoya Austin. Esa cantidad fue solicitada por la UIF y PEMEX -hace más de un año-, ante el órgano jurisdiccional en calidad de reparación del daño. Incrementar ese monto hasta 30 millones de dólares como se pretende ahora, no sólo carece de sustento técnico, sino que es de imposible justificación ante el juzgador, lo que se traduce en que no sería aceptado por el Poder Judicial de la Federación, encargado de salvaguardar la proporcionalidad y legalidad de los acuerdos”, dijeron los litigantes, en respuesta al Presidente
“Finalmente, es importante señalar que, en el marco de un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio, garantizar el pago de la reparación del daño tiene como efecto la suspensión en el ejercicio de la acción penal, que más adelante se extingue con el cumplimiento de los compromisos asumidos. Esto significa que no hay sentencia, condena, ni declaración de responsabilidad penal. En suma: no firmar los acuerdos se traduce en mantener al testigo recluido en prisión ¿con qué finalidad?”.
Los defensores recordaron que en la audiencia del pasado martes el juez federal Gerardo Alarcón López difirió la audiencia intermedia del Caso Agronitrogenados porque cuando los representantes de la UIF y Pemex fueron cuestionados sobre las razones para incrementar el monto del pago resarcitorio, éstos contestaron que el motivo era “una instrucción superior”.
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Lozoya está preso en el Reclusorio Norte sometido a dos procesos, por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. En el primero la FGR pidió imponerle 46 años y medio de prisión, y en el segundo 15 años de cárcel.
Desde enero del año pasado, al presentar la FGR las acusaciones, Pemex solicitó en el primer asunto una reparación del daño de 7.3 millones de dólares y en el segundo 3.4 millones de dólares.
El mes pasado, después de varias pláticas, el Gobierno Federal le pidió 30 millones de dólares por los dos procesos a cambio de la suspensión condicional de los procedimientos y su libertad, oferta que rechazó el acusado.
(Con información de Reforma)