Detectan ‘bipolaridad’ en política migratoria
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CDMX.- En las últimas dos semanas la política de protección internacional de México exhibió su doble rasero: mientras el gobierno federal ofrecía la bienvenida a los 391 nacionales de Afganistán que llegaron al país con visas humanitarias, agentes del INM y soldados de la GN reprimían con insultos y violencia a cientos de personas centroamericanas, isleñas y sudamericanas que salieron en distintas caravanas en Chiapas.
A la par de que medios internacionales y nacionales celebraban la llegada de los refugiados afganos sanos y salvos a México, organizaciones de la sociedad civil y agencias de la ONU condenaban las agresiones contra los migrantes, algunos con bebés en brazos y exigían el cese a la violación de los derechos humanos y del derecho de protección internacional de las personas migrantes.
Horas después de la bienvenida de periodistas afganos, el New York Times publicó un reportaje en el cual Ben Smith, preguntó al canciller sobre la diferencia del trato hacia refugiados y centroamericanos.
El titular de la SRE planteó su intención de “dejar en claro la diferencia entre los migrantes económicos y las personas que buscan refugio y asilo”, sugiriendo que los afganos huyen por sus vidas, mientras que las personas centroamericanas abandonan su país por razones económicas.
Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras, comentó al semanario Proceso que “es muy importante no caer en estas prácticas de discriminación institucional por parte del INM o de la SRE”.
Recuerda que el titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, afirmó que deportaría a las personas “hasta la India, Camerún... así sean de Marte”.
Después de una baja sustancial en la llegada de personas a Estados Unidos en 2020, derivada de la pandemia de COVID-19, los flujos migratorios se volvieron a disparar este año: en junio, las autoridades detuvieron o expulsaron a México a cerca de 212 mil personas que trataron de ingresar a su territorio, la cifra más alta desde marzo de 2000; una cuarta parte eran ciudadanos mexicanos, 45 por ciento del Triángulo Norte de Centroamérica y el 29 por ciento restante de otros países.