Instruye AMLO a la UIF a que entregue información de su gobierno, incluídas las investigaciones a sus familiares y expresidentes

CDMX.- Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transparentar los contratos de la compra del software espía Pegasus, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a entregar toda la información requerida.

“Yo pienso que hay que entregar todo, eso y lo que tiene que ver con el sexenio del presidente Peña y lo que tiene que ver con nuestro gobierno. No ocultar nada, entregarlo todo”, mencionó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

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López Obrador pidió a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que realice este proceso y que además detalle las acciones de la administración federal a través de este organismo.

Que hable también de “todo lo que ha hecho la oficina de Inteligencia Financiera durante nuestro gobierno” y de la “devolución de bienes que en Florida le han entregado a México que eran de García Luna”, mencionó el mandatario federal.

“Hay que cumplirles” dijo el mandatario federal en referencia a la resolución de la Suprema Corte para que se transparente la compra de dicho software.

Pablo Gómez brindará un informe “y no solo para los de afuera, no solo denuncias de empresarios, traficantes d e influencias que no son empresarios, sino también de todo el Gobierno, incluido el gobierno nuestro, y el Presidente y sus familiares y todo lo que haya, y ministros de la Corte, todo lo que se tenga, expresidentes, hallazgos importantes”, dijo el titular del Ejecutivo federal.

Estas declaraciones ocurren luego de que el pasado 6 de febrero el Máximo Tribunal del país ordenara entregar la versión pública de la información en su posesión acerca de la contratación del programa.

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El pleno ordenó, con 9 votos a favor y dos en contra, transparentar los procesos de contratacióndel software de la empresa israelí NSO Group, luego de que se presentaron recursos de revisión promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Estos recursos fueron promovidos debido a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la UIF y a la SHCP entregar la versión pública de los conratos en cuestión, luego de que las instituciones se negaran a hacerlo, argumentando que se encontraban ocultos por cuestiones de seguridad nacional.