Actividad criminal: ¿un riesgo para la democracia?

El Gobierno de Coahuila informó ayer de un nuevo enfrentamiento entre presuntos criminales y elementos de la policía estatal en el municipio de Villa Unión. En el episodio se registró la muerte de un civil y un agente policial resultó herido.

El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, recordó que con este suman ya media docena de enfrentamientos en lo que va del año, la mayor parte en la región norte de la entidad, por parte de grupos criminales que operan fuera de Coahuila pero pretenden establecer operaciones aquí.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro, caracterizó el hecho como un intento por “generar zozobra” entre la población, lo cual podría influir en el desarrollo del proceso electoral que se avecina.

“Tenemos que cuidar que elementos ajenos no vengan a desestabilizar al Estado, a río revuelto ganancia de pescadores. Como sociedad, que tengamos cuidado del escenario al que nos estaremos enfrentando el año que entra”, señaló el legislador.

No es una noticia nueva el que ocurran este tipo de enfrentamientos en Coahuila, igual que ocurren en otras regiones del país. Lo que sí resulta preocupante es la consideración de que podría tratarse de grupos criminales que tienen una agenda política.

Y es preocupante porque cuando la delincuencia busca incidir en el resultado de un proceso electoral estamos ante un riesgo mayúsculo para todos. Que el crimen organizado se inmiscuya en la definición de quien gobierna un determinado territorio implica que se aproxime a la posibilidad de imponernos sus reglas y eso dinamita la democracia.

Todos los órdenes de Gobierno tendrían que alertarse ante una posibilidad de este tipo. Ignorar la advertencia de que los delincuentes despliegan actividades con propósitos electorales podría costarnos muy caro.

Es deseable por ello que frente a tal posibilidad, la Federación, el Estado y los gobiernos de todos los municipios sumen esfuerzos para la definición y puesta en práctica de una estrategia que impida el que se consumen tales propósitos.

Porque ante una situación de este tipo ya no estamos hablando solamente de que se encuentran en riesgo la integridad y bienes de la población, sino la posibilidad misma de que la actividad en nuestras comunidades se rija por los principios del estado de derecho.

No puede haber fisuras en este sentido: todos los integrantes de la comunidad, independientemente de filias o fobias partidistas, estamos convocados a colocarnos del mismo lado. Y ese no puede ser otro que el imperio de la ley y la defensa de las instituciones.

Ya hemos padecido anteriormente la intromisión del crimen organizado en la vida pública de Coahuila; sabemos perfectamente lo que eso implica y por ello no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que vuelvan los tiempos en los cuales el miedo y la incertidumbre eran elementos permanentes de nuestra vida cotidiana.