Coahuila 2017-2023: una exitosa política de seguridad
En los últimos años, Coahuila ha vivido ‘blindado’ contra la delincuencia organizada. Este hecho debe reconocerse pero, al mismo tiempo, insistirse en la necesidad de frenar la violencia que padecemos
Uno de los aspectos de los que mucho se ha hablado durante los últimos años, particularmente desde el día 30 de noviembre de 2019, es el relativo a los intentos de grupos delincuenciales de ingresar a territorio coahuilense y cómo las fuerzas de seguridad locales los han repelido.
Esta dinámica ha implicado una serie de confrontaciones entre dichos grupos y las fuerzas de seguridad estatales así como elementos del ejército. Algunos de ellos han sido particularmente perturbadores por el nivel de violencia desplegado por los delincuentes o por su duración. También, desde luego, por el número de víctimas fatales que han producido.
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El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme afirmó ayer que el número de episodios de este tipo ha sido de 49 a lo largo de su sexenio y aseguró que en todas las ocasiones las fuerzas policiales se impusieron.
“De esta forma sostenemos un sólido y permanente blindaje contra la delincuencia. Cada uno de los 49 intentos de civiles armados por ingresar a nuestro territorio han sido contenidos por nuestras policías, en conjunción con las Fuerzas Armadas”, dijo el mandatario durante un evento de graduación de policías estatales.
No estamos hablando de una estadística de la cual, en principio, una sociedad democrática deba sentirse orgullosa, porque el número de enfrentamiento retrata el problema estructural que nuestro país vive en términos de seguridad y de la actitud de la delincuencia frente a la comunidad y las instituciones del Estado Mexicano.
Es, sin embargo, una cifra reconocible a nivel del ciudadano de a pie porque habla del compromiso asumido por el Gobierno del Estado frente a la amenaza que significa la actividad criminal. Impedir que las organizaciones delincuenciales puedan actuar libremente en el Estado implica que todos podamos realizar con normalidad nuestras actividades.
Como se ha dicho también a propósito de esta realidad, el que la seguridad pública -y la seguridad jurídica- sean una realidad en Coahuila es un elemento fundamental en la construcción de una posición competitividad para la atracción de inversiones que apuntalen el crecimiento económico.
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Al respecto, el gobernador Riquelme Solís sintetizó bien la idea al señalar ayer que la máxima prioridad de su administración “es la tranquilidad y orden público, y este compromiso se hizo realidad”, por lo que “el modelo de seguridad (de Coahuila) es reconocido a nivel nacional”.
Siempre habrá que lamentar la pérdida de vidas humanas en este proceso. Al menos ocho elementos policiales y un centenar de presuntos delincuentes perdieron la vida en los 49 episodios de confrontación a los cuales se ha hecho referencia. Se trata de un saldo que no es posible celebrar.
Valdrá la pena por ello que, manteniendo la exitosa estrategia de contención desplegada en el territorio de Coahuila, a nivel nacional se avance en la consolidación de una política que detenga el ya muy prolongado proceso de violencia al que hemos sido sometidos los mexicanos.
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