Coahuila: la paridad de género, una ruta larga pero sin retorno

La reciente resolución del Tribunal Constitucional de Coahuila, con la cual se dejó sin efectos las reformas realizadas a la Constitución local que, entre otras, contenía la regulación sobre paridad de género para el caso de la Gubernatura del Estado, ha generado polémica y debate entre quienes estamos atentos al desarrollo de la vida política de nuestro Estado.

Vale la pena enfatizar, antes de avanzar, lo aprobado por el Congreso del Estado en diciembre del año pasado: alternancia de géneros en la gubernatura.

La reforma aceptada por la mayoría de las diputadas y diputados contemplaba que los partidos políticos podrían postular libremente a sus candidatas o candidatos en el siguiente proceso electoral, es decir, en el 2023. Pero el resultado de dichas elecciones condicionaría el género de las postulaciones en el 2029.

Dicho de otra manera, si el ganador en la elección del 2023 resultaba hombre, entonces todos los partidos políticos tendrían que postular mujeres para la gubernatura en el año 2029. Esta reforma fue controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de Unidad Democrática de Coahuila y el Partido Verde Ecologista de México; y ante el Poder Judicial de Coahuila por dos legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena). Ambos tribunales han resuelto ya las controversias.

El debate se ha centrado principalmente en la decisión del Tribunal Constitucional local, y es que el máximo órgano judicial en Coahuila justificó el dejar sin efectos la reforma argumentando que no se llevó a cabo el procedimiento legislativo adecuado por no deliberarse lo suficiente -por parte de los ayuntamientos de Coahuila- previo a la emisión de su voto.

En consecuencia, ordenó reponer el procedimiento, lo que implica nuevamente enviar la propuesta de reforma a los municipios y los cabildos para que estos la razonen y motiven. Este es un criterio judicial aplicado por primera vez en nuestro Estado, una novedad.

Es necesario decir que, previo a la resolución del Tribunal local, se conoció el proyecto de sentencia que la ministra Loretta Ortiz sometería a consideración del pleno de la Suprema Corte de Justicia. En dicho proyecto de sentencia se contemplaba resolver que la alternancia de género se aplicase desde el proceso electoral 2023 y esto tendría como consecuencia, además de que las postulaciones a la gubernatura fueran solamente de mujeres, que una mujer asumiera como Gobernadora en diciembre del año próximo.

Más allá del análisis jurídico de la decisión o de la pertinencia de este novedoso criterio aplicado por el Tribunal Constitucional local, me parece oportuno reflexionar sobre la necesidad de poner en el centro del debate los derechos de las mujeres para participar en igualdad de condiciones en los procesos electorales, dado que el análisis hasta el momento se ha centrado en el actuar de las autoridades judiciales, sin contemplar las implicaciones políticas que tienen estas determinaciones.

En mi opinión, toda esta historia que inició en el mes de diciembre con la aprobación de la reforma en el Congreso del Estado, contrario a lo planteado por sus impulsores, no tuvo en ningún momento como objetivo abonar al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, es decir, no se dirigía a garantizar el acceso del género femenino a cargos de toma decisión como la gubernatura del Estado.

Por otro lado, la decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efectos la reforma, lejos de aportar un novedoso criterio de control judicial, tiene sin duda el objeto de mitigar el riesgo político que representó una eventual determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligaría a todos los partidos a postular solo mujeres en la elección a la gubernatura del siguiente año.

Hemos observado ya a las diferentes fuerzas políticas emprender estrategias de posicionamiento de sus aspirantes, todos ellos del género masculino. Una decisión como la pretendida en el proyecto de la ministra Ortiz, afectaría los planes de las dos fuerzas políticas que estarán disputándose la gubernatura el siguiente año, PRI y Morena.

En mi experiencia, aún existe una fuerte resistencia por parte de los partidos políticos a garantizar la participación política de la mujer. Sin bien es cierto que en nuestro Estado se muestran avances en la integración paritaria de los ayuntamientos o del Congreso, también es cierto que esto obedece a que se ha obligado a los partidos políticos a postular mujeres desde los órganos electorales y a partir de la aplicación de acciones afirmativas.

Son precisamente estas acciones afirmativas, entendidas como medidas de trato diferenciado a personas o grupos sociales históricamente discriminados, las que han garantizado el acceso de las mujeres a los puestos de elección popular. Es gracias a estas medidas, concebida e implementadas con la intención de compensar la desigualdad, que observamos cada vez más presidentas municipales o diputadas en el Congreso.

Estoy convencido de la urgencia de obligar a los partidos políticos a postular mujeres para la gubernatura. La historia nos demuestra que por sí mismos no tendrán nunca la voluntad de hacerlo.

Hasta ahora, los criterios para la postulación de candidaturas a las gubernaturas han sido meramente cuantitativos, es decir: postular en la mitad de las candidaturas a mujeres y en la otra mitad a hombres. Pero el criterio cuantitativo es insuficiente para garantizar la paridad sustantiva.

Además de aquel, es necesario también que se establezcan criterios para garantizar que los partidos postulen mujeres, de forma preferente, en aquellos estados donde realmente tengan posibilidad de ganar y no simplemente “cumplir con la cuota” enviándolas a competir en entidades donde los números les muestran que no tienen posibilidad real de ser competitivos.

Nuestra democracia supone grandes desafíos, uno de ellos es el de la igualdad. Garantizarla debe ser un objetivo prioritario no solo para la clase política, sino también para la comunidad en general. Si realmente queremos avanzar hacia una sociedad mejor representada y más justa, la paridad de género es una de las respuestas; tiene de frente una ruta larga por recorrer, pero no hay retorno.

*El autor ha sido Consejero del Instituto Electoral de Coahuila