La CEAV es cómplice de la impunidad en el estado, afirma el diputado Antonio Attolini

La dirección de seguridad pública municipal de Torreón, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila, así como sus titulares, habrían de ser cómplices de la impunidad y la corrupción que existe en los casos de detención arbitraria y violencia por parte de la policía, que han dejado una gran deuda con las víctimas en el estado, opinó Antonio Attolini, diputado local por Morena en Coahuila.

El 12 de febrero de 2013, Mónica Esparza fue detenida, torturada y abusada sexualmente por parte de elementos policiacos de dicho municipio, junto con su esposo y su hermano que fueron asesinados. Mónica pasó siete años en prisión por delitos que no cometió, y hoy, a 11 años de lo sucedido, sigue en una constante lucha, pues asegura que sigue siendo perseguida y acosada por parte de la policía municipal de Torreón.

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En este caso, como en muchos otros, existe una gran deuda del estado con las víctimas, pues la CEAV no ha garantizado la reparación integral del daño a pesar de que los casos, como el de Mónica, están plenamente acreditados por instancias locales y nacionales.

El legislador, como presidente de la comisión de derechos humanos del Congreso del Estado, señaló que se trata de una herida profunda que no sana ya que, la CEAV dirigida por Magdalena López, no ha asumido su responsabilidad con víctimas de violencia por parte de la delincuencia organizada y del mismo estado.

Ante la falta de atención, a pesar de su responsabilidad para con la víctima, Attolini consideró que la CEAV es solamente “un adorno”, pues no cumple con lo que le fue mandatado, además de que su titular es incapaz para dirigirla adecuadamente y se rehúsa a prepararse para ello.

“La señora Magdalena López Valdés, tiene que dar la cara para lo que ella fue encomendada y la responsabilidad que la CEAV le exige que es responder ante estas graves violaciones que muchas personas, particularmente en Torreón, pero en todo Coahuila, sufre”, dijo.

“El argumento de las comisiones, específicamente de la de Coahuila, es la falta de presupuesto, pero eso es una omisión sobre la que su propia directora debería de responsabilizarse en la medida de que fue para eso que fue creada la comisión: la reparación patrimonial, integral y suficiente del daño. Debería ser una prioridad para el estado, todo es por negligencia, por omisión, por complicidad o por franca incapacidad por parte de quien actualmente dirige esta comisión”, agregó.

Ante ello, señaló la complicidad silenciosa de Magdalena López en los crímenes perpetrados por elementos policiacos, encabezados por César Antonio Perales, como titular de la dirección de seguridad pública, quien, a pesar de haber heredado de su antecesor, Adelaido Flores, una gran deuda con los coahuilenses, su policía sigue causando daño en la sociedad lagunera.

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“La pregunta fundamental es, si Torreón fue una de las cinco ciudades más violentas del mundo durante los años de la guerra contra el narco y existe en la normativa internacional, pero sobre todo en el sentido común, un proceso de reparación del daño integral que logre sanar heridas tan profundas como las que una guerra deja, ¿por qué en Torreón no existe un trabajo de reparación integral del daño? Hay muchísimos casos de abuso policiaco a nivel municipal de los que el estado parece no darse por enterado y si los conoce los quiere meter por debajo del colchón. Particularmente en Torreón es inaudita la cantidad de violaciones de derechos humanos que hay por parte de la policía”, reprochó.

EXIGIRÁ CUENTAS AL LEGISLATIVO

Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Antonio Attolini señaló que buscará que Magdalena López rinda cuentas al poder legislativo de Coahuila sobre los casos pendientes de la Comisión, particularmente el de Mónica Esparza, y que actualice a los diputados sobre el estado que guarda la comisión para poder dar cuenta de los que es necesario corregir para que esta funcione.

“Que se note que el Congreso no es ajeno a la deuda tan enorme que tenemos en términos de reparación del daño. Es indignante y escalofriante, ningún nivel de estado democrático podría tolerar tener como pendiente entre sus trabajos institucionales”, dijo.

Asimismo, señaló la necesidad de que sea roto el pacto de impunidad en el que ha caído el estado, por lo que consideró que estos hechos son un llamado a Manolo Jiménez, gobernador del estado; a Óscar Pimentel, secretario de Gobierno; a Federico Fernández, como secretario de Seguridad estatal; a Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de gobierno y sobre todo a los cuerpos policiacos y comandantes para que den cuenta que su profesión y formación de servicio hoy está en deuda con su predecesores, y en algunos casos, ellos mismos como participantes de estos hechos.

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“Hay un pacto de impunidad que se puede romper a partir de que estas personas convoquen a un diálogo donde nos involucremos todas y todos para poder revisar los pendientes y corregir las muchas deudas que hay en términos de derechos humanos en contra de los ciudadanos por parte de los policías municipales”, consideró.

PRESENTARÁ PROYECTO DE DECRETO

Ante la gran cantidad de injusticias y violaciones registradas en el estado, por parte de elementos policiacos, el diputado Attolini Murra adelantó que este martes 25 de junio presentará un proyecto de decreto en el Congreso del Estado con el fin de que se tipifique el delito de desaparición forzada transitoria en el Código Penal de Coahuila, para que, si la víctima aparece luego de haber sido detenida arbitrariamente, las autoridades se hagan responsables del secuestro y la violencia que esto implica.

“Por eso la presentaré, para que se tipifique eso en Coahuila siguiendo la normativa Internacional de las Naciones Unidas y de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de la verdad y memoria histórica para el esclarecimiento de los delitos en el tema de la llamada guerra sucia”, explicó.