Juzgar con perspectiva abierta
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La justicia abierta exige una nueva concepción del poder judicial. Para poder implementarla con éxito, se tienen que construir modelos de tribunales abiertos, transparentes y deliberativos que, en forma estricta y prudente, sigan formalidades de estricta publicidad conforme al debido juicio.
El juez con perspectiva abierta necesita mirar las cuestiones de justicia bajo un lente de máxima publicidad, colaboración, participación y rendición de cuentas. La finalidad es generar un espacio de mayor escrutinio público que haga de la función judicial un proceso que asegure la mayor deliberación de la justicia entre iguales.
No es fácil. Los jueces, por tradición, no estamos acostumbrados a la deliberación pública. Nuestra imparcialidad exige, además, prudencia en la conducta judicial. Nuestra sentencia exige saber escuchar en juicio, sin prejuzgar. Nuestra actividad jurisdiccional, incluso, debe guardar sigilo y reserva para asegurar la imparcialidad del fallo. No debemos prejuzgar muchos menos tener discusiones públicas sobre el sentido del fallo. Los que discuten son las partes, la sociedad. Los que escuchamos somos los jueces.
Este deber de no prejuzgar no significa opacidad judicial. Una cosa es que los jueces no debamos pronunciarnos sobre el caso para evitar prejuicios a favor o en contra de las partes. Otra cosa, sin embargo, es que nuestra actuación dentro del juicio sea opaca, oculta. Los juicios son públicos para que las partes y las personas puedan participar en forma debida para deliberar el concepto de justicia que debemos impartir con las formalidades debidas.
Juzgar con perspectiva abierta, por tanto, implica seguir un juicio para asegurar la máxima transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas de la función judicial. Esta nueva perspectiva del juicio implica desarrollar nuevos criterios y nuevas habilidades judiciales para saber escuchar con orden, certeza e igualdad.
Convocar en forma pública a amicus curiae, por ejemplo, plantea el deber de implementar buenas prácticas para asegurar una adecuada participación social en la justicia. En principio, la sociedad no sabe lo que se discute en un juicio porque no tiene acceso al expediente. Para facilitar la participación de expertos independientes o de sociedad civil en las cuestiones a discutir en un juicio, se debe asegurar un expediente abierto con las reservas legales.
Nadie puede participar sobre cuestiones que no sabe. Un juez abierto no sólo puede convocar a terceros con plazos, límites y condiciones razonables. También debe poner a disposición de los que pretendan participar las cuestiones a discutir; incluso, asegurar la información necesaria para que se pueda emitir una opinión experta con conocimiento de causa.
Más aún, si los jueces tiene apertura a la deliberación pública en casos de trascendencia social, también pueden publicar antes el proyecto de la sentencia que el tribunal discutirá en sesión pública. Incluso: publicar el proyecto puede maximizar el derecho de audiencia de las partes o los terceros interesados, para que el juez pueda recibir comentarios o críticas al proyecto, a fin de tomar en cuenta lo que considere oportuno para impartir una justicia, con el menor margen de error judicial.
El tribunal abierto, por ende, sabe que al poner en forma pública toda la información que resulte necesaria para transparentar el juicio, será objeto de críticas, cuestionamientos u observaciones de su función. Eso puede incomodar la función tradicional del juez que se encierra en su bóveda judicial. Puede, incluso, poner en entredicho la deliberación privada que los jueces necesitamos para ejercer nuestra libertad de conciencia para formar nuestro juicio que vamos a fallar.
Pero en realidad el juicio público no afecta la independencia judicial. Es mejor, a mi juicio, que la ciudadanía tenga claro lo que existe en un juicio, a que se promuevan, por la falta de información, especulaciones o filtraciones que generen juicios paralelos que distorsionan lo que se va a juzgar en realidad.
Los jueces, sin embargo, podemos asegurar el espacio privado de deliberación. Incluso, antes de ir a la sesión pública, podemos tener las reuniones privadas que sean necesarias para discutir entre pares y en un ambiente de mayor privacidad. Pero eso no debe impedir que la ciudadanía sepa lo que vamos a discutir en juicio. La información de un juicio, por regla general, es pública, salvo las excepciones que debemos proteger para asegurar los fines del proceso o la protección de datos personales.
Es más, los jueces debemos ser abiertos al diálogo con la sociedad civil para que una vez dictada la sentencia puedan criticarnos. Escuchar la crítica social siempre nos va servir para mejorar nuestra función: errar en el fallo es evitable si el juez tiene apertura a los espacios de deliberación pública que retroalimentan nuestros criterios judiciales.
JUECES ABIERTOS
Durante mi función judicial, la perspectiva abierta ha sido muy útil. He escuchado, con debida diligencia, a expertos, a víctimas y a la sociedad civil sobre cuestiones de justicia. He mantenido, además, un diálogo permanente con la academia para escuchar las críticas a nuestra función.
Siempre aprendo de la crítica. Esa es la mejor manera de no fallarle a la sociedad: saber escuchar para poder expresar, con absoluta libertad, nuestras convicciones judiciales que serán las razones públicas de la justicia.