NosotrAs: Dos visiones que deben converger contra el feminicidio

Hablar sobre feminicidios es un tema emergente ante la cruenta violencia contra las mujeres en México. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 2025 a enero de 2026 se registraron 736 víctimas de feminicidio a nivel nacional, y de enero a agosto de 2026 se reportaron 440 casos. En Coahuila, el informe oficial registra 8 feminicidios de enero a agosto de 2026, aunque colectivos feministas de la región reportan 14 casos para octubre.

Ante esta crisis, el Congreso de la Unión debate dos iniciativas para crear una Ley General en Materia de Feminicidio: una presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (Ejecutivo Federal) y otra por la senadora Cristina Ruiz Sandoval (Grupo Parlamentario del PRI). Es fundamental analizar sus enfoques bajo las recomendaciones de la CEDAW.

La iniciativa del Ejecutivo tiene un enfoque penal, procesal y punitivo. Busca homologar el tipo penal en los estados, decretar la imprescriptibilidad del delito y establecer que toda muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio. Asimismo, implementa coordinación interinstitucional, fortalecimiento de la investigación, un registro para la prevención y el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio.

Por su parte, la propuesta del PRI posee un enfoque preventivo, administrativo y de asignación presupuestal. Propone un presupuesto etiquetado y progresivo con un piso mínimo obligatorio, perspectiva interseccional, reconocimiento de contextos como la desaparición forzada y la responsabilidad solidaria del Estado por acción u omisión de servidores públicos. También incluye acompañamiento integral a huérfanos hasta los 25 años si continúan estudiando y el Sistema Unificado Nacional de Valoración de Riesgo para homologar fiscalías.

Bajo la lupa de la CEDAW, estas iniciativas no son excluyentes, sino complementarias. El proyecto del Ejecutivo atiende la recomendación de armonización legislativa e imprescriptibilidad para combatir la impunidad y garantizar que ninguna muerte violenta sea invisibilizada. La propuesta del PRI responde a la exigencia internacional de prevención efectiva y suficiencia presupuestal operativa en los estados para contener la violencia feminicida.

En suma, bajo las recomendaciones y lineamientos de la CEDAW, ambas iniciativas son profundamente complementarias, por lo cual el debate parlamentario, así como los diversos foros y diálogos, deben responder estrictamente a los estándares internacionales en derechos humanos. La crisis de violencia feminicida en México no admite banderas políticas; exige soluciones de Estado, razón por la cual resulta indispensable transitar hacia una unificación de las iniciativas de ley por medio de diversas metodologías.