NosotrAs: Paridad no es justicia

A 70 años del reconocimiento del voto de las mujeres en México, resulta pertinente reflexionar sobre la situación actual de sus derechos políticos en el país. Este análisis cobra relevancia ante la proximidad de un nuevo proceso electoral en Coahuila, en el que la discusión sobre la participación política de las mujeres no puede reducirse a la existencia formal de derechos, sino que debe extenderse a las condiciones reales en que éstos se ejercen.

En la actualidad, el Congreso del Estado de Coahuila se integra por 25 diputadas y diputados. Conforme a la información institucional disponible, la integración legislativa local muestra una composición cercana a la paridad entre mujeres y hombres, lo que evidencia avances normativos e institucionales importantes en materia de representación política. Sin embargo, la presencia numérica de las mujeres en los espacios de decisión no implica, por sí misma, la erradicación de las barreras estructurales que históricamente han limitado su participación política en condiciones de igualdad.

Aunque el derecho a votar y ser votada constituye una conquista democrática fundamental, es indispensable advertir que las mujeres que participan como aspirantes, precandidatas, candidatas o titulares de cargos públicos siguen enfrentando prácticas de discriminación, deslegitimación, trato sexista y violencia basada en el género. En consecuencia, el análisis de los derechos políticos de las mujeres exige atender no sólo al reconocimiento jurídico de esos derechos, sino también a las formas concretas en que pueden verse obstaculizados o anulados.

De acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ésta comprende acciones u omisiones basadas en elementos de género, ejercidas dentro de la esfera pública o privada, que tengan por objeto o resultado limitar, menoscabar o anular el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, incluido el acceso y desempeño del cargo (Instituto Nacional Electoral, s. f.). Esta violencia puede manifestarse de forma física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica e incluso feminicida, lo que revela la amplitud y gravedad del fenómeno.

En México se han desarrollado instrumentos específicos para prevenir, atender, sancionar y visibilizar esta problemática. Entre ellos destaca el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, administrado por el Instituto Nacional Electoral. Una infografía institucional del propio Instituto reportó que, con corte al 1 de julio de 2024, existían 416 registros ordenados por distintas autoridades y 363 personas inscritas en dicho registro, cifras que confirman la persistencia de esta forma de violencia en el ámbito político (Instituto Nacional Electoral, 2024).

Junto con estos mecanismos institucionales, los observatorios y las organizaciones de la sociedad civil han contribuido a documentar patrones de agresión, exclusión y hostigamiento contra mujeres que participan en la vida pública. Su labor es relevante porque aporta datos, visibiliza contextos y ayuda a identificar expresiones extremas de violencia política que, en algunos casos, pueden vincularse con agresiones letales contra mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

Los medios de comunicación también desempeñan un papel central en la calidad de la democracia. Tanto los medios tradicionales como los digitales inciden en la formación de la opinión pública, en la valoración social de las candidaturas y en la legitimación o deslegitimación de quienes compiten por un cargo de elección popular. Por ello, la cobertura mediática puede favorecer una deliberación democrática incluyente o, por el contrario, reproducir estereotipos, sesgos y discursos discriminatorios que profundicen la desigualdad.

En este contexto, la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género requiere la actuación responsable de partidos políticos, autoridades electorales, medios de comunicación y ciudadanía. La democracia no se agota en la instalación de casillas, en el número de boletas ni en el cumplimiento formal de reglas de paridad. También exige garantizar que las mujeres puedan participar, decidir y competir sin miedo, sin humillación, sin sexismo, sin machismo y sin silenciamiento.

Si Coahuila aspira a colocarse a la altura de las exigencias democráticas contemporáneas, debe consolidarse como un referente en el que ninguna mujer pague con violencia el costo de ejercer sus derechos políticos.