Aferrados al carbón: ese negocio del Gobierno Estatal en Coahuila (segunda de dos partes)

Hay que decirlo con todas sus letras: en este momento existe una crisis en la Región Carbonífera del Estado que afecta directamente a 140 mil habitantes de los cinco municipios que la integran, quienes dependen indirectamente del carbón (el 70% de su población total).

Y existe, entre otras causas, por la incompetencia del Gobierno Estatal para ofrecer alternativas de solución antes de que vencieran los dos contratos por cuatro años que la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) firmó con la CFE para la compra del mineral, los cuales expiraron el pasado 30 de septiembre.

¿Qué se puede hacer entonces?
Prorrogar los citados convenios es imposible pues éstos se han extinguido jurídicamente. ¿Por qué la Secretaría de Finanzas no se ocupó antes del caso, si tuvieron desde 2012 para planearlo?

Crear una nueva figura legal que aglutine proveedores pareciera el camino más adecuado. Refundar la Prodemi, en otras palabras. ¿Hay tiempo para ello considerando que sólo le queda un año de administración al grupo en el poder, y en ese lapso invertirá toda su energía en el proceso electoral que ya comenzó?

En un mundo ideal la opción más rentable sería dejar a los productores que se asocien entre ellos.  ¿Por qué no asesorarlos para que sepan vender el mineral directamente a la CFE o lo que es lo mismo: cortarles el cordón umbilical, en lugar de mantenerlos cautivos –e ignorantes de los procesos productivos– a cambio de cobrarles una cuota manejada sin transparencia?

Fácil: porque los recursos del carbón han enviciado a la clase política que los maneja desde 2003, como escribí en este mismo espacio la semana anterior.
En 2013, por ejemplo, Finanzas le quitó un millón 012 mil 365 pesos a la Prodemi para “intereses de la deuda”. Pero el presupuesto de egresos anual ya contemplaba, en un rubro por separado, que 2 mil 935 millones de los 35 mil 161 que recibió Coahuila ese año serían destinados a ello.

¿Quién asegura que realmente se destinó el “milloncito” a los “intereses de la deuda”?

Y esa cifra es peccata minuta comparada con la ejecución total de los recursos durante la única etapa donde hay registros oficiales: el sexenio 2011-2017.
En el presupuesto para 2012, aún conmocionados por la deuda pública descubierta y sin estabilidad financiera, no se acordaron que existía la Prodemi. Durante 2013 ésta recibió 60 millones de pesos que no fueron fiscalizados, y en los presupuestos de 2014 y 2015 se le menciona pero sin asignación. Para 2016 volvió a desaparecer del documento.

Respecto a sus ingresos la transparencia es aún peor. De 2012 a 2016 (abril), es decir todo el sexenio y hasta cinco meses antes de acabar los contratos, la Prodemi compró 11 millones 088 mil 122 toneladas de carbón a los productores. Y por cada una les descontó 25 pesos.

Eso significa 277 millones 203 mil 050 de pesos de aportaciones en ese periodo. Una tercera parte del ingreso (92 millones 401 mil 016 pesos) debía destinarse a seguridad de los trabajadores de las empresas mineras proveedoras, y 184 millones 802 mil 033 pesos a obras y programas sociales de la Región Carbonífera.

Sin embargo, en todo ese tiempo sólo consta que Gobierno del Estado invirtió 25.1 millones de pesos en infraestructura, y al 31 de marzo de 2016, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, había 88 millones 910 mil 804 pesos en el Fideicomiso 744817, en Banorte, más 2 millones 492 mil 376 pesos pendientes por transferir.

Por tanto, la suma total del dinero identificado da 116 millones 503 mil 180 pesos. ¿Y los restantes 160 millones 699 mil 870 que ingresaron, dónde están, a dónde fueron a parar?

Ahora bien, y los 91 millones 403 mil 180 pesos que había en el banco al fin del primer trimestre de 2016 (último reporte disponible públicamente), ¿por qué no los aplican, a qué esperan, para qué los guardan?

Cortita y al pie
Por un lado hay cinco municipios de la Carbonífera en crisis (Múzquiz, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas y Juárez), por el otro un Gobierno rebasado y sin soluciones, y como constante de los últimos 87 años, el asistencialismo que tanto ha contribuido a la desorganización y apatía de la sociedad coahuilense. Me explico.

El pasado 12 de octubre Rubén Moreira convirtió a su secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez, en “subsecretario de Gobierno enlace de programas sociales para la Región Carbonífera”. Un reparte despensas con nombramiento, pues.

Y éste, en su primera quincena de trabajo, entregó “a nombre del Gobernador” tambores y trompetas en varios planteles educativos de la Región. No es broma.

La última y nos vamos
Quedan aristas pendientes por desarrollar pero la conclusión es evidente: el modelo político vigente caducó en Coahuila. Urge un cambio y soluciones. Ya.

@luiscarlosplata