Elección 2017, ¿habrá ‘piso parejo’?

Una de las características que necesariamente debe tener un proceso electoral para garantizar que sus resultados sean plenamente democráticos es la de que exista equidad entre quienes participen del mismo.

Y por equidad lo único que puede entenderse –en términos estrictamente electorales– es que las reglas sean exactamente las mismas para todos pero, sobre todo, que se apliquen de forma idéntica a todos los partidos y candidatos, pues de otra forma se estarían concediendo ventajas indebidas a alguno o algunos de los competidores.

Pareciera un asunto nimio, pero no lo es. Garantizar la equidad en la contienda constituye uno de los aspectos más delicados de la democracia electoral, pues la aplicación igualitaria de la ley constituye el reto principal para la autoridad que actúa como garante de su cumplimiento.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a la probable violación normativa en la cual estarían incurriendo tres de quienes hoy se mencionan como probables aspirantes a la gubernatura del Estado en la contienda que iniciará dentro de unas cuantas semanas.

De acuerdo con la investigación periodística realizada por VANGUARDIA, algunas de las actividades realizadas por, o donde aparece la imagen de, Isidro López Villarreal, Armando Guadiana y Guillermo Anaya podrían encuadrar en el supuesto de violaciones legales que, de acuerdo con la normatividad vigente, inhabilitan para contender por el cargo de Gobernador.

Al respecto, la consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, ha dicho que, debido a la inexistencia de una queja formal presentada ante dicho órgano, éste no puede investigar los hechos ni pronunciarse al respecto.

El IEC es ciertamente un órgano público que organiza apenas su primer proceso electoral, pero en su Consejo General figuran al menos dos abogados con experiencia previa en la organización de comicios: Alejandro González Estrada y María de los Ángeles López.

Pero incluso si no fuera así, no puede adjudicarse a la “novatez” de los consejeros la responsabilidad de que el árbitro electoral deje pasar conductas que, de acuerdo con la ley, deberían ser al menos investigadas.

También es tiempo, por otra parte, que las autoridades responsables de garantizar que la ley se cumpla abandonen la comodidad de la actitud pasiva y se instalen en una de auténtica representación de los intereses ciudadanos; es decir, una que implique actuar de forma activa, iniciando procedimientos de oficio cuando ello sea necesario.

Si las conductas que se señalan no son ilegales, que eso se defina mediante el estudio técnico de los casos. Pero resulta inadmisible que, frente a la sospecha de que la equidad de la contienda pudiera ser afectada, la respuesta de la autoridad sea que se encuentra “atada de manos” porque nadie ha decidido interponer una queja o denunciar formalmente los hechos.