Procesos electorales: un ‘agujero negro’ de recursos

De acuerdo con el estudio “Dinero bajo la mesa”, auspiciado por la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la consultoría Integralia, quienes en México aspiran al cargo de gobernador de un estado gastan en sus campañas alrededor de 10 veces más dinero que el límite máximo permitido por la ley.

Se trata, hay que decirlo con toda claridad, de dinero introducido de forma ilegal a los procesos electorales. Es, además, una conducta que no parece tener freno en nuestro país, pese a las múltiples acciones emprendidas para mejorar la fiscalización de los recursos usados en la conquista del sufragio popular.

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Un dato paradójico en esta realidad es el hecho de que son los propios partidos los que tienen el monopolio de la creación y adecuación normativa en el país y, por tanto, son dichos entes, a través de sus representantes en los órganos legislativos, los que establecen el límite de recursos que es legítimo gastar en una campaña.

Entonces, ¿por qué si es claro que en la realidad “se necesita” más dinero para financiar una campaña, no se incrementa el tope de gastos y se amplía el catálogo de formas de contribución a las mismas? La respuesta no es sencilla.

En primer lugar es necesario decir que reconocer el hecho de requerir más recursos para financiar las campañas implicaría que los partidos reconocieran la realización de prácticas ilegales que no podrían justificarse de todas formas. En “Dinero bajo la mesa”, sus autores señalan, por ejemplo, que la mayor parte de los recursos ilegales son utilizados para financiar estrategias de clientelismo electoral como la compra del voto, la movilización ciudadana el día de las elecciones, inhibición de la participación de algunos sectores, así como el pago de estrategia de campañas y propaganda encubierta.

En segundo lugar debe señalarse la existencia de un cierto “pudor político”, pues los partidos buscan siempre pasar por entidades austeras, cuidadosas del gasto público y eficientes en el ejercicio de sus presupuestos. En múltiples ocasiones hemos atestiguado hasta desplantes de partidos que dicen “renunciar” a sus prerrogativas públicas.

Referir todo lo anterior es necesario para ver con otros ojos los datos que publicamos en esta edición, relativos al primer corte de información pública revelada por las autoridades electorales sobre los gastos de la precampaña en curso. Como cabría esperar, todas las fuerzas políticas han informado que en la primera mitad de este período apenas han gastado una fracción de lo legalmente
permitido.

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Pero solo hace falta recorrer las calles de cualquier ciudad de Coahuila y contar el número de anuncios espectaculares; o explorar someramente las redes sociales y ver los videos relativos a los actos proselitistas, o las producciones cotidianamente difundidas, para tener claro que el estudio referido debe aplicar perfectamente a las precampañas locales.

Muy difícil de creer, en cualquiera de los casos, que los partidos y sus precandidatos se están ajustando a los límites de gasto. A ver qué dice el INE cuando termine de fiscalizar.