Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (parte II)
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Indudable que la generación y distribución de electricidad es asunto de seguridad nacional, para el funcionamiento de actividades económicas y de bienestar individual-comunitario-social.La energía eléctrica es recurso estratégico para sostener y proyectar el futuro del país de manera justa e incluyente, un recurso para objetivos ulteriores de desarrollo y no sólo para la ganancia de capital, como sucede en España –y otros países- con precios exorbitantes a consumidores.
Es necesaria la participación del Estado en la industria eléctrica, para garantizar abasto y precios justos a empresas y hogares, más aún hoy que se pretende ampliar la generación a través de energías limpias y renovables: hidráulica, nuclear, eólica, fotovoltaica y geotérmica.
La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica contiene modificaciones al artículo 27 constitucional (aparte del 25 y 28), donde se mandata: “Corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para ese fin”.
Así, la Comisión Federal de Electricidad no sólo sería una empresa paraestatal, sino un organismo del Estado, autónomo en su función y administración, en su planeación y control, para generar, distribuir y administrar la energía que produce.
Se disponen cambios legales que implican cancelación de permisos de generación y contratos de compra-venta al sector privad, además desaparecen generadoras de autoabastecimiento que no pagan lo justo de porteo ni de transmisión en la red de la CFE, estructura que se construyó en muchos años y que ha costado amplia inversión de recursos públicos, es decir de la sociedad.
Actualmente, para dar preferencia a la distribución de electricidad generada por la iniciativa privada –con muy reducidos costos de porteo y transmisión en la red de pública-, las generadoras hidroeléctricas -energía limpia- de la CFE están al 55% de su capacidad, de ahí el abandono en su mantenimiento y modernización desde hace más de 12 años.
En efecto, 32% de la infraestructura instalada es de fuentes renovables hidráulicas subutilizadas, con la posibilidad de aumentar su generación de 9% a 18%, para cumplir el compromiso del país de generar, en conjunto con empresas privadas eólicas y fotovoltaicas, 35% mínimo de energía limpia para el año 2024.
Al ampliar la capacidad hidroeléctrica, la reforma contempla que la Comisión, a través de la Comisión Nacional de Control de Energía, tendría potestad de determinar cuándo y cuánta energía comprar a privados, según ofertas de volumen y precios competitivos que convengan a la empresa pública; lo anterior sin que la generación de CFE supere 54% del mercado, ya que correspondería a las empresas privadas 46% de dicha oferta.
La electricidad de renovables es más barata, precisamente porque los privados no cargan al precio costos reales de porteo, transmisión y uso de infraestructura pública, lo que son subsidios a dichas empresas, ventaja perversa que daña el patrimonio social y mantiene subutilizadas hidroeléctricas de energía limpia. La defensa del medio ambiente es más una excusa, el fondo es mantener los subsidios de la CFE; más aún, cuando en dos sexenios la banca gubernamental otorgó créditos por más de 70 mil millones de pesos para instalación y operación de generadoras eólicas y fotovoltaicas. Bonito asunto.
Para el anterior régimen gerencial, el libre mercado es la mejor manera de distribuir recursos escasos –corrupción incluida-, el cambio de régimen pretende impulsar el Estado de bienestar con responsabilidad social, de ahí la iniciativa de reforma a la ley de electricidad.
El poder económico –anteriormente privilegiado- convocó a la alianza Va por México (PRIANRD) para oponerse a todo y a la reforma. Las modificaciones jurídicas se definirán en las Cámaras de Diputados y Senadores, con su voto legislativo los partidos políticos precisarán qué intereses económicos respaldan, si de la ganancia de pocos o del bienestar de la sociedad. La historia juzgará.