Urgencia electoral

La urgencia se impone. Ha sido la constante. El presidente López Obrador impone los tiempos electorales. Resolvió adelantar los procesos de selección de candidatos presidenciales y con ello obligó a la oposición a hacer lo propio. Igual ocurrió con los candidatos a las 9 entidades que elegirán ejecutivo local. La oposición actuó en consecuencia. Lo más relevante, la ciudad de México, ahora el Frente anuncia la candidatura de Santiago Taboada como candidato de consenso de las cúpulas partidistas, al tiempo que Adrián Rubalcava se rebela, uno de los mejores y más prometedores políticos.

Los tiempos legales no importan. El INE ha sido complaciente y la instancia judicial también. Entre las consecuencias -la más grave- violar las normas de fiscalización sobre ingresos y gasto de precampañas. Esto tiene dos implicaciones, la falta de legalidad en el origen del dinero y la inexistente equidad, por el gasto ostensible de quien puede pagar.

Anticipar tiempos electorales también impacta los gobiernos. Los relevos y vacantes afectan hasta a la Suprema Corte de Justicia. Claudia Sheinbaum se separó de su responsabilidad en junio cuando el calendario formal la obligaba para estas fechas. El gabinete perdió dos de sus piezas clave, el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores. Pero no sólo son personas, es el proceso de gobierno. La presidencia actúa en función de objetivos electorales. El debate público gira en torno a la elección, como es evidente en la manera de enfrentar la crisis por el huracán Otis en Acapulco.

La polarización por la urgencia electoral se ha hecho sentir en el debate público y en el quehacer gubernamental. El presupuesto de 2024 está dominado por la lucha por el voto. También las expresiones del presidente se dirigen hacia toda oportunidad que signifique vencer al adversario y someter al independiente; su disputa con la prensa y el enfrentamiento con el Poder Judicial Federal de eso tratan.

La lógica que se impone es la de guerra, sin posibilidad alguna para terceras opciones. Movimiento Ciudadano actúa en consecuencia y la postura de Dante Delgado y de su candidato presidencial, Samuel García, son clara y evidentemente funcionales al polo del oficialismo; una oposición de la oposición. Caso similar al de buena parte de los factores de poder, incluyendo las empresas de medios; todos sujetos a una fuerte presión para ser parte de la contienda, siempre en función de quien detenta el poder.

En este entorno adquiere relieve el enfrentamiento del presidente con la Corte, una instancia que no forma parte de la contienda electoral, ni siquiera de la política en su sentido convencional. Su tarea es salvaguardar la supremacía de la Constitución sobre los actos de autoridad. El presidente les recrimina no sólo por los fallos que no le favorecen, sino la independencia del juzgador, imprescindible para la justicia. En el entorno de guerra al enemigo que hay que combatir, repudiar con todo y sin vacilación. Las palabras de exterminio del opositor de Samuel García van mucho más allá de la retórica del extremista Milei, ganador de la presidencia argentina. Tesis propia no de los libertarios, sino de los fascistas. La terna propuesta por el presidente al Senado para designar a quien cubriría la vacante del ministro Arturo Zaldívar es consecuente con su visión de que la justicia debe estar al servicio de una causa, para efectos prácticos, la única válida, aceptable, la de él mismo.

De la urgencia electoral y la tesis de la superioridad moral del proyecto propio es inevitable la elección de Estado. No sólo el gobierno, sino todas las instituciones, incluyendo la justicia penal, son parte de los recursos del poder para dirimir la batalla por el voto. No es nuevo, pero ahora es más evidente y generalizado porque se parte de la convicción de que hay un mandato superior a todo, además, sin sanción legal o contención social, una sociedad en estado de indefensión. El presidente tuvo acceso a las cuentas fiscales y operaciones financieras de Xóchitl Gálvez, así como la fiscalía de la Ciudad de México, a la información telefónica y financiera de los posibles candidatos opositores. Ambas situaciones sin consecuencia legal y con una oprobiosa complacencia social que vuelve normal el abuso del poder y su arbitrariedad.

La guerra que implica la elección de Estado, además de la polarización, plantea dos bajas que debieran ser de preocupación pública mayor: la verdad y la legalidad.