Foto: Archivo
Wade Villanueva representará al Estado durante dos años en el Consejo Nacional de Seguridad como la primera suplente del grupo de asociaciones civiles denominada “Invitados Permanentes”

La directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Alejandra Wade Villanueva representará al Estado durante dos años en el Consejo Nacional de Seguridad como la primera suplente del grupo de asociaciones civiles denominada “Invitados Permanentes”.

Los “Invitados Permanentes” del CNS, son siete nombres de representantes de organismos civiles que asumen un cargo honorífico y tendrán la finalidad de reunirse durante las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad, encabezadas por el presidente Enrique Peña Nieto, y los gobernadores de las 32 entidades del país para tomar la voz, proponer y dar a conocer resultados con base en lo trabajado desde los propios organismos que representan, que en su mayoría tocan temas de seguridad a partir de la participación ciudadana.

Cinco de los nombres podrán realizar intervenciones dentro de todas las sesiones, y entre ellos destacan Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, A.C.; Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Mexicano, A.C.; Orlando Camacho, de México SOS; Mario Arroyo, del Sistema de Información para la Seguridad Humana, y Ricardo Preciado, de Anónimos Novandi.

 

Los dos suplentes, entre los que se encuentran Alejandra Wade Villanueva, del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, y Juan Manuel Hernández Niebla, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, deberán acudir a todas las sesiones y asambleas de acuerdos durante esos dos años, para mantener la información en caso de tener que cubrir alguno de los lugares. 

“Se trabaja en el equipo de siete, y se tiene que estar revisando los acuerdos nacionales porque en cualquier momento se tienen que suplir las sillas”, explica Alejandra Wade.

Señaló, que durante el trabajo que desarrollará junto con los cinco invitados permanentes de base, y el otro suplente, propondrá impulsar una nueva ley en materia de cibercriminalidad, puesto que aún existen procesos que todavía no están correctamente homologados.

“Las denuncias deben tener un código nacional, que se refleje en una seguridad de aumento de cifras”, aseguró.