Todas las mediciones serias realizadas a partir de estándares internacionales han coincidido en los últimos años en el mismo señalamiento: la política educativa de México ha fracasado en el propósito de convertir a la educación en herramienta privilegiada para combatir la desigualdad.

O, para decirlo con mayor claridad: pese a que dedicamos una proporción adecuada del Producto Interno Bruto a financiar el sistema de educación pública, el dinero invertido en este rubro se gasta mal y eso se traduce en resultados que van de pobres a mediocres y nos ubican en el último lugar de la tabla cuando nos comparamos con nuestros  principales socios comerciales.

La síntesis apretada del diagnóstico educativo es que tenemos un serio problema en la materia y que debemos hacer algo -y debemos hacerlo con urgencia- para convertir a la educación en un verdadero motor del desarrollo social.

Durante la administración del ex presidente Peña Nieto se impulsó -como parte de las “reformas estructurales”- la denominada reforma educativa que implicó, entre otras cosas, introducir una serie de mecanismos de evaluación tendientes a mejorar la calidad del trabajo realizado por los docentes.

Desde su campaña electoral, el presidente López Obrador ofreció “cancelar” dicha reforma porque, desde su perspectiva, no estuvo orientada a mejorar la calidad de la educación, sino solamente a “vulnerar” los derechos laborales de los trabajadores del sector.

La promesa electoral de la “Cuarta Transformación” se concretó ayer con el anuncio formal del envío de una iniciativa de reformas que revertirá lo hecho en el sexenio pasado, desaparecerá la principal institución creada para garantizar la concreción de la anterior reforma -el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación- y crea el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.

Más allá de los acrónimos, las nuevas reglas y los buenos propósitos con los cuales se plantea la “contra reforma” educativa, lo importante será determinar con seriedad cuáles son los indicadores mediante los cuales los ciudadanos podremos saber si la nueva propuesta es efectivamente mejor que la anterior.

Y tales indicadores no deberían ser otros que aquellos con los cuales se ha evaluado hasta ahora al sistema educativo nacional, es decir, los estándares internacionales que nos mantienen reprobados en la materia.

¿En cuánto tiempo revertiremos el calamitoso estado del sistema educativo nacional, comparado contra el de los demás países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por ejemplo? ¿En cuánto tiempo los alumnos del sistema educativo nacional podrán competir de verdad contra los niños y jóvenes que asisten a las escuelas de Finlandia?

Porque más allá de las perspectivas políticas e ideológicas, lo único que realmente cuenta es eso: que seamos competitivos a nivel internacional. A eso tendría que orientarse la nueva propuesta y no simplemente a profundizar la fórmula que se encuentra en el centro del fracaso de nuestro modelo: el uso del presupuesto educativo como un instrumento de control político del magisterio.