Decreto del Ejecutivo de Coahuila para limitar movilidad por COVID-19 es constitucional: Tribunal local
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El órgano judicial sesionó hoy y se pronunció por mayoría, 11 votos contra uno, por la validez constitucional local del acto reclamado, promovido en el juicio AIL-03/2020 por Hugo Morales Valdés, ombudsman coahuilense
El Tribunal Constitucional Local del Poder Judicial del Estado declaró procedente, pero infundada, la acción de inconstitucionalidad de la CDHEC del decreto emitido por el Ejecutivo para limitar la movilidad social por la pandemia del COVID-19.
De manera virtual, el órgano judicial sesionó hoy y se pronunció por mayoría, 11 votos contra uno, por la validez constitucional local del acto reclamado, promovido en el juicio AIL-03/2020 por Hugo Morales Valdés, ombudsman coahuilense.
El magistrado Gabriel Aguillón fue el único que votó en contra del proyecto.
Éste fue el primer juicio constitucional que se desahogó en línea, con una sesión ordinaria de sentencia que duró este día poco más de tres horas.
De manera general, Morales Valdés estimó en su demanda la violación del derecho humano a la libre circulación, sin embargo, los argumentos para sostener eso, fueron considerados insuficientes para sostener la ilegalidad del acto por parte del actor.
“Estimo que no hay razones suficientes, tampoco válidas, para declarar la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo sobre el cual reduce la movilidad en el contexto de la emergencia sanitaria”, externó Luis Efrén Ríos, magistrado instructor.
La magistrada Carmen Galván y el magistrado César Saucedo, al apoyar el dictamen, pidieron robustecer el proyecto, señalando que se incluyera en el mismo el señalamiento de que el Ejecutivo no prohibió totalmente la movilidad, sino que la limitó en alguna medida a fin de garantizar y proteger la salud y la vida.
En la sesión, buena parte, 1 hora con 45 minutos, se centró en aspectos de forma, como la regulación de la participación ciudadana (amicus curiae) que se dio durante la sustanciación del procedimiento, es decir, las opiniones de expertos ciudadanos que se tomaron en cuenta para la resolución, aunque sin ser vinculantes.
Una corriente encabezada por el magistrado César Saucedo solicitó eliminar de la sentencia el contenido en el que se menciona la intervención de estos ciudadanos, pues su participación no está reglamentada.
Finalmente se acordó una modificación en la redacción de la sentencia, sin eliminar la mención de los amicus curiae, en la que el magistrado instructor asumió la responsabilidad de la misma.
“Aplaudo la incorporación de amicus curiae, es positivo”, expresó al respecto Miguel Mery, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.
