El ‘Ficreazo’, ¿crónica de un desastre anunciado?

Una constante en los escándalos provocados por la conducta indebida de nuestros servidores públicos es que, conforme más datos salen a la luz, más claro va quedando que lo ocurrido no es obra del infortunio, sino el resultado causal de actos deliberadamente ejecutados.

Tal es el caso del denominado “Ficreazo”, episodio en el cual el Poder Judicial de Coahuila perdió más de 120 millones de pesos producto de la decisión de sus funcionarios de “apostar” con el dinero de los contribuyentes a inversiones de carácter especulativo.

Como se ha informado, durante el período en que Gregorio Pérez Mata estuvo al frente de la judicatura estatal, la dependencia a su cargo firmó al menos dos contratos con la extinta Ficrea y, a partir de estos, realizó múltiples transferencias de recursos a la financiera, todas ellas de forma irregular, ni una sola de ellas implicó depositar dinero en Ficrea, sino en cuentas que dicha institución tenía en BBVA-Bancomer.

De acuerdo con un reporte que publicamos en esta edición, la irregularidad representada por los referidos contratos se habría detectado si, como lo establece el artículo 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila, se hubiera ordenado la práctica de al menos una auditoría anual al Fondo para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, del cual se tomó la mayor parte del dinero “perdido” en la aventura de Ficrea.

De acuerdo con la citada norma, “el Presidente del Tribunal ordenará que se practique una auditoría, que cuando menos deberá ser anual, para verificar el manejo del fondo. Dicha auditoría se practicará por quien designe el Consejo de la Judicatura a propuesta de su Presidente”.

A respuesta de una solicitud de información, el Poder Judicial de Coahuila ha revelado -reconocido sería un término más adecuado-, que durante los años 2006, 2007, 2008 y 2014 no se realizaron dichas auditorías, hecho que se desprende del eufemismo utilizado para responder el cuestionamiento: los documentos respectivos “no pudieron localizarse” en los archivos de la institución.

La pregunta importante aquí es, ¿dejó de hacerse en forma deliberada la auditoría? ¿Se evadió el cumplimiento de la norma para evitar que se pudiera detectar la irregular entrega de recursos a Ficrea mediante “triangulaciones” de depósitos a través de un tercero?

El cuestionamiento tan sólo se suma a la larga lista de preguntas que nadie parece tener interés de responder en el Poder Judicial de Coahuila a pesar de que se estamos hablando de decenas de millones de pesos perdidos y a pesar de haberse evidenciado múltiples datos que dejan claro que no se trató de un “accidente” sino de una acción planeada y ejecutada de forma consensual.

El arribo de un nuevo titular a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia debería servir para que el “caso Ficrea” sea investigado de forma puntual y se inicien los procedimientos necesarios en contra de quienes, a todas luces, cometieron actos ilegales en contra de los intereses de los ciudadanos coahuilenses.