Coahuila: ‘No es una utopía el combate a la corrupción, afirma Abigail Díaz’, candidata a magistrada

Aun cuando está elevado a rango constitucional, en la práctica el derecho a una justicia pronta y expedita no ha pasado de ser una falacia, debido a la corrupción y viejos vicios del Poder Judicial, sostuvo Abigail Díaz de León Benard.

La candidata a magistrada de lo que será el Tribunal de Disciplina Judicial a nivel federal señaló la necesidad de “barrer la corrupción de arriba hacia abajo”, planteamiento que forma parte de sus propuestas de campaña.

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En entrevista desarrollada en la mesa de redacción de VANGUARDIA, denunció que servidores aferrados al viejo sistema judicial se resisten al cambio, pues sienten que la reforma judicial y el actual proceso electoral atentan contra sus intereses de grupo.

Se presentó como “una ciudadana independiente, profesora de la UNAM hace 19 años, abogada, tanto del sector empresarial como de particulares en causas específicas en materia laboral, marítima y portuaria”.

Agregó que, en el Gobierno Federal, ha tenido la oportunidad de ejercer varios cargos de la más alta responsabilidad y ha sido subprocuradora de Recursos Naturales en la Profepa, donde, por cierto, atendió “muchos problemas ambientales” de Coahuila.

Explicó que figura como la candidata número tres en la boleta de color turquesa que, junto con otras, recibirá cada elector el día de los comicios.

En las 32 entidades federativas se distribuirán seis boletas, entre ellas, las que servirán para sufragar por la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, tribunales colegiados y juzgados de distrito.

Con residencia en la Ciudad de México, pero con raíces en el Bajío y la costa del Pacífico, De León Benard rechazó que el combate a la corrupción sea una utopía.

“¿Qué tan consecuentes hemos sido con el principio de que la administración de la justicia debe ser pronta y expedita?”, se le preguntó.

“Eso lo enseñamos —respondió— en las facultades de derecho, y eso es lo que yo digo, pero en la práctica es falso, pues los procedimientos tardan meses o años”.

Explicó que las malas prácticas y conductas deshonestas son las causas principales de dicho fenómeno, de ahí su interés en combatir la corrupción, pero, “más que nada, la impunidad”.

“Hay gente que ha puesto sus quejas o denuncias, pero no obtienen respuesta del Consejo de la Judicatura Federal, que es quien ha hecho estos procedimientos, los cuales no son nuevos, lo que pasa es que sus funcionarios han sido juez y parte”, dijo.

Explicó que el cargo al que aspira está inmerso en un novedoso órgano jurisdiccional que juzgará y sancionará, por faltas graves administrativas, a los juzgadores y juzgadoras de cualquier nivel, hasta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y sus respectivos equipos de trabajo.

En definitiva, se actuará contra quienes no se conduzcan con ética e integridad, que falten al Código del Servidor Público para, en su lugar, se dirijan “con probidad, honestidad e integridad en la ejecución de cada uno de sus actos jurisdiccionales, dentro de los casos y los procedimientos”.

La doctora Abigail Díaz dijo que el mote de “Dama de Hierro” que, debido a su carácter como jurista, le han impuesto sus colegas, le viene, “como nunca”, como anillo al dedo.

Una de las virtudes del nuevo tribunal es que, en condiciones de independencia y autonomía, verificará el desempeño de cada uno de los órganos jurisdiccionales, en cuanto a que los asuntos se resuelvan en tiempo y forma, señaló.

Mientras tanto, gracias a la reforma judicial, “hay algo muy bueno: aun sin haber ido todavía a las urnas, ya ganó la ciudadanía, sí, ya ganamos, pues los procedimientos, a partir del 1 de septiembre, no podrán tardar más de seis meses”.

“Quien no cumpla dentro de este plazo, el tribunal podrá sancionar, porque la propia Ley Orgánica del Poder Judicial dice que los procedimientos y los órganos jurisdiccionales deben ser eficaces y efectivos”, externó.

“Los expedientes —consideró— no son hojas, sino personas, significan su salud, la vivienda, el patrimonio, los hijos menores, puede ser un trabajador que está esperando su liquidación correcta, y al llevarse esos asuntos urgentes a litigios de hasta 15 años, se nos mueren los trabajadores, esperando justicia, esto, en el tema laboral”.

En el tema penal, que “es el más vergonzoso en este país”, cuestionó que existan personas que tienen años privadas de su libertad, sin una sentencia... “¡¿por qué hemos permitido esto?!”.

“Hoy es el momento de salir a las urnas y exigir la justicia que merecemos y que se sancione a los funcionarios que administran la justicia al margen del código de ética e integridad”, conminó la postulante.