Genaro García Luna pide a juez libertad bajo fianza; teme al COVID-19
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El 21 de marzo, uno de los internos de dicho centro de detención en Nueva York dio positivo por COVID-19, luego de que se quejara de dolores en el pecho
La defensa de Genaro García Luna, solicitó nuevamente al juez Brian Cogan que permita salir bajo fianza al ex secretario de Seguridad Pública, ahora con el argumento de que es necesario proteger su salud ante la pandemia del coronavirus COVID-19, pues tiene 55 años de edad y presuntamente antecedentes de enfermedades respiratorias.
“La liberación (bajo fianza en espera de juicio) del Sr. García Luna también es necesaria para proteger su salud física a la luz del devastador número de víctimas de la pandemia de Covid-19 en el mundo y ciertamente en la comunidad de detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (de Nueva York) donde se encuentra el Sr. García Luna detenido”, sostuvo su abogado César de Castro en una carta dirigida al juez.
El 21 de marzo, uno de los internos de dicho centro de detención en Nueva York dio positivo a la prueba de COVID-19, luego de que se quejara de dolores en el pecho, de acuerdo con lo esgrimido por su equipo legal en la exposición de motivos ante el juez.
En febrero, el ex funcionario en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) ofreció un millón de dólares como garantía para que se le dejara salir en libertad, oferta que no resultó luego de que dos de los tres avales decidieron, de último minuto, retirarle su apoyo y ahora la defensa ha duplicado la oferta del paquete de fianza.
“El Sr. García Luna ahora propone que se le libere con un bono de reconocimiento personal de dos millones de dólares garantizado por diez personas (siete financieramente responsables y tres para su persuasión moral) todas las cuales han sido aprobadas por los servicios pretribunales como cofirmantes apropiados”, abunda la defensa en el escrito hecho público este miércoles.
La petición también sugiere que García Luna, señalado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, sea sujeto a la supervisión estándar de la PSA agregando al protocolo preestablecido el monitoreo de su ubicación geográfica.
De ser liberado, el ex funcionario acusado formalmente de narcotráfico y de hacer declaraciones falsas al pedir su naturalización al gobierno de Estados Unidos residiría con su familia en Washington, D.C., de acuerdo con la proposición; sin embargo, la defensa resaltó que si el tribunal así lo requiere podrían hacerlo en Nueva York mismo.
