Foto: Cuartoscuro
A tres años de la desparición, las protestas, caminatas y plantones les mermaron la salud; aun así, continúan en la lucha

Hacía tres años que desconocía su paradero, si comía o sufría, si estaba vivo o muerto. Pero una mañana la incertidumbre terminó. De buenas a primeras, José Ángel cruzó la puerta abierta de su hogar en Tixtla, Guerrero. En la sala, Bernardo Campos, su padre, lo recibió con un abrazo que le impidió respirar por unos segundos. Y luego Bernardo despertó. Todo fue un sueño, uno más de los cientos que tuvo, en los que José Ángel, su hijo, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, regresaba al hogar.

Los sueños se han convertido para todos los padres de los 43 en la única opción para sentir cerca a sus hijos y mitigar el dolor que se enraíza con el paso de los días. Han transcurrido tres años; reuniones con funcionarios públicos, marchas, mítines y plantones se han convertido en la rutina de las familias guerrerenses que buscan a sus hijos desaparecidos. Las enfermedades, el hambre y el cansancio han sido sus fieles compañeros desde entonces.

El sábado 29 de abril de este año, los padres cumplieron nueve días en el plantón permanente que decidieron colocar frente a la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México. La exigencia: abrir el diálogo que la dependencia cerró en octubre de 2016 y que se siga la ruta de investigación que marcó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), luego de analizar los hechos.

Todo fue un sueño, uno más de los cientos que tuvo, en los que José Ángel, su hijo, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, regresaba al hogar

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El 26 de septiembre del 2014, unos 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, se dirigían a Iguala para tomar los autobuses que los llevarían a la Ciudad de México el 2 de octubre para participar, junto con otras escuelas normales del País, en la marcha por el aniversario de la matanza de Tlatelolco.

Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, los estudiantes fueron interceptados por la Policía en un tiroteo que dejó seis muertos, 25 heridos y los 43 normalistas desaparecidos.

El 28 de septiembre del 2014 se llevó a cabo el arresto de 22 policías de Iguala por su “presunta responsabilidad” en el ataque, y el 29 de octubre los padres de los desparecidos se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto, quien prometió intensificar la búsqueda.

El 4 de noviembre, el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en la Ciudad de México: la PGR aseguró que fueron los autores intelectuales de la represión.

El 27 de enero de 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, emitió el comunicado 017/15, en el que dio a conocer la que llamó “verdad histórica” del caso. Murillo Karam responsabilizó del “homicidio” de los jóvenes a Felipe Rodríguez Salgado, un supuesto miembro de una “organización delictiva” quien, según la PGR, habría actuado en coordinación con la Policía de Iguala y Cocula, Guerrero.

El comunicado señala que Rodríguez Salgado declaró que los policías les entregaron a los estudiantes, los llevaron al basurero de Cocula donde fueron calcinados y sus cenizas tiradas en el Río San Juan. Esta versión fue rechazada por los padres y las autoridades enviaron a Austria algunos restos para que para que fueran analizados.

Desde ee momento, la “verdad histórica” ha sido desmentida por especialistas que se enfocaron en realizar investigaciones sobre el crimen.

No está claro por qué hubo tanta violencia contra los estudiantes. Foto: AFP

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De nuevo al plantón. Para ingresar era necesario presentarse. Allí no entraba cualquiera. Los padres debían estar protegidos, después de su imparable lucha para que las autoridades investigaran la desaparición de sus hijos, es comprensible desconfiar de los desconocidos. Las carpas, que fueron donadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas, estaban protegidas con vallas que las rodeaban. En la entrada había varios integrantes de asociaciones civiles que vigilan y preguntaban a quién buscaba cada persona que llegaba al lugar.

A las tres de la tarde de aquel 29 de abril, Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, estaba sentado en la carpa de los víveres, la primera desde la entrada. Desde hacía nueve días su labor era recibir y repartir los víveres que asociaciones y la gente les dejaban.

De no ser porque desconoce el paradero de su hijo, seguramente estaría en su pueblo, Apango, Guerrero, trabajando las tierras que se compró en 2009 con el dinero que logró ahorrar durante los 20 años que vivió en California, Estados Unidos.

No tendría que estar sentado todo el día en la silla de plástico que, después de un rato, hacía que las nalgas y piernas se durmieran. En su pueblo, sus herramientas de trabajo son el tractor, la pala, el rastrillo y el azadón para sembrar calabaza, maíz, frijol o sorgo; en el plantón, son un cuaderno y una pluma para llevar la cuenta de lo recibido, y unas hojas con la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde que su hijo desapareció, su pasatiempo ha sido leer e informarse de los movimientos sociales por los que ha pasado México.

“Seguimos avanzando en la lucha, no hemos parado”, sostuvo. “Desde que pasó hemos andado de un lado a otro buscando apoyo, buscando justicia y buscando a los muchachos con vida”.

Aunque don “Tanis”, como le llaman, aceptaba que era cansado estar todo el día en la carpa de los víveres, ésa no era la única enmienda que tenía. Se encargaba, además, de supervisar que la comida estuviera a tiempo.

Ese sábado, un problema con la manguera del gas impedía calentar los frijoles. Los más de 25 grados centígrados que se sentían en la ciudad echaron a perder el arroz que se tenía listo para la comida. Los padres improvisaron.

Don “Tanis” se levantó de su silla y fue a la carpa de la cocina. Solucionó el problema del gas y después ayudó en la preparación de sardina para sustituir el arroz perdido.

Ese día los padres tuvieron que esperar hasta las cinco de la tarde para comer. Porque así es desde septiembre de 2014, a veces almuerzan a las nueve de la mañana, a veces hasta mediodía; con la comida es lo mismo: a veces a las dos, otras hasta las cinco.

En su pueblo no sería así. Allá su esposa, Margarita Zacarías, le prepararía su lonche desde las seis de la mañana que salía de su casa para ir a sus parcelas. Pero Estanislao ahora está en la Ciudad de México para continuar con la lucha por la búsqueda de su hijo y los demás normalistas; su esposa estaría acompañándolo, de no ser porque desde mayo del año pasado las piernas comenzaron a fallarle. Las largas caminatas y viajes que hacía desde la desaparición de su hijo empezaron a cobrar factura.

“A veces ella iba a un evento y yo a otro, pero llegó un momento en el que ella ya no pudo más”, explicó don Tanis, “En mayo del 2016 se retiró. Le duelen las rodillas de tanto caminar y ahora le digo mejor que no vaya, que se quede en la casa, porque también tenemos otros dos hijos que, aunque ya están casados, pues también necesitan que su mamá los acompañe”.

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El 8 de febrero del 2015, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) participó en la investigación a petición de los padres. Los especialistas aseguraron que no había evidencias que permitieran vincular los restos hallados en el basurero con los del río San Juan.             

Para el 12 de febrero, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estudiar la investigación de los hechos. El 1 de marzo, el GIEI visitó México y se reunió con familiares de los jóvenes. Dos meses después, denunció que hubo tortura a algunos detenidos por el caso, y en septiembre cuestionó las conclusiones de la PGR por irregularidades en las indagatorias.

El 26 de febrero, Murillo Karam dejó la PGR, luego de las críticas por la investigación. En su lugar fue designada la entonces senadora priista Arely Gómez. El 16 de septiembre el laboratorio de Innsbruck, Austria halló indicios de que restos procedentes del río San Juan son del estudiante Jhosivani Guerrero. Y el 26 septiembre, los familiares encabezaron una marcha para conmemorar el primer aniversario de la desaparición.

 

Ilustración: Esmirna Barrera

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Cristina Bautista regresó de caminar junto con su hija Mayrani (20), tan sólo un año menor que su hijo desaparecido: Benjamín Ascencio Bautista. A ella le gusta estar siempre activa, por eso se desesperaba cuando estaba todo el día en el plantón y prefería irse a caminar.

Ya eran las ocho de la noche y el segundo evento cultural de fin de semana estaba presentándose. Esa tarde visitaron a los padres desde grupos de trova, hasta de música cubana. Algunos se levantaron a bailar, pero Cristi no baila, dejó de hacerlo desde hace tres años. Ya no tiene ánimos.

En su pueblo, Alpuyecancingo de las Montañas, Guerrero, estaría vendiendo comida, o limpiando la casa aunque ya estuviera impecable. Pero estaba en Ciudad de México, sentada en una jardinera, corrigiendo el bordado de la servilleta que Hilda Legideño, la madre de otro joven desaparecido, había tejido mal.

Mayrani continuó bordando con paciencia la nueva puntada que le acababa de enseñar su mamá, para rellenar los tulipanes dibujados en la tela de manta.

El cansancio y los dolores musculares son los compañeros de todos los padres. Por eso cada día los visitaban integrantes de asociaciones para darles masajes. Le ofrecieron a Cristi y aceptó de inmediato. La espalda le dolía desde hacía días y las piernas se le hinchaban “aunque esté parada, aunque esté sentada o aunque esté acostada”.

El masaje fue en la carpa donde dormían todos los padres: un cuarto gigante improvisado en la calle de la PGR. Allí, en el suelo, estaban las colchonetas y cobijas que un seminarista les regaló, pues el primer día del plantón, todos durmieron en el piso.

Adentro estaban tres papás que también aprovecharon los masajes para calmar sus dolencias. Allí no había privacidad, pero Cristina colocó su casa de campaña, donde pudo quitarse la blusa con toda libertad para que le sobaran la espalda.

Antes del 26 de septiembre del 2014, a Cristi no le dolía nada. Casi nunca se le hinchaban los pies y tampoco sabía lo que era tener presión alta, que ahora le da con cada sobresalto o en las fechas importantes, como el cumpleaños de su hijo Benjamín: el 19 de abril.

—Ese día me la pasé llorando y se me subió la presión. Me decían que me calmara, pero no podía. Extraño mucho a mi hijo. Ese día no hice nada, nada más le bordé una servilleta con su nombre, le puse el color verde por las tortugas.

Mientras la visitante sobaba a Cristi, Mayrani bordaba la servilleta que luego su mamá vendería a la integrante de una organización. Mayrani no dejaba de bordar. Concentrada en que la puntada le saliera bien, contaba que su hermano Benja es muy entusiasta. Sentada en una de las colchonetas en el suelo recordaba cómo su hermano salía a correr con Malfoy, el perro que los ha acompañado durante ocho años, y prepararse para sus entrenamientos en la semana de prueba de la Normal de Ayotzinapa. Allí no importan las calificaciones, decía Mayrani, lo que importa es que pases la semana de prueba, la prueba física.

Era hora de la cena. Los padres y sus familiares cenaron primero. La noche de ese sábado el menú fueron tamales con atole que una organización llevó ya preparados. Esa noche ni Cristina, ni su hija se quedaron a dormir en el plantón. A la medianoche  todos los padres se fueron a dormir. Los integrantes de las organizaciones y los normalistas que se rolaron para ir al plantón hicieron guardia durante la noche.

“Seguimos avanzando en la lucha, no hemos parado”, sostuvo. “Desde que pasó hemos andado de un lado a otro buscando apoyo, buscando justicia y buscando a los muchachos con vida”.

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Las investigaciones sobre el caso continuaban, pese a que la PGR no tenía muchos avances, el 13 de abril del 2016 el gobierno anunció que dio por concluido el trabajo de GIEI, tras varios enfrentamientos sobre la veracidad de la investigación.

Para el 24 de mayo de 2016, el GIEI entregó el último informe sobre el caso Ayotzinapa y pidió cambiar la versión oficial porque “no existe certeza sobre el destino de los estudiantes. Además, dejó cuatro líneas de investigación que los padres exigen a la PGR que se tomen en cuenta: la participación del Ejército Mexicano en los hechos; la detención de los policías de Huitzulco, Guerrero que participaron en la detención; la indagatoria del trasiego de la droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión a los estudiantes y la telefonía celular de los desaparecidos.

El 17 de marzo de este año en el marco del 161 periodo ordinario de las Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano fijó su postura y expresó que la tesis más consolidada era la del basurero de Cocula, Guerrero  (la oficial).

Peritos en busca de los normalistas desaparecidos, en Cocula, Guerrero. Foto: Germán Canseco / Proceso

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Era domingo y Estanislao no fue a misa como solía hacerlo en su pueblo. Tampoco saldría a pasear con su esposa durante la tarde. Era el único día que tenía libre para convivir con su familia. Esa vez madrugó para seguir con su rol de cuidar los víveres y barrer su espacio.

Ya eran las diez de la mañana y todavía no se sabía nada del almuerzo. Nadie sabía si los papás tendrían que cocinar, o si alguna organización les llevaría algo preparado. Hilda Legideño, la encargada del comité de los padres de Ayotzinapa, fue con el padre encargado de la comida ese día. Los padres estaban molestos y ella le recordó que tener lista la comida era su obligación. Y debía avisar si habría o no almuerzo.

Inmediatamente convocaron a una reunión, solamente podían entrar los papás y el abogado. Esa mañana el almuerzo llegó hasta el mediodía: los tamales de la noche anterior, aunque ya en porciones más pequeñas.

Bernardo Campos ya no quería estar en el plantón. Decía que no tenía caso, pues a las autoridades no les afectaba en nada que los padres estuvieran bloqueando una calle.

 —Ya les dije yo que no tiene caso. Yo creo que nada más voy a estar aquí una semana y luego me voy para mi casa. Yo les dije que cerráramos la PGR, que no los dejáramos trabajar, pero no quisieron—, soltó resignado.

Ese domingo 8 de mayo ya habían cumplido 18 días de plantón y bloquearon pacíficamente las instalaciones de la Procuraduría. Esa vez Berna no se cayó de una barda mientras realizaba sus trabajos de albañilería, ni se lastimó sembrando las tierras que tiene en su pueblo, como le pasó alguna vez. Ese domingo, en el bloqueo, fue agredido y se lastimó uno de sus pies.

Aunque no planeaba quedarse mucho tiempo más en el plantón permanente, está seguro de que quiere seguir con la lucha constante para que el caso de su hijo y de los 42 normalistas más se resuelva. En ese momento quería estar en su casa, acompañado de su esposa con la que estaba por cumplir 45 años de casados y a quien la desaparición de su hijo le ha traído como consecuencia problemas de la presión. En ese momento quería estar sentado en la sala de su casa, por si su sueño se hacía realidad y su hijo llegaba, de repente, y cruzaba la puerta de su hogar.

Foto: Archivo / El Universal

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Los padres cumplieron 26 días en el plantón y el 17 de mayo de este año, la PGR decidió seguir las cuatro líneas de investigación marcadas por el GIEI.