Semarnat, Profepa, Fonatur y Gobierno de QRoo sí cometieron violaciones ambientales en Tajamar: CNDH

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este día una recomendación a las autoridades federales y al municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, debido a la remoción de un manglar para la realización del “Malecón Cancún” (Proyecto Tajamar).

En un comunicado, el organismo aseveró que el desmonte y despalme de la vegetación de humedal, sin plena observancia de la legislación ambiental, incurrió en actos y omisiones que “violentaron los derechos humanos, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad”.

La CNDH, explica el comunicado, “detectó irregularidades relacionadas con la aprobación de modificaciones y prórrogas de las autorizaciones en materias de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).”

Además, esta misma dependencia otorgó permisos de chapeo y desmonte en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La omisión de medidas eficaces para garantizar el desarrollo sostenible y la resiliencia, el combate a los efectos del cambio climático, la detención e inversión de la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica, son para la CNDH, la demostración de que existió una indebida fundamentación y motivación en las autorizaciones emitidas.

Por su parte, añadió el organismo, el municipio de Benito Juárez y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no verificaron debidamente el cumplimiento de la legislación ambiental y de las autorizaciones otorgadas.

Ante todas estas “violaciones”, la Comisión “recomienda a la Semarnat y al municipio de Benito Juárez diseñar e implementar un Programa Integral de Conservación y Restauración Ecológica, con participación de sociedad civil y al Fonatur, para suprimir las prácticas administrativas que facilitan el otorgamiento de autorizaciones de obras o actividades que afecten o dañen los manglares, y desarrollar medidas de protección a esas áreas”.

Además, la Profepa y el gobierno de Benito Juárez “tendrán que incrementar la inspección y verificación en materias de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y vida silvestre, en terrenos con vegetación de humedal, y en especial con presencia de manglares, en dicha entidad, e iniciar procedimientos para determinar la responsabilidad administrativa a que haya lugar, hacerlos del conocimiento de la autoridad competente y darles seguimiento hasta su conclusión”.

La Semarnat, añade el comunicado,  deberá rastrear e identificar resoluciones que aprueben o prorroguen autorizaciones de impacto ambiental, y de haber sido otorgadas sin acatar la normatividad vigente, deberán promover juicios de lesividad; asimismo, deberá garantizar que sus unidades administrativas soliciten opinión o dictamen técnico en materia de vida silvestre; y desarrollar criterios técnicos actualizados y estandarizados de evaluación y otorgamiento de autorizaciones.

“Todas las autoridades mencionadas deberán colaborar con la CNDH en la presentación de la queja administrativa que presente ante la instancia correspondiente por las irregularidades señaladas; incorporar copia de esta Recomendación en los expedientes de los servidores públicos involucrados y capacitar a su personal en derechos humanos y debida diligencia.”, concluyó el organismo.

El pasado 23 de junio, el Tribunal Colegiado de Circuito falló a favor de la protección y restitución del manglar en Tajamar, en Quintana Roo, ante la defensa del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo el anteproyecto Malecón Cancún.

El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se debe abstener de ejecutar la autorización de impacto ambiental otorgada al Fonatur.

Además de restaurar las zonas de mangle afectadas, la Semarnat tampoco podrá emitir una nueva autorización a Fonatur para dicho proyecto.

Organizaciones ambientalistas como Salvemos Tajamar, Grupo Ecologista del Mayab, Centro para la diversidad Biológica, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Greenpeace México celebraron la decisión, puesto que representa una conquista de la sociedad civil para la protección al derecho humano al medio ambiente sano.