Tu, yo y ¿el desierto?
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Tal como he afirmado en la publicación “gobiernos incluyentes y gobiernos excluyentes”, quisiera comenzar por destacar la importancia de integrar un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, programas de gobierno y en general en cualquier acción pública, pues constituye un lente que nos visibiliza a todos.
Lo anterior, al ser una herramienta que nos permite aspirar a una mayor inclusión y, por ende, igualdad y justicia social. Asimismo, como lo he hecho en una entrada anterior “1, 2, 3 por los derechos humanos”, deseo igualmente apuntar que para la correcta atención de las diversas problemáticas sociales debe considerarse la participación de todos, es decir, la colaboración de los sectores público, privado y social. Una vez realizado lo anterior, en esta ocasión he decidido abordar estos temas desde la perspectiva ambiental.
Tres son mis razones: la primera es que el 17 de junio se celebraba el Día Mundial de la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía.
La segunda es ofrecer un pequeño ejemplo de como el desarrollo de una perspectiva preventiva –acorde a los planteamientos sugeridos en el esquema desarrollado por el enfoque de derechos humanos–, y no necesariamente reactiva como ocurre en el común denominador de las políticas públicas, puede coadyuvar sustancialmente a la satisfacción del interés público no sólo mediante la resolución de los problemas, sino también mediante su prevención.
La tercera es poner en perspectiva la trascendencia de que la industria privada siga un enfoque tanto sustancial como formal de derechos humanos.
Ahora bien, por lo que hace al primer punto, la desertificación trata de la degradación continua de los ecosistemas de las zonas secas con motivo de la realización de diversas actividades como, la tala clandestina–que conlleva la destrucción o disminución de la cubierta vegetal que mantiene fértil el suelo–, el pastoreo –que impide la regeneración de la vegetación al tiempo en que son consumidas por el ganado–, la agricultura intensiva –que disipa los nutrientes del suelo–, entre otras.
Aun y cuando no es un tema muy bien posicionado en la opinión pública –y probablemente por ello no estamos muy enterados de ella–, no es un problema nuevo, pues su reconocimiento data desde la década de los años 60 a raíz de las hambrunas que tuvieron lugar en los países coloniales o recientemente independizados al sur del Sahara. No obstante lo anterior, fue hasta un día como hoy, pero de 1994, que se logró la firma de la Convención Contra la Desertificación (CCD).
En este sentido, y pasando al punto del enfoque preventivo que observan algunas políticas públicas ambientales, en nuestro país se desarrolla una Política Pública Nacional para la Sequía, entre cuyas líneas de acción preventivas se encuentran el monitoreo y la alerta temprana, los programas de medidas de prevención y mitigación de la sequía, el fortalecimiento del marco legal y coordinación institucional, la capacitación, la difusión e investigación.
Las medidas anteriormente citadas son sin duda buenas, sin embargo, lo cierto es que podría hacerse aún más, y es aquí donde tomo el tercer punto, la participación de todos en las políticas públicas, en este caso en la lucha contra la desertificación.
Y es que para lograr una meta como la propuesta podrían realizarse diversas acciones dentro de la esfera pública, pero con incidencia en la actuación de la industria privada que aumentarían exponencialmente el efecto de una política de esta naturaleza.
Por poner un ejemplo se podría auspiciar el desarrollo de empresas que realicen actividades sustanciales relacionadas con un derecho especifico, como es el caso del derecho a un medio ambiente sano, tales como negocios que comercien productos orgánicos, purificadoras de aguas, y la ganadería y agricultura sustentable, y que además desde la parte formal y de manera general observen los principios de derechos humanos al implantar diversas políticas como, por ejemplo, de transparencia y rendición de cuentas a sus consumidores.
Proteger y garantizar los derechos humanos es cuestión de poner a manos la obra la creatividad y actuar en conjunto.
Al final todos somos uno con los demás.
La autora es investigadora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia IDH.