Ya no se envía dinero a estados, sino los insumos básicos: SSA

La detección y control de diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como la prevención del embarazo adolescente son estrategias prioritarias en salud, pero enfrentan dificultades; entre otras, que los servicios de los estados carecen de insumos estratégicos básicos, como equipos para la medición de glucosa en sangre.

Así, sólo a 15 por ciento de pacientes con diabetes se les realiza el examen que indica si están bajo control, aunque sólo una vez al año, a pesar de que ello está cubierto por el Seguro Popular.

En anticonceptivos, en 2012 la Secretaría de Salud (Ssa) detectó que únicamente un tercio de los estados tenía abasto adecuado de los cinco métodos que estaban obligados a ofrecer en las unidades médicas.

Estas son dos de las 35 estrategias que están a cargo de Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien advirtió que empezar a resolver los retos que representan las enfermedades no transmisibles –principalmente sobrepeso, obesidad, diabetes, afecciones cardiovasculares y sus complicaciones– pasa por garantizar que en las clínicas y hospitales existan los insumos necesarios.

Embarazo adolescente

Además, en relación con el embarazo adolescente –20 por ciento de los alumbramientos son de madres menores de 19 años– resulta inaceptable el desabasto de anticonceptivos.

Como Estado tenemos la obligación de dar a mujeres y hombres la oportunidad de una sexualidad responsable. Para ello se les tiene que dar información, y si deciden cuidarse y postergar embarazos, que tengan acceso a los métodos, y lo mismo pasa con lo demás. Si tenemos el financiamiento garantizado, se tiene que realizar la prueba de hemoglobina glucosilada a un paciente con diabetes, así como la de glucosa capilar para detectar este padecimiento, señaló el funcionario.

En entrevista, Kuri Morales explicó que con la finalidad de corregir deficiencias y atender peticiones de apoyo de los responsables de programas en las entidades federativas, la dependencia decidió hacer ajustes, así como dejar de enviar a los estados el dinero destinado a la compra de insumos de estos programas.

Algo similar se hizo desde el principio con los antirretrovirales para el control del VIH/sida y la mayoría de las vacunas que también se compran a escala federal.

Los recursos del Seguro Popular que pertenecen a los estados, con su consentimiento se retienen, y desde 2014 aquí se organizan y realizan las adquisiciones de 14 métodos anticonceptivos. A partir de este año se hará lo mismo con equipos y materiales para las pruebas clínicas de glucosa capilar, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos (grasas) y microalbuminuria (reporte sobre el funcionamiento renal).

La responsabilidad de estas adquisiciones y, en general, de que los programas de salud se realicen es de las entidades federativas, con base en la descentralización de los servicios, vigente desde 1997. A partir de la entrada en operación del Seguro Popular, en 2004, los recursos económicos aumentaron en forma sustancial, pero no se han tenido los resultados esperados.

El funcionario afirmó que en 2012 se percató de que 14 entidades carecían de reportes sobre el abasto de anticonceptivos y en siete había carencia de uno a cinco métodos. En 2014 se hizo la primera compra centralizada de 10 tipos de anticonceptivos –de un total de 13 autorizados–, con una inversión de 912.9 millones de pesos. Al año siguiente se adquirieron 12 métodos y en 2016 están previstos 14.

Indicó que en los primeros dos años de este ejercicio se ahorraron 61 y 48 millones de pesos, respectivamente, por adquisiciones de gran volumen, en las que es posible obtener menores precios de fabricantes y distribuidores. Lo más importante, dijo, es que los productos se pueden ofrecer a los usuarios de servicios de salud sexual y reproductiva.

En cuanto al control de la diabetes, lípidos y la medición de microalbuminuria, detalló que este año, por primera vez, se comprarán los equipos y tiras reactivas para hacer estas pruebas a un millón de pacientes registrados por los servicios estatales de salud. Están disponibles 850 millones de pesos, y el objetivo es cumplir con las metas de la Estrategia contra sobrepeso, obesidad y diabetes.