- 24 octubre 2022
El comisariado ejidal de Congregación Hidalgo, municipio de Matamoros, Coahuila, José Hernández, saca de su cartera un pedazo de papel donde escribió el nombre de un agroindustrial interesado en comprar las tierras de unos compañeros: “Eduardo Antonio Tricio Sierra”, lee el comisariado.
Hace unas semanas, trabajadores de Tricio Sierra se acercaron con José Hernández como máxima autoridad del ejido para informarle que ya habían platicado con un grupo de ejidatarios que estaban de acuerdo en vender sus parcelas.
“Cada quien es libre de hacer con sus propiedades lo que quiera”, les dijo resignado el comisariado a los hombres que se presentaron.
La respuesta del comisariado es común en los más de 700 ejidos de la región Laguna de Coahuila y Durango, donde la pobreza, las enfermedades, la falta de agua y la imposibilidad para seguir trabajando las tierras, ha orillado a cientos de ejidatarios a vender sus derechos agrarios y derechos de agua: más de 480 mil hectáreas de La Laguna de Coahuila, por ejemplo, han adoptado el dominio pleno, la figura con la que las tierras se pueden inscribir en el Registro Público de la Propiedad para venderse. Además, especialistas estiman que el 80 por ciento de los derechos de agua de noria de la Comarca ya pasaron a manos de empresarios.
El mismo comisariado José Hernández ha sido víctima de la necesidad de vender una parte de sus tierras. Fue hace más de 10 años cuando su esposa enfermó de cáncer y tuvo que vender para costear los gastos.
“Fue consumiendo y consumiendo. Nomás me quedé con una parte de las tierras, vendí todo. Solo el pedazo donde vivo. Había algo de bienes para remediar los males”, comenta José Hernández y parece una frase de resignación entre los campesinos que han vendido: los bienes son para remediar los males.
Historias como la del comisariado son frecuentes en estas tierras donde sembrar una o dos hectáreas dejó de ser negocio.
Congregación Hidalgo es un ejido a las afueras de Matamoros. Para llegar allí se conduce por la carretera que lleva al municipio de Viesca, el más pobre de Coahuila. A los costados de la carretera se miran establos lecheros y cultivos de alfalfa, apenas unas piezas de un rompecabezas que forma la cuenca lechera más importante del país.
Pero lo verde de los cultivos se pierde cuando se llega al ejido con calles de tierra y viviendas descarapeladas. Aquí en Congregación Hidalgo el índice de rezago social es “alto” según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Un rezago social que golpea casi por igual a los ejidos de la región: comunidades sin agua, sin acceso a la salud, sin seguridad social y pobladores convertidos en jornaleros o trabajadores de maquilas después de haber sido dueños del campo.
En Congregación Hidalgo, por ejemplo, más de dos mil hectáreas del ejido ya pasaron a manos de pequeños propietarios, como llaman en los ranchos a los empresarios agropecuarios. También se refieren a ellos como estableros, acaparadores, caciques o latifundistas.
Esto se traduce -dice el comisariado José Hernández- que de 124 ejidatarios originales únicamente 13 compañeros siguen con una parte de sus tierras.
Lo que sucede en Congregación Hidalgo se repite como calca en el resto de los poblados. En el ejido Hidalgo de Francisco I. Madero solo 30 de 175 ejidatarios conservan su tierra y derecho de agua y 13 más que únicamente mantienen su derecho de agua, refiere el comisariado Martín Torres. En La Partida, de Torreón, de 182 ejidatarios quedan 40 con tierras, pero de esos únicamente la trabajan cinco ejidatarios; el resto la renta, dice Cruz Rodríguez, excomisariado ejidal. En el ejido Primero de Mayo del municipio de San Pedro, únicamente la mitad de 172 ejidatarios conservan su patrimonio, asegura el ejidatario José Luis Casas. En Lequeitio de Francisco I. Madero apenas 25 de 286 ejidatarios siguen produciendo, asegura el comisariado Félix Ramírez.
Y nombres como Eduardo Antonio Tricio Sierra, quien busca comprar las parcelas de los compañeros de José Hernández en Congregación Hidalgo, son comunes entre las personas que han adquirido las tierras y derechos de agua de los campesinos en los últimos años.
El apellido Tricio en la región Laguna está asociado a la cuenca lechera y a la empresa de lácteos más importante del país: LALA. Pero también al acaparamiento de tierras y derechos de agua para el riego de cultivos.
Según datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), personas que comparten el apellido Tricio y empresas de ellos como Fresnedo S.P.R. de R.L. de C.V., Puerto Chico S.A. de C.V. o Ganadera Solórzano, tienen 157 concesiones para la extracción de 47 millones 883 mil metros cúbicos de agua subterránea, lo que equivale a sembrar y controlar entre 2 mil y 3 mil hectáreas de tierra.
Las cifras del REPDA asoman a un fenómeno de acaparamiento y control del campo en La Laguna con nombre y apellido.
Una cuarta parte del volumen de agua concesionado del subsuelo para uso agrícola, pecuario o diferentes usos -169,234,105 metros cúbicos- pertenece a 20 familias de la región Laguna como los Tricio, López Negrete, Galindo, Gilio o Herrera, lo que representa regar entre 8 mil 800 y 11 mil hectáreas de cultivo de forrajes, principalmente.
Las 20 familias tienen más volumen de agua concesionado que los campesinos de 285 ejidos (536 concesiones) de La Laguna.
A ese volumen hay que sumarle los derechos de agua superficial (agua rodada proveniente de la presa). De hecho, según José Luis Nava Rodríguez, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en La Laguna, 60 mil hectáreas al año son regadas por los aprovechamientos del agua de las presas. El resto, cerca de 90 mil hectáreas, se riegan con el agua de los pozos concesionados.
A través de la solicitud de información 330009422002120, Vanguardia obtuvo el padrón de más de 30 mil usuarios del distrito de riego, el cual también refleja cómo las mismas familias que han concentrado las concesiones de agua de pozo, concentran también los aprovechamientos del agua superficial.
José Ignacio Martínez Tricio, Gregorio Tricio Sierra, María Isolina Tricio Cerro, José Manuel Tricio Cerro, Myriam Tricio Cerro, Norberto Galindo Carrillo, Pablo Larrinaga Sosa, Ana María Soberón Salgueiro, son los nombres que aparecen hasta arriba en la lista.
Por ejemplo, personas con el apellido Tricio concentran más de mil 200 derechos que equivalen a más de 3 mil hectáreas de riego. El empresario Norberto Galindo tiene más de 150 derechos que equivalen a regar más de 400 hectáreas y familias como la López Negrete tienen derechos para regar más de 800 hectáreas.
Gerardo Jiménez, maestro en Desarrollo Rural y activista miembro de Encuentro Ciudadano Lagunero, estima que, de los más de 2 mil 400 pozos para extraer agua del subsuelo (de uso agrícola), a lo mucho un 20 por ciento de ellos son explotados por ejidatarios, el resto por empresarios agropecuarios. Estima también que más del 50 por ciento de ejidatarios ya no tienen derechos del agua rodada.
Así, sin tierra y sin agua, los ejidatarios se ven obligados a regresar como jornaleros a los campos que alguna vez fueron de ellos; trabajar en maquilas, trabajar en la construcción, migrar a otra ciudad, o como el comisariado José Hernández, que se dedica a la reparación de piezas de cerámica.
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El mercado de tierra y agua
El comisariado José Hernández dice que los compañeros que van a vender la tierra lo harán porque ya no les llega agua. Son tierras que no cuentan con norias y el distrito de riego no tiene la infraestructura para hacerles llegar su dotación de agua.
Y como la agricultura que vale es la que tiene agua, no les queda de otra que deshacerse de sus tierras.
Más de 200 ejidos de La Laguna ya no tienen ninguna concesión de agua subterránea. Y muchos que tienen derecho de agua de la presa prefieren rentar sus derechos porque no les llega a sus parcelas o porque solo les dan para regar 1.5 hectáreas, lo que no es rentable para un agricultor. “Mejor la rento, sin preocupación”, dice un ejidatario de Lequeitio.
Según el padrón de usuarios del distrito de riego entregado por la Conagua, más de 7 mil usuarios de la región Laguna tienen derechos equivalentes al riego de apenas 2 o menos hectáreas; más de 21 mil tienen para el riego de 2 a 29 hectáreas. En contraparte, menos de 300 usuarios tienen derechos para el riego de 30 o más hectáreas.
El comisariado José Hernández explica que los agroindustriales tienen la manera de que el agua llegue a donde están sus establos. “Brincan el agua con rebombeo”, explica.
Esa capacidad de recursos la han aprovechado para comprar tierras y derechos de agua.
La hectárea de tierra se puede vender actualmente entre 50 mil y 200 mil pesos, y un derecho de agua para extraer 250 mil metros cúbicos del acuífero puede llegar hasta los 3 millones de pesos.
Pero hubo otro tiempo en que los ejidatarios vendieron las tierras hasta en 5 mil pesos la hectárea y el derecho de agua en 10 mil pesos.
“Fue un robo. La regalaron. La gente estaba presionada”, recuerda Martín Torres, el comisariado del ejido Hidalgo de Francisco I. Madero.
Esos tiempos ocurrieron a partir de la reforma al artículo 27 Constitucional y la Ley de Aguas Nacionales de 1992 que permitieron en la práctica la venta de tierras y de derechos de agua.
Las reformas estuvieron acompañadas de una política agraria neoliberal en la que el gobierno desapareció el Banrural, el viejo sistema mexicano que apoyaba a los trabajadores rurales, y creó la Financiera Rural, la cual opera similar a una banca comercial: sin garantía no hay préstamo.
Esa desprotección de los pequeños productores al no tener acceso a fuentes de financiamiento accesibles los condujo a que ya no pudieran continuar produciendo sus predios. Los campesinos comenzaron a enajenar sus bienes y a vender maquinaria, recuerda el especialista Gerardo Jiménez.
Otros más dejaban en garantía el certificado parcelario, la factura de la camioneta o de la casa para poder sembrar, recuerda Cruz Rodríguez ejidatario de La Partida.
Sin acceso a financiamiento, con pérdidas y sin garantía, los ejidatarios abandonaron el campo. “No sembramos y ya podemos vender. Y empezó el desorden. No a vender, ¡a regalar! Se desgranó la mazorca”, relata Cruz Rodríguez.
Gerardo Jiménez, especializado en sociología rural y ambiental, y catedrático en el posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo, lo explica simple: desde que conviertes el agua o la tierra en una mercancía, quien va a comprar será quien tenga más capacidad económica.
“Se favoreció la concentración de la propiedad de la tierra y agua en manos privadas, conformación de monopolios, y el desplazamiento de pequeños productores que se convirtieron en jornaleros”, explica Jiménez.
Los datos agrarios públicos, a diferencia de los datos del REPDA, no detallan con nombre y apellido quién ha comprado o quién trabaja la tierra. “Los Tricio, los Berlanga, Soberón, López Negrete”, son algunos de los apellidos que sueltan los ejidatarios cada que se les pregunta quiénes son los que han adquirido los derechos agrarios.
El Censo Ejidal 2007 del INEGI, hace 15 años, asomaba ya el fenómeno: los principales compradores de tierras ejidales en los municipios laguneros habían sido personas “ajenas al ejido”, avecindados o posesionarios.
Jesús Espinoza Arellano, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), experto en economía agropecuaria, reconoce que muchos de los ejidos ya han sido comprados por ganaderos para sembrar forrajes. “Hay casi puros establos”, dice. Y agrega que el crecimiento de la cuenca lechera, que pasó oficialmente de una producción diaria de leche de 2 millones a más de 7.5 millones de litros en 30 años, ha provocado el acaparamiento de tierras para la siembra de forrajes.
Con base al volumen concesionado de agua de pozos y agua del distrito de riego, familias como los Tricio controlan entre las 5 mil y 6 mil hectáreas. La familia Galindo y su empresa El Edén, más de mil 300 hectáreas, igual que la familia López Negrete y su empresa Rancho Lucero, o la empresa Lácteos El Fénix de la familia Soberón.
Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida como FAO), el Banco Mundial y OXFAM, un movimiento internacional para combatir la pobreza y la desigualdad, consideran que 1,000 hectáreas son el punto de referencia para definir adquisiciones de tierras a gran escala (acaparamiento), mientras que el indicador utilizado por Land Matrix, una iniciativa global independiente de monitoreo de tierras que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en las decisiones sobre adquisiciones de tierras a gran escala, es de 200 hectáreas o más.
Sin embargo, los agrolecheros niegan acaparar derechos y aseguran que están en regla.
José Luis Meza Villarreal, presidente del Consejo Agropecuario de la Comarca Lagunera, dice desconocer los datos de derechos y títulos de agua como para hablar de acaparamientos.
Justifica que la Ley de Aguas Nacionales permite la transmisión de agua y asegura que confía que las mismas se hayan hecho de manera correcta, de manera legal, en tiempo y forma. Tan solo él tiene concesionados 942 mil metros cúbicos de agua subterránea en la región, el triple que el ejido Primero de Mayo de San Pedro, por ejemplo.
Mario Valdés Quintanilla, expresidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón argumenta que las leyes en México son “claras” y todos se sujetan a las mismas.
Valdés Quintanilla es además presidente del módulo de riego 13 y en los últimos meses se enfrascó en acusaciones con productores sociales por el tema del control de la administración del módulo.
El empresario, quien posee seis concesiones de agua subterránea para extraer 728 mil 480 metros cúbicos de agua, más otro porcentaje de agua del distrito de riego, reconoce que hay quienes tienen uno, dos o 10 derechos, pero “un acaparamiento por parte de alguien, no lo veo. Al menos no en la asociación”, comenta.
Sin embargo, familia con el apellido Valdés Quintanilla tienen derecho para el riego de más de 200 hectáreas con agua de la presa y 16 concesiones de agua subterránea equivalente a 4.7 millones de metros cúbicos, sin contar a Mario Valdés Berlanga, papá de Valdés Quintanilla que tiene concesionados 2 millones 145 mil metros cúbicos.
Tampoco lo ve como acaparamiento el representante de la SADER en La Laguna, José Luis Nava. Para él, es un asunto de producción.
“Aquí todos producen bien. No sé cuál tierra es rentada, comprada o prestada, lo que me importa es la producción que están sacando”, argumenta. Y por eso mejor se presume que de esta zona del país salen dos de cada 10 litros de leche que se consumen en el país.
En México están prohibidos los latifundios según la Ley Agraria y considera tales como las superficies de tierras que excedan los límites de la “pequeña propiedad”. La pequeña propiedad a su vez tiene las características de no exceder ciertos límites dependiendo del cultivo: desde 100 a 300 hectáreas para el caso de plátano, café, palma, agave, entre otros.
Para el caso del forraje, se tomaría como referencia las 100 hectáreas de acuerdo con la Ley Agraria.
Pero los agroindustriales han encontrado la forma de burlar la ley.
Legislaciones frágiles
Los ejidatarios José Hernández, Martín Torres, Cruz Rodríguez y Félix Ramírez, explican que la forma más común como los empresarios agropecuarios se hacen de tierras es mediante la figura del avecindado.
Para convertirse en avecindado es necesario tener la aprobación de la asamblea ejidal, asambleas que -aseguran comisariados y especialistas- muchas de las veces son irregulares.
El mismo comisariado José Hernández admite que tendrá que hacer avecindados a las personas que se acercaron con él para avisarle que comprarían las tierras de los compañeros.
La Ley Agraria dice que los avecindados son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de derechos como hacerse de derechos agrarios o convertirse posteriormente en ejidatarios.
Martín Torres comisariado del ejido Hidalgo dice que los grandes empresarios no deben hacerse avecindados porque simplemente no viven en el ejido.
Cruz Rodríguez explica que ha habido muchas simulaciones y convocatorias de asambleas ficticias para poner en paquetes de hasta 15 nombres a nuevos avecindados.
“Tengo un acta y hay hasta extranjeros. Y nadie los conoce. Tienen abandonada una finca. Ya con los documentos llevan los cambios al Registro Agrario”, describe.
Para el abogado agrario, Luis Alfonso Mejía, una de las simulaciones más grandes que han derivado en muchos reclamos y procesos de nulidad de cesiones o ventas agrarias, es que llegaban personas que no eran ejidatarios, se hacían avecindados y adquirían una parcela.
“Tú avecindado oportunista, no trabajas la tierra, vives en Las Villas, en El Campestre (colonias de clase alta en Torreón), no vives en el ejido Ana. Ahora no solo compraban la calidad de avecindado y la tierra, sino también la calidad de ejidatario. Muchos se hicieron ejidatarios y se hicieron grandes acumuladores de tierra”, explica.
Datos del Registro Agrario Nacional (RAN) indican que en todo Coahuila hay 45 mil 846 ejidatarios o ejidatarias y 4 mil 622 avecindados. Según el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) dependiente del RAN, en el ejido Congregación Hidalgo hay 171 avecindados, en Hidalgo 187 y en La Partida 202, por citar tres ejemplos.
Entre los empresarios agropecuarios que aparecen como avecindados se halla Juan Carlos Larrinaga Sosa, quien según el sistema de consultas público del RAN aparece como avecindado en el ejido El Refugio de Gómez Palacio, Durango. Larrinaga Sosa es un alto directivo y miembro del Consejo de Administración de LALA, dueño de ocho concesiones de agua subterránea que suman 2 millones 780 mil metros cúbicos.
Está también Gregorio Tricio Sierra, dueño de nueve concesiones de agua que representan un volumen de 2 millones 647 mil 437 metros cúbicos y de más de 200 derechos de agua de la presa que equivalen al riego de más de 400 hectáreas. Es accionista de las empresas Agropecuaria Casa Grande S.A de C.V y Fontibre S.A de C.V, dedicadas a la explotación de ganado lechero.
En actas del Registro Público de Comercio refiere un domicilio en Torreón o en Matamoros, Coahuila, distintos al ejido El Esfuerzo, municipio de Tlahualilo, Durango, donde aparece como avecindado.
En el mismo ejido El Esfuerzo aparece como avecindado José Miguel Campillo Carrete, exalcalde del municipio de Gómez Palacio y empresario agropecuario, a pesar de que en actas del Registro Público del Comercio como el acta constitutiva de Agropecuaria Campillo S.A. de C.V., refiere un domicilio en la colonia Las Rosas de Gómez Palacio.
Otro caso es el de Ricardo López Negrete Murra, accionista de la Sociedad de Producción Rural Rancho Lucero e integrante de una de las familias que más concesiones y volumen de agua concentran en la región. Él aparece como avecindado en el ejido Hidalgo de Francisco I. Madero, pero en el acta de la empresa refiere su domicilio en una colonia de Torreón.
Por eso el abogado Mejía califica de “heroicos” los intentos de tratar de detener estas prácticas en las que se da una privatización de la tierra.
El abogado agrarista explica que el latifundio es tan amplio como hablar de economía, de la concentración de tierra en pocas manos. Asegura que no puedes tener más de 5% de tierras de un ejido, y en caso de que eso suceda, el RAN debe avisar y notificar para que se venda. Si no lo haces te lo quitan y le dan un destino legal.
Añade que es cuestión de interpretación de la ley. Hay juicios en donde por tecnicismos se han llegado a adjudicar tierras, comenta.
Otra forma de hacerse de tierras es a través del dominio pleno, que es cuando se da de baja la parcela ejidal para pasar al derecho común e inscribir las tierras en el Registro Público de la Propiedad. Una vez se parcelan las tierras, cada ejidatario puede adoptar el dominio pleno y entonces expedir un título de propiedad.
“Yo hice más de 100 trámites de títulos de propiedad cuando fui comisariado”, recuerda Cruz Rodríguez de La Partida.
Aunque la regla, explica el abogado agrarista, es que solo el ejidatario puede obtener el dominio pleno. “Los que ya lo obtuvieron ahí deben soportar su riesgo”, asegura.
Mejía afirma que hay muchos casos de engaños a los ejidatarios para que la asamblea otorgue el dominio pleno de las tierras y asegura que, en algún momento, la Procuraduría Agraria y sus residentes se convirtieron en el principal corredor de bienes raíces rurales.
El comisariado Martín Torres relata que los empresarios agropecuarios los han hostigado para que firmen el dominio pleno, pero asevera que en su ejido ninguno lo ha aprobado. “Mientras que yo esté no habrá ninguna autorización. Todo es vía avecindados”, dice tajante.
Sin embargo, cuenta que hay casos de acaparadores que aparecen en el padrón de ejidatarios. “No entiendo cómo”, reclama y considera que debe haber omisiones y responsabilidades del Registro Agrario.
Vanguardia solicitó repetidamente entrevistas con los encargados de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional en Coahuila, pero no hubo respuesta.
Ser ejidatario se hereda por sucesión de derechos sobre la parcela o que la asamblea ejidal autorice la incorporación de un avecindado. En los últimos tres años se trasladaron más de 4 mil 700 certificados agrarios en Coahuila, según datos del Registro Agrario Nacional.
La Ley Agraria dice también que la calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; con el certificado parcelario o de derechos comunes; o con la sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario.
El artículo 80 de la Ley Agraria establece que los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Y solo se requiere la manifestación por escrito y ante notario público, notificar al cónyuge o concubina o concubino así como los hijos del enajenante y dar aviso al comisariado ejidal.
Desde 2018, se han enajenado o cedido derechos de más de 397 mil hectáreas en Coahuila, la mayor cantidad en todo el país, de acuerdo con datos del RAN. Durango ocupa el onceavo lugar a nivel nacional.
El artículo 45 también refiere que las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, aunque prorrogables.
El investigador especializado en administración agropecuaria, Alfredo Aguilar, dice que los acaparamientos y monopolios son fenómenos que ocurren en todo el mundo y en todas las actividades, por lo que autoridades y mismos empresarios deberían poner límites.
Considera que, desde el punto de vista socioeconómico, el término más correcto es el de acaparamiento de tierra y agua. “Nadie lo niega. Tengo una sociedad de producción rural, somos 20 socios, pues pueden tener hasta 2 mil hectáreas de riego”, comenta.
Para evitar ser llamados latifundistas, los grandes acaparadores burlan el concepto mediante la creación de sociedades. La Ley Agraria permite figuras jurídicas como sociedades mercantiles o sociedades de producción rural, una forma de justificar los neolatifundios.
“Son salidas para tener grandes extensiones de terreno”, explica el abogado Mejía. “Eso facilitó la concentración. Puedes poner los predios o concesiones a nombre de toda tu familia”, añade Gerardo Jiménez.
En otros casos, los agroindustriales simplemente rentan las tierras. Se estima que de los ejidatarios que no han vendido sus tierras, el 30 por ciento las renta, afirma Natividad Navarro, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Por ello, el Programa de Justicia Agraria del Transnational Institute (TNI) considera que más que acaparamiento es mejor denominarlo como un “control de tierras” y examinar quién se beneficia.
También acaparan el agua
Lo mismo sucede con el agua. La Ley de Aguas Nacionales no limita la concentración de algún número de concesiones y permite transmitir los derechos de un volumen concesionado, total o parcialmente.
En la práctica es un asunto de compraventa de agua: desde 2004, la Conagua tiene registro de 2 mil 487 solicitudes de transmisión de derechos en la región Laguna, según respuesta a una solicitud de información. Hay una cifra negra de 12 años que no entregó la Conagua, al argumentar que en ese periodo “no se contaba con archivos electrónicos y solo llevaba el registro físicamente y ya no se cuenta con esos archivos”.
Eduardo Fuentes, director del Organismo Cuencas Centrales del Norte de la Conagua del que depende la zona de La Laguna, dice que cuando hay una transmisión provisional de los derechos son los módulos de riego quienes llevan los registros y que solo cuando hay una transmisión definitiva, es decir, la venta a otra persona, se hace una solicitud por el módulo de riego y se modifica en el padrón de usuarios.
Esos vacíos fomentan que quien compra un derecho de agua, nunca cambie el propietario para que no aparezca el nombre del ‘aguateniente’, expone Francisco Valdés Perezgasga, investigador y ambientalista.
“Es muy común. Se firma un contrato privado con notario y demás, pero Conagua nunca se entera. En las estadísticas aparece todavía que el dueño es fulano de tal o el ejido fulano de tal, cuando en realidad es de quien acapara los derechos aquí en La Laguna”, comenta.
Si se inscribieran esos contratos de arrendamiento o transmisión de derechos, saldría el monopolio, asegura Gerardo Jiménez.
Valdés Perezgasga refiere que la transmisión de derechos debe legalizarse y hacerse bajo tutela de la Conagua.
El director de la Conagua en La Laguna, Eduardo Fuentes, asegura que no se han entregado nuevas concesiones, sino que los títulos de concesión se han incrementado por la autorización de nuevas obras derivado de las solicitudes de transmisiones de derechos vigentes, relocalización parcial de volúmenes o inclusive el cumplimiento de ordenamientos judiciales.
Pero en la práctica lo que ocurre es una privatización del agua, un bien que está en manos de un sector reducido de empresarios, dice el académico y ambientalista Gerardo Jiménez.
“En promedio la concesión te permite extraer 300 mil metros cúbicos, pero no te limita que obtengan 5, 20, 100 concesiones”, añade.
La única parte donde la Ley de Aguas Nacionales menciona la palabra “acaparamiento” es en el artículo 29 BIS 5 referente a negar la concesión o asignación de los derechos de agua. La fracción V dice que ocurrirá “la negativa de transmisión de derechos cuando se cuente con elementos suficientes para determinar que existe un acaparamiento o concentración del recurso agua tendiente a prácticas monopólicas contrarias al interés social”.
A pesar de lo que dice la Ley, no ha habido ninguna negativa de la Conagua para concesión o asignación de derechos de agua por temas de acaparamiento, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información.
Lo confirma el mismo director del Organismo Cuencas Centrales del Norte de la Conagua.
Además, no hay en toda la Ley una definición de acaparamiento o una medición de lo que significa “concentración” del recurso agua. Sin definiciones ni limitantes, los grandes empresarios siguen acumulando derechos de agua.
La ley permite comprar o vender derechos de agua y el acaparamiento se permite con la venta de derechos, dice Ignacio Sánchez Cohen, investigador del Centro Nacional de Investigaciones en Agua Suelo Planta del INIFAP.
Situaciones como los contratos de derechos de agua y derechos agrarios, así como los casos de presuntas asambleas ilegales o despojos, han derivado en decenas de demandas en tribunales.
Según datos de la Procuraduría Agraria entregados vía transparencia (folio 330024122000050), hay un registro de 106 personas (ejidatarios, ejidos o comisariados ejidales) que han acudido a la dependencia a solicitar una restitución de tierras ejidales en los municipios de La Laguna de Coahuila. Los datos varían con la estadística del Tribunal Superior Agrario, que tiene un histórico de casos promovidos desde el año 2000 de apenas 55 casos. Aunque ninguna instancia detalla la resolución.
“La gente se quiso levantar para recuperar los derechos de agua. No había contratos, pero les hicieron contratos falsos. Van al Tribunal Agrario y ni caso les hacen”, cuenta el comisariado Martín Torres.
Cruz Rodríguez de La Partida comenta también que hay gente que ha intentado agruparse para recuperar tierras o norias.
“Hay un grupo de 42 gentes que pelean sus norias, tienen 10 años, y no han podido. Son promesas que no empobrecen. Luego los pocos que han ganado tienen que regresar lo que les dieron. De dónde”, dice.
Luis Alfonso Mejía considera que la Ley Agraria tiene un sistema de interpretación favorable a la clase que está protegiendo, es decir, la desventaja del campesino, del ambiente, de la producción, de la colectividad.
Y así, mientras los empresarios lecheros se hacen de tierras y disponen de millones de metros cúbicos de agua al año, en Coahuila, según datos del INEGI, casi dos de cada 10 personas no reciben agua diaria y el 26% de las familias viven en casas rentadas o prestadas.
