- 13 septiembre 2021
El 10 de junio, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, acusó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su director Manuel Bartlett, de “responsabilidad moral” por la muerte de los siete mineros de Rancherías al argumentar que con los ajustes y reducciones en los precios de compra de carbón, los productores destinaron menos recurso a temas de seguridad.
Los productores creen que no solo es el bajo precio, sino también, el diseño de contrato.
Eduardo Aguirre Jiménez presidente de la Unión de Auténticos Mineros en Sabinas refiere que anteriormente se pagaba en mil 300 pesos como precio base la tonelada de carbón. Ahora la CFE compra en mil 50 pesos la tonelada. A esa cantidad hay que restarle costos como los impuestos y flete.
Dice que antes quedaba utilidad y se le invertía en temas como seguridad, pero ya no es posible por el margen que queda.
Un productor minero de la Carbonífera que pidió el anonimato, cuenta que la prevención va desde la supervisión, la capacitación, preparación de áreas en las minas con equipo de tecnología. Temas que asegura se hacían, había un centro de capacitación y rescate minero, un programa también de seguridad dentro de las organizaciones, pero que desde la disminución en los precios todo se fue acabando.
“Si no hay precio, no hay para hacer prevención. No hay para invertir en equipos, tecnologías, detectores de gas metano, infraestructura de prevención, los monitores permanentes de gas los tienes que estar calibrando. La CFE está pagando lo mismo de hace 10 años, en 2012 estaba en 900 pesos, con todo y la inflación, sigue igual”, se queja.
Sin embargo, diversos productores entrevistados aseguran que el problema no se queda solo en lo expuesto por el gobernador, sino que se agudiza por el diseño del contrato.
César Luis Ceniceros Marín, presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, señala que la CFE está pidiendo especificaciones técnicas de un carbón que no existe en la región.
Explica que el carbón en la región es metalúrgico, con alto poder calorífico y baja ceniza. Pero ahora demandan un carbón de diseño.
El carbón tiene cuatro parámetros: porcentaje de ceniza, de humedad, de azufre y kilocalorías. La capacidad del carbón de generar energía se mide en kilocalorías; entre más kilocalorías tenga, el carbón genera más calor.
El promedio del carbón de la región es de 5 mil 500 kilocalorías, insuficiente para los requeribientos de la CFE. Sin embargo, los productores cuestionan que ahora pese a la poca paga piden mayor calidad como con el F.S.I (Índice de hinchamiento) y la temperatura de deformación de la ceniza.
“Nunca habían pedido ni el FSI ni el índice. El problema es el FSI. Antes pedían 5 mil 500 kilo calorías, 5 mil 200 ahora. Tengo que ensuciar el carbón. Una buena kilocaloría trae FSI alto. Tengo que buscar un carbón sucio para bajarlo. Hay veces que no da. No te da el FSI, y si te quedas en 6, es decir, se te fueron la kilocalorías, entonces te penalizan”, comenta otro productor.
Los carbones de la región tienen un FSI en promedio de 6%, algunos hasta 8% y otros con 4%. En el nuevo contrato de CFE, platica un productor, se establece un FSI máximo de 4.5%, lo que afecta a productores y el carbón está siendo rechazado.
César Luis Ceniceros dice que tienen que buscar cómo ensuciar el carbón, ver cómo mezclarle para bajar el valor calorífico. Acomodar una variable nueva. Ahonda que el carbón metalúrgico tiene un FSI alto por naturaleza, se hincha más a la hora que se quema. Recalca que el carbón que busca la CFE no existe y por eso realizan una serie de mezcla para tratar de lograr un parecido a lo que ellos buscan.
Ceniceros Marín cuestiona que la CFE se aferró en comprar este tipo de carbón en un momento en que los productores tenían dos años sin vender. “Con dos años de hambre, te la juegas”, dice.
Diego Martínez Carrillo, maestro y doctor en ingeniería metalúrgica, explica que la calidad del carbón es difícil de modificar porque ya se tiene un tipo que es casi imposible de transformarlo.
Para quitarle la ceniza, entra en un proceso de lavado que tiene un costo extra. Allí se le quita ceniza y con eso se incrementa el poder calorífico. “No solo es extraer, también lo tengo que lavar y es un costo extra, el margen de utilidad baja”, comenta el ingeniero.
Ese diseño ha provocado incumplimientos y por consecuencia penalizaciones. “Te penalizan al 100%. Ya lo entregaste y no lo regresan, ya lo quemé, entonces sí les sirve. Y no lo quieren pagar”, señala un productor.
Vanguardia solicitó vía transparencia la copia del contrato vigente entre los productores de la Carbonífera y CFE. Pero dado el “amplio volumen de la información”, la paraestatal pidió pagar por el envío de dos discos compactos aclarando que testaría cuestiones como el volumen y precio por considerarlo confidencial. Pero hasta antes de la publicación de este trabajo, el contrato no había llegado.
El precio va de la mano a un diseño correcto, agrega un empresario entrevistado. “De qué sirve un buen precio si mi carbón no va a entrar. Es un diseño correcto con un precio justo y no uno que esté perjudicando el patrimonio de los trabajadores”, recalca.
El presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, César Luis Ceniceros Marín, afirma que hay entre 20 y 30 % de los agremiados tronados debido a estas condiciones. Resalta que ninguno de los productores puede mandar el producto de su operación minera tal cual, sino que tienen que mezclarlo para dar especificaciones “complejas”.
Así mismo, un productor que no quiso dar su nombre, cuenta que él tiene laboratorio y asegura que mientras para sus clientes su carbón da una calidad, para la CFE hay diferencias.
Penalizaciones
Los productores de la región Carbonífera refieren que un problema al que se enfrentan son las penalizaciones por parte de CFE que se detallan en el contrato. Aseguran que hay productores que han perdido millones de pesos en penalizaciones y afirman que hay más de 40 mil toneladas penalizadas en las dos centrales, penalizaciones por más de 50 millones de pesos.
Además, denuncian que la CFE pese a penalizarlos, les recibe el carbón y lo utiliza. “Ya está quemado, lo mezclan y desmadran el patrimonio de los productores. Hay 25 empresas desmadradas. Hay gente muy frustrada”, se queja un productor que pidió omitir sus generales.
Reconocen que siempre han existido las penalizaciones, pero que antes la CFE se quedaba con un 20 por ciento del producto y daban una semana más para ponderar la calidad y hacer una mezcla. “No te chingaban el patrimonio”, lamenta el mismo productor. “Ahora se quedan con los impuestos que pagué, los sueldos, el patrimonio y tengo que pagar todo lo demás”, insiste.
César Luis Ceniceros Marín, presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, afirma que hay productores que les han penalizado hasta 2 millones de pesos, a otros desde 700 mil pesos.
Sin embargo, según una respuesta a una solicitud de información a la CFE, únicamente 15 empresas han tenido penalizaciones en 2020 y 2021, y la más alta fue en 2021 a la empresa BILDIT, S.A de C.V por 990 mil 775.15 pesos (también penalizada en 2020 por 145 mil 387 pesos). Entre las 15 penalizaciones a productores de carbón de Coahuila, suman 2 millones 672 mil pesos. La CFE no entregó la cantidad de carbón penalizada por considerarla un “secreto comercial”, por lo que esa información la clasificó como confidencial.
Mala distribución de pedidos
Después de la acusación del gobernador Miguel Riquelme, el director de la CFE, Manuel Bartlett, le respondió y comenzaron una serie de acusaciones vía Twitter.
Riquelme acusó de que la CFE favorece a unas cuantas empresas y citó el ejemplo de Tony Flores, hermano de la alcaldesa electa por el municipio Múzquiz, quienes han sido, según el mandatario, beneficiados con la compra de más de dos millones de toneladas sin licitación. Bartlett por su parte, señaló al gobernador de proteger “cínicamente” a quienes quieren monopolizar la compra del carbón en contra de los pequeños productores.
Los productores, por su parte, señalan la “pésima” asignación en relación a las capacidades de las empresas. Señalan que a los pequeños productores dieron mucho volumen y al mediano le dieron poco. Aseguran que dieron contratos de 40 mil a 50 mil toneladas a personas que producen 25 mil toneladas.
A finales de 2019 y principios de 2020, el gobierno federal comenzó a levantar un padrón de productores de carbón a fin de que la CFE lo considerara para la reactivación de las compras en las carboeléctricas del municipio de Nava. Eliminó del negocio a la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) que fungía como intermediario entre los productores y la paraestatal.
Los productores aseguran que sí se realizaron esas inspecciones y censos donde cada empresa o carbonero, informaba cuánto producía. Sin embargo, se quejan que al final, el Servicio Geológico Mexicano dio el informe y asignó como quiso.
“Nos dimos cuenta que a nuestro amigo le llegaron 48 mil toneladas. Qué hiciste. Aquí está donde yo dije que 28, en lugar de beneficiar perjudicaron al que no puede porque lo traen emproblemado. Lo hicieron por incompetentes”, señala un carbonero.
Consideran que favorecer a los “más pequeños” por un “tema social”, no beneficia a la actividad porque no cuentan con la capacidad de suministrar los volúmenes.
Vanguardia solicitó a la CFE vía transparencia, la lista de los proveedores a los que ha comprado carbón. La paraestatal clasificó como “confidencial” la cantidad de carbón comprada pero no el costo.
En 2021, en la termoeléctrica López Portillo, la CFE ha entregado 934 millones 161 mil pesos en dos compras a la empresa Minerales Don Chilo S.A de C.V., de Antonio Flores Guerra, hermano de Tania Vanessa Flores Guerra, alcaldesa electa de Morena en el municipio de Múzquiz, señalamiento que hizo en su momento el gobernador Riquelme Solís.
No hay justificación
Diego Martínez Carrillo maestro y doctor en ingeniería metalúrgica es claro: no hay justificación de no cumplir la ley y no invertir en seguridad si el contrato no les conviene.
“Deben de cumplir la ley invariablemente, si es negocio o no es negocio. La ley es clara, está reglamentada en la norma 032 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, seguridad para minas subterráneas. Es lo que deben cumplir, si no es negocio no deben de abrir”, comenta.
Para el ingeniero metalúrgico Guillermo Iglesias, tampoco es justificable el argumento de los concesionarios y cree que CFE debería de comprar a quien mejor calidad tenga, no solo en el mineral, sino también en el bienestar y en los requisitos que cumpla.
La razón es sencilla: una concesión minera obliga a la responsabilidad y seguridad.
Al cierre de esta edición, el 7 de septiembre del 2021, se registró un derrumbe en una mina del Consorcio Minero A.G. y CIA S.A de C.V. sobre la Carretera 57, en el municipio de Escobedo, Coahuila. Los mineros Andrés y Hugo Rocha, Carlos Martínez y Guadalupe Morín fueron rescatados con vida después de pasar horas bajo un talud.