A 20 años de crearse la empresa mixta Aguas de Saltillo, que administra el sistema de agua potable en la capital de Coahuila, junto a los indicadores de ‘éxito’ del modelo persisten los casos de quienes carecen del vital líquido.
- 25 octubre 2021
Hace 20 años en la capital de Coahuila vivían unas 580 mil personas y apenas el 10 por ciento de ellas recibía agua todos los días durante unas cuatro horas en promedio. Hoy, con cerca de 900 mil habitantes, el sistema entrega el líquido, por más de 20 horas al día, a más del 90 por ciento de los usuarios.
La fórmula para lograr este cambio fue establecer una sociedad entre el Gobierno Municipal -encabezado entonces por Óscar Pimentel González- y la empresa Aguas de Barcelona, cediendo al socio privado la administración del sistema local de agua potable. Así nació la empresa mixta Aguas de Saltillo.
Dos décadas después, los indicadores de desempeño de Agsal muestran, además de la mejoría en la disponibilidad de agua en los hogares saltillenses, una amplia aceptación por parte de los usuarios: 90.2 por ciento de ellos aprueba el desempeño de la empresa, según un estudio de percepción realizado a principios de 2021.
Por otra parte, la Secretaría de Salud de Coahuila le ha extendido el certificado de calidad al agua que llega a las vivienda de más de 270 mil familias. Este certificado también es avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
El gerente de Agsal, Jordi Bosch, afirma también que el esquema tarifario de la empresa garantiza que ninguna familia destine más del tres por ciento de sus ingresos al pago del agua y que el 80 por ciento de los usuarios eroga entre 90 y 110 pesos al mes por este concepto.
Sin embargo, frente a las cifras gruesas persisten casos de individuos y familias que obligan a poner comillas al término “éxito” si se pretende utilizarlo como síntesis de la historia de este modelo. Son los marginados que, por razones fundamentalmente económicas, siguen esperando que su derecho humano al agua se materialice.
Sobre este derecho, la Organización de las Naciones Unidas sostiene que “ningún individuo o grupo debería verse privado del acceso a agua potable por no poder pagar”.
La Constitución mexicana, por su parte, establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentenciado que “la recuperación de los costos (que implica prestar el servicio) no debe erigirse en un obstáculo al acceso al agua potable y el saneamiento, especialmente para los pobres”.
Las historias que se presentan en esta investigación evidencian que en Saltillo aún hay personas para quienes tales postulados siguen siendo solo teoría y que el éxito de un modelo como el de la empresa Aguas de Saltillo no puede medirse solamente a partir de las cifras macro que convierten en “estadística marginal” las historias de seres humanos para quienes el agua constituye un lujo inalcanzable.
Agua sólo por excepción
Una noche que Sujey se recostó a descansar con Juanito, su hijo de 13 años, le palpó repentinamente una bola en la espalda.
Que le dolía mucho, le dijo Juan a Sujey y ella, preocupada, comenzó a darle masaje y le preguntó que qué tenía, que qué era eso.
El niño le confesó que andaba estresado porque ya nadie en el barrio les quería pasar el agua y cada vez que él se aparecía por el vecindario con los botes desocupados le hacían mala cara.
“Le digo: hijo, espérame tantito, ya este fin de mes, ahora sí, pongo el agua. Pero la verdad no pude juntar, no puedo pagarla sola”, narra Sujey en la sala de su casa de la colonia Saltillo 2000, al poniente de la ciudad. Frente a ella, una fila de garrafones, botes y cubetas vacías aguardan a que algún vecino condolido les permita llenarlos.
Sujey dice que, en su domicilio, el agua ha salido del grifo solo por excepción desde que llegó a vivir ahí hace casi 15 años. El papá de sus hijos, que ganaba 600 pesos a la semana como operario en una empresa de productos higiénicos, jamás pudo cumplir con el pago del contrato ni el consumo de agua.
“Venían, nos la ponían, no la pagábamos y la cortaban”, sintetiza.
La imposibilidad para pagar el contrato, cumplir con los convenios que firmó para “reestructurar” su adeudo, los intereses y el consumo mensual, han generado a la fecha un adeudo de entre 10 mil y 13 mil pesos, según las cuentas de Sujey.
“La primera vez que fuimos a hacer el convenio íbamos a pagar como siete mil pesos, con mensualidades de 600... algo así, más 60 pesos del consumo, no se quisieron bajar más. No pudimos pagar, se nos fue juntando y nos cortaron el servicio”, relata.
La de Sujey es una entre las más de seis mil historias de familias saltillenses que, según datos de la propia Agsal, no cuentan actualmente con el servicio de agua potable.
Sin embargo, desde la perspectiva de la empresa, esta cifra corresponde a tomas originalmente instaladas en terrenos desocupados, casas en ruinas o deshabitadas. Tomas con el servicio suspendido incluso desde hace varios años.
Se trata, afirma Anahí Medina, jefa de Atención a Clientes de la empresa, de usuarios que no se han acercado a las oficinas de Agsal para regularizar el servicio, “porque no han tenido la necesidad”.
Isidro Jaramillo, trabajador de limpieza del municipio, cuenta una historia diferente. Tras acumular un adeudo de 34 mil 150 pesos por diversos conceptos, le fue cortado el suministro de agua y tuvo que dejar su casa en la colonia 26 de Marzo, al sur de la mancha urbana, y renta otra donde sí pudiera tener agua.
“Les digo a los de Aguas de Saltillo: ¿de dónde vamos a sacar los treinta y tantos mil pesos que quieren?”, al exponer su historia, que es un embrollo.
Hace 10 años, cuenta, contrató los servicios de drenaje y agua potable para su casa de la calle Francisco H. García. El presupuesto que le plantearon en Agsal implicaba pagar 31 mil 555 pesos, porque a las redes de drenaje y agua potable les faltaban 19 metros para llegar hasta su domicilio.
Isidro aceptó y comenzaron los trabajos. Al final, asegura, Agsal incumplió el trato pues sólo le conectó a la red de agua potable pero lo dejó sin drenaje.
Que no había línea, le dijeron, pero en su factura con número de contrato 472386, apareció puntualmente el adeudo por 31 mil 555 pesos. Y luego por 34 mil 150. Un adeudo que, según el recibo, debía ser liquidado “de inmediato”.
Isidro acudió entonces a las oficinas de Agsal para reclamar. “¿Cómo voy a pagar un servicio que no me hicieron?, les digo”. Sin haber obtenido respuesta satisfactoria a su reclamo dejó de pagar el adeudo y por ende el consumo mensual de agua. Y cuando fueron a cortarle el suministro,Isidro optó por mudarse a una casa de renta con su familia.
Juan Antonio Cerecero, vecino de la colonia Valle Escondido Sur, al surponiente de Saltillo lleva casi ocho meses sin agua. De 68 años, ex empleado del servicio de limpieza municipal, hace 14 años fue atropellado por un auto y desde entonces quedó impedido para trabajar.
El corte del servicio se registró, afirma, luego de acumular un adeudo de seis mil 500 pesos que no puede pagar porque no tiene ingresos fijos. Don Juan padece de convulsiones, a veces no tiene qué comer, tampoco luz y lo que es peor: ni gota de agua.
“Nunca se corta el servicio”
“A la gente que no puede pagar nunca se le va a cortar el agua. Nunca se le va a suspender el servicio, eh”, asegura Jordi Bosh, gerente de Agsal, quien sostiene que la empresa que encabeza cumple con todos los parámetros del derecho humano al agua.
No obstante, y según información pública de la propia empresa, entre enero y abril de este año, Aguas de Saltillo efectuó un total de 39 mil 368 cortes por adeudo. De acuerdo con el promedio de este período, en los primeros 10 meses de 2021 el organismo operador habría efectuado cerca de 80 mil suspensiones del servicio y al concluir el año podrían sumar superar los 100 mil casos.
De hecho, de acuerdo con el documento “Memoria Anual 2018” de Agsal, durante ese año el organismo operador efectuó 112 mil cortes del servicio.
También de acuerdo con cifras de la empresa, para garantizar el pago de los adeudos cada mes suscribe entre 500 y 800 convenios con usuarios que no pudieron realizar el pago de su recibo de agua.
Bosh informó que actualmente la empresa tiene celebrados seis mil 300 convenios con familias de Saltillo que por diversas causas, como fugas dentro de su vivienda, o la pérdida de su empleo, han acumulado adeudos que no pudieron pagar a tiempo.
En la aplicación de esta política, el titular de la empresa mixta no está solo. Eglantina Canales Gutiérrez, secretaria del Medio Ambiente de Coahuila, e integrante del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo, opina que el servicio de agua potable se tiene que pagar.
“Pero entonces ¿quién lo va a pagar?, los terminamos pagando los ciudadanos. Más vale que cada quien pague lo que le toca. Hay gente que considera que debería de ser gratis, esa es una cuestión muy discutible porque cuesta, tiene un costo el llevar el agua a tu casa”, afirma la funcionaria que representa los intereses de la población saltillense.
Es necesario tomar en cuenta, agrega, los gastos que representa extraer el agua, conducirla, almacenarla y distribuirla. “Tenemos que pagar por el servicio porque al no ser gratis, si usted prende un pozo que está a 500 metros de hondo, imagínese la energía que necesita. Entonces todo eso obviamente tiene un costo ¿Quién tiene que pagar por ese costo?, los que la usan”.
Gloria Tobón Echéverri, integrante de la organización civil Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo y una de las principales activistas locales en el tema, tiene una posición crítica no solamente del desempeño de Agsal, sino de los integrantes del Consejo de Administración que representan los intereses del municipio.
“En primer lugar, los consejeros ni saben ni les interesa. Tú lees las actas, todo aprobado por unanimidad, a todo lo que dice el gerente le dicen que sí.
“Te aseguro que ni idea tienen del derecho humano al agua ni de que está en la Constitución ni de qué implica, mucho menos. Las autoridades municipales tienen obligación de cumplir, garantizar y respetar el derecho humano al agua y no lo están haciendo, porque permiten que Aguas de Saltillo viole el derecho para todos los saltillenses que no pueden pagar y tienen el servicio cortado”, sentencia.
Desde su perspectiva, tal circunstancia es particularmente relevante en el momento actual, cuando la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2 ha provocado afectaciones a la economía que se traducen en la pérdida del empleo, o de parte de sus ingresos, para muchas familias.
‘La empresa cumple’
El Artículo 4, párrafo sexto de la Constitución Mexicana dice que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (...)”.
El gerente de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch, asegura que este organismo operador cumple a cabalidad con todos y cada uno de estos rubros.
En lo que se refiere al principio de salubridad, detalla, Agsal cuenta con un certificado de la calidad del agua que otorga el sector salud.
Respecto de la accesibilidad, el 99 por ciento de la ciudad está conectada al servicio municipal de aguas, que son las tuberías del municipio,
La asequibilidad se traduce en que el costo del agua de Agsal no supone más del tres por ciento de los ingresos familiares, toda vez que el 80 por ciento de la ciudad paga entre 90 y 110 pesos por el consumo al mes.
“Tenemos el subsidio cruzado, el precio del agua cambia en función de la zona donde vives en Saltillo”, precisa.
Y es suficiente porque se garantizan más de los 50 litros diarios por persona que, como mínimo, recomienda la OMS. “Nosotros tenemos una media de 97 litros por habitante/día, depende del verano y el invierno”, afirma.
Con tales datos, Bosch concluye que Agsal satisface el derecho humano al agua.
‘Que no se hagan locos’
Doña Juana María Vázquez padece una realidad que contrasta con el diagnóstico institucional. Hace ya cuatro años que ella y su familia llegaron a vivir en una casa sin número en la calle Quinta de la colonia Valle Escondido Sur y es fecha que Agsal no les conecta el agua.
La explicación que le dan, relata, es que su comadre, que tiene doble puerta, una por la calle quinta, que es donde vive Juanita, y la otra por la calle Cuarta, puso su toma de agua por esta última y dejó a Juanita sin posibilidad de conectarse.
“Ya vinieron a ver los de Aguas de Saltillo, pero como dicen que se salta una casa no pueden hacer el contrato, Que no pueden, dijeron que no y yo batallo demasiado de agua”, señala.
Cada vez que Juanita necesita agua, o sea siempre, tiene que contratar una pipa que le cuesta 200 pesos por llenar sus tinacos, ir a verle la jeta a sus vecinas para que le den un poco de agua o cosechar el agua de lluvia, cuando llueve, para los diferentes quehaceres y necesidades de la casa: trapear, lavar los trastes.
“Ninguna solución, ninguna, que yo buscara la manera, que pidiera pipas. Yo estoy en la mejor disposición de que me hagan mi contrato porque batallo mucho, demasiado de agua”, dice.
Para Magda Yadira Robles Garza, doctora en derechos humanos y titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los casos incluidos en este reportaje encajan en el rubro de accesibilidad, incluido en la Observación General Número Quince del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Dicho rubro, explica, comprende la accesibilidad física, es decir que el agua se halle en el domicilio de la gente o en un lugar cercano a donde puedan ir las personas a tomar el agua; además comprende la accesibilidad económica.
“La parte que él (Jordi Bosch) no está viendo es la de igualdad y no discriminación... Se les está discriminando por su situación de pobreza... Decirles ‘tú pagas’ es bien fácil, pero a las personas que no tienen trabajo o que no tienen un ingreso fijo, los estás discriminando, no puedes poner a todos en el mismo cajón. Si eres taxista, se vino la pandemia y nadie sale a la calle, cómo....”. detalla la especialista.
Robles Garza agrega que es necesaria una política pública que obligue a las empresas privadas, a través de los contratos que se celebran con ellas, a respetar los derechos humanos, en este caso el derecho al agua.
“Tenemos el problema en dos frentes: uno, de que no hay una política pública que dentro de estos convenios, de esta normativa, impida a las empresas (violar los derechos humanos).
“Y por el otro lado, en nuestros juicios de amparo no hay un caso que diga ‘ya es ley para todo el país’. Quienes promueven los litigios son quienes se ven beneficiados y entonces las empresas dicen ‘me espero a que se ampare’, y mientras ellos siguen aplicando su normativa hasta que no venga un asunto y que un juez federal les diga ‘ábrele la llave’”.
Magda Robles recomienda rescatar en este texto los llamados Principio Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU y que en sustancia hablan de:
a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales y;
b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos.
Tales principios, contenidos en la declaratoria que salió a luz en 2011: “(...) se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura”.
Por ello, “que no se hagan locos, que no se hagan de la vista gorda de que no los obligan porque sí se les obliga. La responsabilidad de las empresas es, tú prestas un servicio público al estado, le inviertes, claro, pero el estado mexicano tiene la responsabilidad de vigilar que tú no estés violentando ningún derecho humano. Ahí va el mensaje para el estado y para las empresas. Aquí en México no le han dado mucha publicidad a esto, tú sabes, por qué: manda el dinero”, sentencia.
¿Cuál regla es la ‘buena’?
Los tratados internacionales en materia de derecho al agua establecen con claridad que la falta de capacidad para pagar por el servicio no puede servir de argumento para la suspensión de éste y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado tal criterio.
Una jurisprudencia emitida por dicho Tribunal el 26 de febrero de 2021 dice a la letra: “los costos directos e indirectos del agua y el saneamiento no deberían privar a nadie del acceso a estos servicios y no deberían comprometer la capacidad de disfrutar de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la educación, a una vivienda adecuada o a la salud. El requisito de la asequibilidad también pone de relieve que la recuperación de los costos no debe erigirse en un obstáculo al acceso al agua potable y el saneamiento, especialmente para los pobres”.
Y ordena: “no se suspenda el servicio público de agua potable sino para que se siga prestando aquel pero, de manera restringida, esto es, que se otorgue el mínimo vital que, de conformidad con lo determinado por la Organización Mundial de la Salud, corresponde a 50 litros de agua por persona al día en el supuesto de uso personal y doméstico”.
Sin embargo, la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, expedida por el Congreso del Estado en diciembre de 2008 y publicada en el Periódico Oficial del Estado en febrero de 2009, faculta a los organismos operadores a suspender el servicio.
“En caso de mora por parte de los usuarios en el pago de dos meses de cuota o tarifa establecida para los servicios de agua potable, podrá limitárseles el suministro a la cantidad de agua equivalente a la cuota mínima establecida en la tarifa respectiva”, establece como primera hipótesis el artículo 86 de dicha norma.
Pero enseguida señala: “si la mora en el pago es de tres meses, se suspenderá totalmente el suministro de agua, sin perjuicio de que el organismo operador efectúe el cobro de los adeudos, a través del procedimiento administrativo de ejecución”.
Una adición realizada a dicho artículo, apenas en marzo de este año, contempla excepciones a la posibilidad de suspender totalmente el servicio pero no incluye a quienes, por encontrarse en situación de precariedad, no puedan pagarlo, sino solamente para los casos de edificios “destinados a la prestación de servicios asistenciales o médicos... escuelas públicas de nivel básico; inmuebles destinados a la asistencia de personas migrantes, desplazadas o cualquier otra en condición de movilidad vulnerable; así como en los inmuebles donde, por razones de salud pública o por tratarse de centros de reinserción social o para detención preventiva, no sea conveniente proceder a la suspensión”.
En todo caso, la Ley es clara al precisar que la imposibilidad de suspender por completo el servicio de agua potable no implica “que la obligación de realizar el pago del servicio de agua no sea exigible”.
Al respecto, Magda Robles señala: “puedes meter un reductor de flujo, pero nunca cerrar la llave, eso es lo que la Corte Mexicana ha aceptado, disminuir el flujo del agua, pero no cerrarlo, no se puede negar o cortar el suministro de un básico como es el agua por falta de pago”.
Por su parte, Gloria Tobón, de la asociación AUAS, plantea que “lo que deberían hacer los organismos operadores es dejar, por lo menos, lo que se llama el mínimo vital hídrico, la cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades básicas, pero no lo hacen”.