No, ni de chiste, que María José Casas Ibarra fuera a andar dando vueltas y vueltas y vueltas a los juzgados familiares, todo para hacer que obligaran a su ex pareja a pasarle una pensión alimenticia mínima a la hija de ambos, luego de su separación.

María, al igual que otras tantas y tantas mujeres, prefirió mejor vivir como madre autónoma y como madre autónoma ponerse a trabajar por su cuenta para sacar adelante, ella sola, a su niña de 6 años.

Se decepcionó de las instituciones y de las leyes, cuenta, desde el día en que acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Saltillo a poner una denuncia por agresiones y violencia económica.

“Cuando yo le menciono todo eso a la chica que me entrevista me pregunta ‘¿pero nunca te pegó?’, le digo ‘no, nunca me pegó’, entonces minimizó mi caso como que ‘ah, pero nunca te pegó’, como que necesitan que lleguemos muy mal físicamente y eso es bien grave”, relata.

María fue canalizada a los juzgados en materia familiar, dentro de los cuales, según las propias autoridades, un proceso legal por pensión alimenticia puede demorar entre tres meses, medio año o hasta un año completo.

En el juzgado le recibieron la demanda a María, pero hasta ahí quedó.

Lo demás fue estar dando vueltas y vueltas y vueltas y que le dieran largas y largas y largas, según su testimonio.

El fallo del juez, en el caso de la pensión alimenticia de su menor hija, le dijeron, podía tardar entre dos y tres meses.

Que ellos le llamaban.

Pasaron dos, tres, seis meses.

El día que María fue a los juzgados para preguntar qué pasaba con su demanda le dijeron que su expediente ya estaba archivado...

“Te trataban mal, no te atendían, te daban largas... Dije, ‘mejor ya no le busco’. Es un tema complicado y muchas veces abandonamos la lucha porque, a mí, que soy madre autónoma, que soy autogestiva, que trabajo por mi cuenta, me quita mucho tiempo. Es muy lento y finalmente tienes que llegar a un convenio, muchas veces enfrentarte con tu agresor”, relata.

María vio que el tiempo que iba a invertir en esa lucha, lo podía invertir mejor trabajando y generando el ingreso necesario para mantener a su hija, sin desgastarse energéticamente.

Como María, otras mujeres que buscan la pensión alimenticia tras una separación, en ocasiones, motivada por la violencia familiar, la experiencia de un trámite de justicia se vuelca en contra de ellas y sus hijos. Pero ¿por qué?

Justicia “pierde” el impulso procesal

¿Cómo María iba a pretender que su asunto se resolviera rápido? Si de acuerdo con Información del Poder Judicial del Estado, obtenida por Semanario vía transparencia, hasta 2021 había en Coahuila sólo 21 jueces de lo familiar que tenían en sus manos 68 mil 616 expedientes, entre acumulados y recientes, de divorcio, pensión alimenticia, convivencia y guarda y custodia... entre ellos el de María...

Es decir que, hasta el año pasado, cada uno de estos 21 jueces atendía en promedio 3 mil 267 asuntos, en materia familiar, en su mayoría divorcios; en segundo lugar, pensiones alimenticias.

Esta sobrecarga de asuntos se ve también en dos de las ciudades más pobladas de la entidad.

Según la información del Poder Judicial del Estado, en los juzgados familiares de Saltillo hay sólo cinco jueces, y otros cinco en Torreón. Cinco jueces por cada ciudad cercana al millón de habitantes.

“Digo, la damos y hacemos un esfuerzo sobrehumano”.

De acuerdo con un análisis de Semanario sobre datos proporcionados por el Poder Judicial, el número de asuntos acumulados a 2021 son 2 veces más a los de hace 4 años.

Así frena la carga al proceso judicial

Con razón un juicio de pensión alimenticia, a decir de los entrevistados por Semanario, puede demorar entre tres meses, seis meses y hasta un año o más.

María Eugenia Galindo Hernández, magistrada presidenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, explica que muchas veces la duración de estos procedimientos tiene que ver con un principio que se llama “impulso procesal”.

“Hay personas que dejan de mover los procedimientos y ahí se van empolvando”, dice.

Para empezar, Ana Cecilia, otra joven madre de una niña de 6 años sin pensión alimenticia, simplemente no cree en las leyes ni en la justicia.

Hace dos años que Ana decidió poner fin a la relación que sostenía con su pareja, un ex policía.

Ana describe que andaba con los ojos hinchados por los puñetazos que recibía de su concubino cada vez que éste llegaba briago a casa y solía, además, apuntarle con su arma de cargo, una pistola.

Desde que se separaron, asegura, el papá de su hija, una niña pequeña, no contribuye con alimentos y se ha desobligado de la menor.

“Como quiera vienen gastos, uniformes, uno tiene que hacerle la lucha de trabajar”.

Ana se pregunta que para qué va donde un juez si el padre de la niña, con el que vivió en unión libre, por temporadas, siete años, no trabaja.

Seguro que el veredicto del Juez, dice Ana, será: “no señora, no está trabajando...’ La ley los ampara mucho a ellos”.

Ana piensa como otras de las mujeres que están en su situación: que su ex pareja se salió de trabajar nomás para no dar pensión alimenticia.

“Es perder más el tiempo y que te digan, ‘no, no te voy a poder dar lo suficiente’. Ya me cansé de marcarle y decirle oye, ‘necesito que apoyes a tu hija con la manutención’, pero él dice que le haga como le quiera hacer, que él no va a pasar pensión”, relata.

Ana encontró un trabajo como operaria en una fábrica donde hace turno de noche por mil 800 pesos a la semana.

En los taxis que necesita todos los días para ir por su hija a casa de su madre, con quien la deja encargada, se le va el sueldo.

“Yo voy a salir adelante con mi hija como lo he hecho desde hace tanto tiempo”, afirma.

La justicia es blanda con agresores, cuestionan

A este tipo de violencia se le llama violencia económica y está contenido en la fracción lV del Artículo 647 de la Ley para la Familia de Coahuila.

“(Es) toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima (...)”, define.

No se sabe cuántas mujeres hay en Coahuila, como Ana y María, cuyos hijos han sido privados del derecho que les otorga la ley de recibir una pensión alimenticia por parte de sus progenitores, cuando estos se han separado de la madre.

Pero lo que sí se sabe, con base en datos del Poder Judicial del Estado, es que entre 2015 y 2021 sólo dos hombres, dos, han pisado la cárcel por no dar alimentos a sus hijos, un delito llamado incumplimiento de las obligaciones básicas de asistencia familiar.

“Tiene que ver con un sistema patriarcal, donde se considera que el hombre es el fuerte, el proveedor y es quien manda y decide cuándo una relación continúa o termina”, expone Katy Salinas Pérez, la titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres.

De modo que, en Coahuila, la Ley para la Familia que en su Artículo 6 dice que las niñas y niños tienen derecho a la identidad, a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral en el ámbito familiar y social (...), es letra muerta.

“No es un capricho salido de la nada, es un derecho que la ley establece en pro de las mujeres y los niños, y es una obligación de los hombres, con independencia de las diferencias que pudieran tener con su pareja”, reclama Salinas Pérez.

Basta con darse la vuelta por las distintas casas hogar que operan en la entidad, como la de los Pequeños San José, en Saltillo, donde el 100 por ciento de los infantes, unos 80, no tienen el apoyo económico de su padre.

“¿Que cuántos están sin pensión?, uh, pos todos, ¿por qué cree que vienen acá?”, dice Laura Idalia Torres González, la encargada del área de trabajo social de este internado fundado en 1963.

Y dice que la mayoría de las mujeres que dejan a sus hijos al cuidado de esta casa de acogida, en la no se cobra, son mamás sin red de apoyo.

“(Ellas tampoco) han trabajado su situación personal ni siquiera visualizan el tipo de violencia al que están siendo sujetas, siguen naturalizándola, y el síndrome de indefensión las hace creer que no hay nadie en el mundo que las pueda ayudar”, comenta.

Y si no trabajan su situación emocional, personal, su historia de vida, la violencia que sufrieron, difícilmente van a poder tomar la decisión de emprender un proceso tan desgastante como la pelea por la pensión alimenticia, declara Torres González.

Con todo, Wendy Pedroza Valdés, presidenta del Foro Profesional de Abogados de Coahuila, se pregunta que de qué sirve que las mujeres acudan a los juzgados familiares a entablar una demanda por pensión alimenticia, si la justicia es blanda con los agresores.

La simulación de insolvencia

Otras de las cosas contra las que combaten las mujeres que luchan por la pensión alimenticia es la llamada simulación de insolvencia.

Esta ocurre cuando los padres cambian de domicilio, de trabajo, o renuncian o laboran de manera eventual o informal, con tal de no dar pensión a sus hijos.

Al respecto, el Artículo 257 del Código Penal de Coahuila nombrado de Simulación de insolvencia alimentaria, dice que se impondrá de uno a cuatro años de prisión, multa y privación de los derechos de familia, a quien para eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina o que hayan sido resueltas por la autoridad judicial, renuncie a su empleo, lo abandone, solicite licencia sin goce de sueldo o de cualquier otro modo se coloque en estado de insolvencia.

Las cifras dadas a conocer por el Poder Judicial del Estado en su respuesta a una solicitud de información arrojan que entre 2015 y 2022 se han aplicado en Coahuila solamente 10 multas y se han cumplimentado 23 órdenes de aprehensión en contra de deudores alimenticios.

“Les tiembla a los jueces para poner multas. Yo creo que si vemos las estadísticas de cuántos procesos hay de este tipo te vas a dar cuenta de que bien poquitos”, reprocha Wendy Pedroza.

Y reclama también que los jueces familiares de Coahuila no suelan recurrir a las audiencias urgentes, cuando así lo ameritan los casos de falta de pensión alimenticia.

“Una audiencia de alimentos donde el juez pudiera regañar al pelado y decirle ‘te voy a meter a la cárcel cabrón’, me tarda cuatro meses, tres meses”, dice.

De acuerdo con información del Poder Judicial del Estado, durante 2021 y hasta mayo de 2022 se habían celebrado en Coahuila un total de 297 audiencias urgentes por el delito de incumplimiento de las obligaciones básicas de asistencia familiar.

Entre 2015 y 2020 no se tiene reportada ninguna.

Pedroza Valdés advierte que ha visto cómo la violencia económica puede derivar en inestabilidad dentro del hogar y casos de suicidio de mujeres.

“Muchas se vuelven golpeadoras de sus propios niños o mejor los regalan”, dice.

Y añade que tan sólo su despacho de acción social lleva arriba de 100 casos de pensión alimenticia.

Natalia, madre autónoma de dos niños, no se ha dado el tiempo para ir a los juzgados familiares y demandar lo que, por derecho, les corresponde a sus hijos.

No se ha dado el tiempo porque no lo tiene, Natalia, además de dedicarse al hogar, trabaja como mensajera e intendente en una universidad, atiende un pequeño bazar de ropa en su casa y estudia para abogada el fin de semana.

Ella es una de las 817 mil 308 mujeres, (26 por ciento de la población), que, en Coahuila, según el INEGI, son cabezas de familia.

La propia Leticia Beatriz Charles Uribe, directora general de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Coahuila, reconoce que la desconfianza en las autoridades es uno de los motivos por los que las madres no se acercan para hacer valer la ley, cuando se enfrentan a un padre desobligado.

Además precisa que, en el primer trimestre del año, hasta el pasado 3 de abril, se habían presentado en los cinco centros de le entidad, (Saltillo, Torreón, Matamoros, Acuña y Frontera), 405 demandas, de las cuales 92 fueron de pensión alimenticia, siendo 2019 el año que más demandas se registraron por este rubro: 639; 574 en 2020 y 534 en 2021.

Pensión alimenticia se trata de algo más que comida

María Eugenia Galindo Hernández, magistrada presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, dice que la mayoría de la gente relaciona los alimentos con la comida y no, el concepto va más allá y es proveer a los hijos de todo lo necesario para que tengan una vida digna, salud, comida, educación.

Al respecto, el Artículo 276 de la Ley para la Familia de Coahuila define por alimentos: la alimentación nutritiva, el vestido, la habitación, la atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, la asistencia médica y terapéutica en casos de enfermedad, los gastos relativos al embarazo y el parto, la recreación, así como los cuidados y asistencia que requiera el acreedor alimentario en lo particular y la educación.

En su carrera como madre sola, Natalia ha hecho de mil usos: vender ropa en el bazar de su casa, trabajar en una tienda de abarrotes, lavar baños en bares, de vendedora de internet.

“Al principio me sentía muy desesperada porque no encontraba ningún trabajo, ninguno se te acomoda cuando tienes niños. Hay lugares donde no te contratan porque eres mamá y tienes niños y no vaya a ser que se te enfermen y vayas a estar pidiendo a cada rato permiso”.

Eso, narra, la llevó a tal estado de ansiedad y depresión que intentó suicidarse.

Gracias a sus terapias psicológicas Natalia dice que ha pensado muy seriamente en contratar a un abogado particular para que le lleve sus demandas de pensión alimenticia, pero de dónde va a sacar dinero.

“Ese tipo de situaciones hace que las mujeres abandonen la lucha y para los hombres es más cómodo. A fin de cuentas, hay un sistema que indirectamente los protege”, lamenta María José Casas Ibarra, fundadora y directora del colectivo feminista La Manada.

El registro de deudores y la 3 de 3 de violencia de género

Obligar a los padres a pagar la pensión alimenticia por medio de su sueldo no funciona para todos. Cuando laboran en la informalidad es aún más complicado.

Es el caso de Judith. La mujer platica que mientras se encontraba interna con sus tres niños en el Refugio Luz y Esperanza, se realizó un convenio ante los juzgados de lo familiar en el que su ex pareja se comprometía a dar una pensión alimenticia.

Había ingresado a este albergue luego de ser víctima de violencia familiar.

La pensión quedó fijada en 45 por ciento de lo que ganaba su ex pareja, con quien Judith había vivido en unión libre, por lapsos, durante varios años.

Pero el padre, como suele suceder en la mayoría de estas historias, no cumplió.

“Nunca me ayudó. El convenio ahí está, en los juzgados”.

Su ex concubino es comerciante, compraba fruta, la llevaba a vender a los ejidos, sin un trabajo formal, entonces Judith está imposibilitada para meter un documento para que le rebajaran vía nómina.

“El señor no está trabajando señora, ¿cómo le va a dar?”, cuenta que era la respuesta que le dan las autoridades.

Tal vez Judith, como otras mujeres, no sepa que en Ley para la Familia de Coahuila existe un artículo, el 308, que establece la creación y manejo del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, en el que podrán ser inscritos todos los padres y madres que no den pensión cuando:

“(...) hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera consecutiva o intermitentemente, ya sea en tres ocasiones en un periodo de tres meses, o, para el caso de las pensiones alimenticias que se deban cumplir de manera mensual, en tres ocasiones en un periodo de seis meses, decretadas por la autoridad judicial correspondiente”.

Según una ficha informativa remitida por el Poder Judicial del Estado, actualmente se tienen registrados en el REDAM a 114 deudores de todo Coahuila, por parte de los juzgados.

Sí, 114 de todo Coahuila.

María Eugenia Galindo Hernández, magistrada presidenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, dice que este registro tiene buenos fines.

Y en un principio se tenía el proyecto de vincularlo con el buró de crédito, pero “hay que hacer unas cuestiones legislativas que al Poder Judicial no nos corresponden. Lo que hacemos es invitar a la ciudadanía a que pida que sea inscrita la persona que está incumpliendo”.

Así es que, si eres mujer y si vas a salir con alguien, antes de aceptar, vete directamente a los registros, a ver si no aparece como deudor de pensión, recomienda Yunuen Castillo Menchaca, integrante del colectivo feminista Furia Coahuila.

Yunuen Castillo Menchaca, integrante del colectivo feminista Furia Coahuila, dice que la violencia económica, así como todos de agresiones contra la mujer, las niñas y los niños, deben combatirse desde el sistema y en todas las esferas y ámbitos de la sociedad.

Por ello, este grupo, en conjunto con otras 152 organizaciones de mujeres a nivel nacional, empujan la Iniciativa Tres de Tres contra la Violencia.

Consiste en que quienes sean deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores de mujeres, no puedan aspirar, siquiera, a ocupar puesto público alguno, desde maestro en una universidad hasta una Presidencia de la República.

“Cualquier persona que tenga antecedente de denuncia, carpeta de investigación abierta, sentencia ejecutoria, resolución firme o que se encuentre en juicio por cualquier delito, en cualquier modalidad o tipo de violencia contra las mujeres, debido a nuestra condición sexual, no pueda ocupar ningún cargo de elección popular, de concurso ni de designación, en ninguno de los tres poderes”, explica.

“Por eso decimos por todos lados es Tres de Tres contra la Violencia”.

El objetivo principal es elevar los estándares de la ética pública y de la ética política en el país.

“¿Qué podemos esperar en la esfera pública de quienes no cumplen con esta obligación hacia sus hijos e hijas en la esfera privada? Se ha normalizado tanto el hecho de que no dan pensión alimentaria, de que es un acosador y como quiera sigue estando en un puesto importante. Lo hemos visto: casos donde inclusive violadores han sido candidatos para gobernadores. Eso tiene que parar”.

Otra situación es que en la mayoría de los asuntos los jueces acaban fijando pensiones que van del 15 al 20 por ciento del sueldo del padre por niño, sin que la pensión, independientemente del número hijos, exceda el 50 por ciento del salario del progenitor.

Esta no es una ocurrencia de los magistrados, viene en el Artículo 10 de la Ley del Seguro Social que dice que las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables.

Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el cincuenta por ciento de su monto.

“Si un papá trabaja en alguna empresa como operario y su sueldo no es mucho, tampoco le vamos a exigir que mande a su hijo a estudiar al extranjero porque sabemos que sus posibilidades no lo permiten”, expone María Eugenia Galindo Hernández, magistrada presidenta de la sala colegiada civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia.

Laura Ivonne Valdés Martínez, la directora general de Nuevas Opciones de Vida, se muestra optimista y dice que son cada vez más las mujeres, víctimas de violencia económica, que alzan la voz.

El Instituto Coahuilense de las Mujeres reporta que semestralmente recibe en el 075 apenas 300 llamadas, 50 al mes, de madres de todo el estado pidiendo asesoría sobre pensión alimenticia.

¿Hay casos de éxito?

Parece que algunas mujeres en la frontera de Coahuila han corrido con mejor suerte.

Desde 2020 los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en el estado, han logrado que madres autónomas de Ciudad Acuña pueden obtener para sus hijos la pensión alimenticia de sus padres que radican y trabajan “en el otro lado”, específicamente en Texas.

“Hacemos el llenado de una papelería, esa documentación la hacemos llegar al consulado mexicano en del Río Texas que la revisa y se encarga de hacer el trámite en los Estados Unidos”, precisa Leticia Charles Uribe la titular de los CJEM en la entidad.

Y dice que, desde julio de 2020, cuando inició este servicio en Ciudad Acuña, hasta la fecha, se han beneficiado 90 mujeres y sus hijos con más de 187 mil dólares por concepto de pensión alimenticia.

Y aunque es un trámite muy sencillo, también es tardado.

¿La solución?

Quizá si antes hubieran existido los Juzgados Especializados en Violencia contra la Mujer, inaugurados en Coahuila a principios de 2021, las historias de María, de Ana Celia, de Natalia y de Judith, serían diferentes.

En estos Juzgados, seis en todo Coahuila, que tienen su sede en los centros de Justicia Penal, el juez, uno por juzgado, decreta medidas inmediatas para la protección de las mujeres y sus hijos que han sido víctimas de maltrato.

Dichas medidas se refieren al cese inmediato de la violencia contra la mujer, una inmediata pensión alimenticia provisional y una guarda y custodia inmediata y provisional.

“Antes primero tenía que ser notificado el generador de violencia para poder ordenar a las empresas donde laboraba el descuento de la pensión. Ahora con estos juzgados es de manera inmediata. El juez emite esa obligación y gira los oficios correspondientes a las empresas para los descuentos, una pensión alimenticia de manera provisional. Esta política pública resuelve esto de que los procesos eran sumamente tardados...”, explica Leticia Beatriz Charles Uribe, la directora general de los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres para el estado de Coahuila.

De acuerdo con información del Poder Judicial del Estado, desde su creación hasta lo que va del año, se han emitido por estos juzgados mil 613 medidas – órdenes de protección en favor de mujeres, entre éstas la pensión alimenticia provisional.

El protocolo va de que se presenta la demanda, que puede ser por escrito o la mujer puede acudir directamente con estos jueces especializados y ellos resuelven el asunto de manera inmediata, en ese mismo día o al día siguiente, explica Leticia Charles.

Ana Elena Mercado Romero, abogada de Nuevas Opciones de Vida, habla de su experiencia con estos juzgados:

“Esos procesos sí se han ido rápido, los que yo he llevado en los juzgados especializados los hemos concluido satisfactoriamente, hemos obtenido guardia y custodia total para las usuarias como pensión alimenticia”.

Pero hay una disyuntiva: La existencia de violencia

“Hay mujeres que desean realizar todo el trámite de divorcio y no están en una situación de violencia, entonces sus casos se llevan en los juzgados ordinarios”, añade Charles Uribe.

Y el problema es que muchas madres desconocen la existencia de estas instancias y sus mecanismos.

“Que pueden hacer valer para ejercer sus derechos”, explica Charles Uribe.

Pero Natalia sigue desconfiando de las instituciones, por eso fue por lo que se metió a estudiar derecho, “y digo ‘bueno va a llegar un día en el que yo sola voy a hacer mis propias demandas’”.