Reto en Coahuila: atender zonas interurbanas definirá el futuro
En el estado contamos con cuatro zonas metropolitanas, tres de ellas que se encuentran totalmente dentro del territorio del estado y una más que se comparte con el estado de Durango. Dado que no existe un orden de gobierno metropolitano, es necesaria la coordinación de competencias entre los distintos órdenes de gobierno. Esto representa una importante dificultad para la eficiente gestión de las zonas metropolitanas.
Diversos temas convergen en lo metropolitano. Entre los más relevantes destacan la movilidad de personas y mercancías, el ordenamiento territorial, la gestión ambiental, la provisión de servicios públicos, el desarrollo económico y la infraestructura. Dado que no podremos analizarlos todos al detalle necesario en estas líneas, nos centraremos en tres dimensiones prioritarias de atención para la gobernanza metropolitana: la normativa, la presupuestal y la operativa.
La dimensión normativa precisa de un andamiaje legislativo y reglamentario que considere adecuadamente las zonas metropolitanas. Existen actualmente previsiones legales sobre las zonas metropolitanas en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en otros ordenamientos estatales. La nueva legislatura local podrá articular todos los aspectos que inciden en lo metropolitano en un ordenamiento creado ex profeso para la integración y gestión metropolitanas.
Esto supone a su vez la coordinación entre los municipios integrantes de cada zona metropolitana, que deberán contar con una reglamentación municipal armónica y congruente con la de sus pares. La labor de negociación y gestión de la nueva administración estatal será determinante para lograr lo anterior, particularmente en las zonas metropolitanas que cuenten con gobiernos municipales de diversa extracción partidista.
Para la dimensión presupuestal es necesario contar con recursos permanentes y bien determinados para la gestión de lo metropolitano, que a efecto de garantizar operatividad no pueden estar condicionados a decisiones discrecionales. Dadas las importantes diferencias entre los presupuestos de los municipios integrantes de una misma zona metropolitana, será trascendental el papel de la nueva administración estatal al encontrar maneras equilibradas y suficientes para financiar la gestión metropolitana. Igual importancia reviste la labor de la nueva legislatura al priorizar en el presupuesto la suficiencia económica para la implementación de los proyectos estratégicos para estas zonas, desde una perspectiva de integralidad.
Desde la dimensión operativa, será tarea indispensable para la siguiente administración la creación de organismos de planeación y gestión metropolitana. Si bien ya existe una aproximación general de tales organismos en la legislación estatal, se necesita ir a mayor detalle y afinar el enfoque. Esto precisa de un diseño eficiente y funcional desde la consideración de las particularidades de cada zona metropolitana. Será en consecuencia necesario un diagnóstico para cada una de ellas, en el que exista una participación efectiva de los actores de los distintos sectores que inciden en su dinámica.
Asimismo, se deberán generar los instrumentos de gestión que aborden los aspectos trascendentales para la zona metropolitana de que se trate. Temas como el abasto de agua, la administración de reservas territoriales, la gestión de riesgos, entre otros, requieren ser abordados en dichos instrumentos con la profundidad técnica adecuada y con visión de largo plazo. Al respecto, la Estrategia Integral de Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible del Estado contempla ya lo de necesaria y urgente atención. Claramente, la agenda instrumental de cada zona metropolitana obedecerá a sus particulares necesidades, prioridades y vocación.
Atender con responsabilidad los retos que plantean las zonas metropolitanas definirá en buena medida la posibilidad del futuro que queremos para nuestro estado.
