Trabajo asalariado volvió a máximos históricos... pero sigue con lento crecimiento

Pese a que septiembre registró un salgo negativo en la creación general de empleo, el trabajo asalariado tuvo un buen comportamiento y anotó nuevamente una cifra histórica, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En el arranque del cuarto trimestre del año, la tasa de trabajo asalariado pasó de 65.7 a 66.8%, con ello el indicador se ubicó en la segunda cifra más alta de la historia, sin contabilizar las distorsiones provocadas por la pandemia de Covid-19 en el mercado laboral.

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Durante los meses más críticos por la emergencia sanitaria, el trabajo asalariado alcanzó dimensiones de entre 68 y 70% de la fuerza laboral, pero esto fue debido a la pérdida de empleos con otras características, especialmente la reducción de la ocupación en el sector informal.

El crecimiento que tuvo el indicador en septiembre estuvo influido en buena medida por el aumento de la población con un trabajo subordinado, el cual sumó a poco más de medio millón de personas a una ocupación, este fue el único renglón con saldo positivo.

“Tiene que ver con la recuperación tan acelerada de la actividad económica que se observó en el tercer trimestre de este año, y esta recuperación explica que veamos estos datos”, afirma Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

Con el comportamiento de septiembre, los asalariados en el país ascendieron a 39.6 millones de personas, de cada 10 empleos subordinados que se crearon, ocho fueron con la garantía de un sueldo a cambio de las actividades desempeñadas.

Desde la perspectiva de Janneth Quiroz, el fortalecimiento de esta condición de trabajo es una señal de que el mercado laboral aún está fuerte y robusto. “La recuperación es en sintonía con los datos que vemos para el Producto Interno Bruto (PIB)”.

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De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el nivel de trabajo asalariado que tiene un país determina una parte de la cobertura que tiene la fuerza laboral en torno a algunas disposiciones, por ejemplo, el salario mínimo.

En economías desarrolladas, según estimaciones del organismo, el trabajo remunerado abarca a cerca del 90% de la población ocupada, pero en países en vías de desarrollo esa proporción desciende hasta el 30 por ciento.

Sin embargo, aunque el trabajo asalariado registra un buen comportamiento en los últimos dos meses, en casi 20 años el indicador ha tenido un avance lento, desde el 2005 hasta la fecha, el crecimiento es de a penas ocho puntos porcentuales.

INFORMALIDAD AÚN PRESENTE

Una de las fallas estructurales que incide en el bajo nivel de empleo asalariado es la informalidad laboral. Aunque en los últimos meses el trabajo formal ha mostrado fortaleza, la informalidad aún abarca al 54% de la población ocupada del país.

“Los trabajos sin seguro social se han reducido muy poco en proporción: menos de 2 puntos porcentuales en seis años, y en cantidad hay 2.7 millones de personas más ocupadas sin acceso a servicios de salud y demás protecciones del seguro social. La realidad estructural de los trabajos sin derechos y sin acceso a servicios de salud no se ha transformado sustancialmente”, indica la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) en un informe.

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La prevalencia de la informalidad laboral, indica la organización, es “resultado del modelo de seguro social previsto en la Constitución, del paradigma de competitividad económica basado en salarios bajos y violación de derechos laborales y del pobre crecimiento económico”.

En informalidad laboral, México no solo se encuentra lejos de economías de Europa, sino distante de países latinoamericanos como Uruguay, Chile, Brasil o Costa Rica, naciones con niveles de trabajo informal inferiores.

“La solución estructural es desvincular la condición laboral (el trabajo) del acceso a servicios de salud y a la gran mayoría de las coberturas de protección social agrupadas en el “seguro social” como las estancias infantiles o el financiamiento para la vivienda. La salud, el cuidado y el ingreso vital son derechos humanos, no deben ser considerados y financiados como prestaciones laborales”, propone ACFP.

Con información de El Economista