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¿Cómo será la regularización de ‘autos chocolate’? SSPC revela precios, modelos y requisitos

Noticias
/ 21 enero 2022

El Gobierno Federal busca la regularización de estos vehículos para evitar que sean usados en actividades ilícitas dentro del territorio mexicano

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, señaló que se iniciará con la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, mejor conocidos como ‘autos chocolate’, en 10 estados del país y con el pago de 2 mil 500 pesos.

De acuerdo con la SSPC, la regularización de estos automóviles dará certeza jurídica a los propietarios y se coadyuvará a mejorar la seguridad.

Asimismo, detalló que lo recaudado con esta actividad se destinará para el mejoramiento de las calles que lo requieran y tapar los baches.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la secretaria informó que en el país circulan 2.2 millones de automóviles de este tipo, los cuales impactan en la seguridad ante la falta de mecanismos de registro y control vehicular.

Rosa Icela puso como ejemplo que en el estado de Baja California circulan más de 500 mil autos chocolate y solo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020 fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos.

Por otra parte, mencionó que 80 por ciento de los homicidios dolosos que se cometen en Chihuahua están relacionados con autos ‘chuecos’ o ‘chocolate’, por ello la necesidad de ser regularizados, señaló.

La SSPC subrayó que la regularización de este tipo de vehículos es en Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur, Michoacán y Nayarit.

EL COSTO DE LA REGULARIZACIÓN PARA ‘AUTOS CHOCOLATE’

Este trámite tiene un costo oficial de 2 mil 500 pesos y corresponde al Registro Público Vehicular (Repuve) para los que tengan modelos que tengan una antigüedad de más de 5 años.

“Con esta determinación haremos visible lo invisible”, sentenció la SSPC.

El proceso busca tener claro el nombre del propietario, con rostro, nombre y apellido como sucede con los dueños de otros vehículos nacionales en el Repuve.

“Se permitirá compartir la información en los tres órdenes de gobierno para generar inteligencia y evitar la impunidad, además del mejoramiento de la seguridad pública en entidades federativas porque se evitará que estos vehículos sean usados por bandas criminales y de forma anónima”, señaló Rosa Icela.

“De esta forma atendemos el tema de seguridad y la falta de certeza jurídica de cuyas familias deciden comprar estos vehículos para trasladarse a la escuela, trabajo o actividades diarias, ahora tendrán certidumbre sobre su patrimonio”, comentó.

“Los recursos que se obtengan de esta medida se utilizarán para reparar calles y baches en las entidades”, agregó.

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