El gobierno de Trump planea recortes en la oficina que financia la recuperación tras catástrofes

Por Christopher Flavelle

El personal de la oficina, una rama del Departamento de Vivienda de EE. UU. y que el Congreso utiliza para hacer frente a las peores catástrofes, se reduciría en un 84 por ciento.

El Gobierno de Trump planea prácticamente eliminar la oficina que supervisa la recuperación de Estados Unidos tras las mayores catástrofes, lo que plantea interrogantes sobre cómo Estados Unidos reconstruirá tras huracanes, incendios forestales y otras calamidades agravadas por el cambio climático.

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La Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario, que forma parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por su sigla en inglés), paga la reconstrucción de viviendas y otros esfuerzos de recuperación tras las peores catástrofes del país, como el huracán Helene en Carolina del Norte y el huracán Milton en Florida.

El gobierno tiene previsto recortar el personal de esa oficina en un 84 por ciento, según un documento obtenido por The New York Times. El número de trabajadores se reduciría a 150, frente a los 936 que había cuando Trump tomó posesión el mes pasado.

Esos recortes podrían ralentizar la distribución del dinero destinado a la recuperación de Carolina del Norte y otras catástrofes recientes, dependiendo de la rapidez con que estas se produzcan.

“El HUD está llevando a cabo los esfuerzos más amplios del presidente Trump para reestructurar y racionalizar el gobierno federal con el fin de servir al pueblo estadounidense al más alto nivel”, afirmó una portavoz del departamento, Kasey Lovett, en una declaración inicial.

En una declaración adicional, Lovett escribió: “Los esfuerzos de recuperación tras las catástrofes son una prioridad máxima y no se verán afectados. La misión del HUD de servir a todas las comunidades —especialmente tras las tragedias— permanece inalterada.“

La responsabilidad principal de reconstruir comunidades tras grandes catástrofes recae en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés), que ayuda a los gobiernos estatales y locales a pagar la reparación o reconstrucción de carreteras, puentes, escuelas, plantas de tratamiento de agua y otras infraestructuras públicas dañadas. La agencia también proporciona dinero para ayudar a reparar las viviendas dañadas.

Pero algunas catástrofes son tan grandes que superan la financiación de la FEMA, o los daños no encajan perfectamente en los programas de la FEMA. Cuando eso ocurre, el Congreso puede optar por proporcionar ayuda adicional, a través de un programa del HUD denominado Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad - Recuperación de Catástrofes.

Esa ayuda adicional del Congreso puede suponer sumas mucho mayores que las que puede proporcionar la FEMA. En 2006, por ejemplo, el Congreso proporcionó casi 17.000 millones de dólares para reconstruir la costa del golfo tras los huracanes Katrina, Rita y Wilma. Tras el huracán Sandy, el Congreso concedió a Vivienda y Desarrollo Urbano más de 15.000 millones de dólares para ayudar a reconstruir el noreste.

A medida que las catástrofes se han hecho más frecuentes y graves, el programa de recuperación de catástrofes del HUD se ha convertido en un elemento central de la estrategia del país para hacer frente al cambio climático. Durante la década de 1990, el Congreso solía dar al programa unos cientos de millones de dólares al año. En la última década, en contraste, el Congreso ha proporcionado a menudo miles o incluso decenas de miles de millones anuales.

El dinero del HUD para la recuperación de catástrofes también viene con menos condiciones. El dinero se utiliza en gran medida para reconstruir viviendas que no estaban aseguradas o lo estaban insuficientemente, por las cuales no paga la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. También se destina a reconstruir infraestructuras que no cubre la FEMA, como las carreteras y puentes privados que resultaron muy dañados por Helene en Carolina del Norte.

El dinero también puede utilizarse para capacitación laboral, para ayudar a los trabajadores cuyos empleadores quebraron tras la catástrofe.

Como los funcionarios estatales y locales suelen verse desbordados por una catástrofe, y como la afluencia de fondos federales es grande y rápida, una de las principales tareas del HUD es garantizar que el dinero no se pierda por despilfarro, fraude o abuso. Eso incluye tareas como ayudar a los gobiernos estatales y locales a establecer sistemas para evitar pagar dos veces a los contratistas, según un exfuncionario que trabajó en el programa. También puede significar tareas más complicadas, como coordinar las subvenciones del HUD con otros programas federales para catástrofes.

La oficina de planificación y desarrollo comunitario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ya estaba al límite de su capacidad, sobre todo porque las catástrofes a gran escala son cada vez más frecuentes. En promedio, los empleados del HUD que gestionan las subvenciones para catástrofes son responsables de supervisar cada uno unos 1000 millones de dólares en subvenciones, según un funcionario que trabajaba en la oficina.

Los profundos recortes de personal harían más difícil que el HUD evitara el fraude, el despilfarro y el abuso, según dos exfuncionarios familiarizados con el programa que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Los recortes los dicta el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuyo objetivo declarado es reducir el fraude, el despilfarro y el abuso.

La Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario se encarga de gestionar otros programas de gasto, aparte de la recuperación tras el desastre. Entre ellos se incluye el pago de mejoras de infraestructuras como alcantarillado y banquetas, proyectos de viviendas asequibles y programas como Comida sobre Ruedas.

c. 2025 The New York Times Company