Fiscalía de Venezuela pide anular instalación de la Constituyente

Internacional
/ 4 agosto 2017

La oposición denuncia que hubo fraude a favor de Maduro

CARACAS.- El Ministerio Público (Fiscalía) de Venezuela solicitó este jueves ante un tribunal del país anular la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue elegida el pasado domingo y ha sido rechazada por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el organismo indicó que dos fiscales solicitaron la medida ante un tribunal de control, un día antes de que se instale ese cuerpo que tendrá poderes ilimitados para redactar una nueva Constitución y reformar el Estado sin que ninguna institución pueda oponerse.

“El requerimiento de los fiscales se basa en la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral”, agregó la Fiscalía en otro mensaje.

La institución también pidió el resguardo del material electoral utilizado el 30 de julio e hizo referencia a otras denuncias parecidas, introducidas en el pasado por particulares, y que llevaron a la suspensión de un referendo revocatorio presidencial y al retiro de tres diputados opositores que ya habían sido proclamados.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció este miércoles la apertura de una investigación sobre la presunta manipulación de los resultados de la votación, que implica a cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país caribeño.

Según el CNE, 8 millones 89 mil 320 personas –el 41.53 por ciento del censo– participaron el domingo en una jornada de votación que estuvo marcada por las protestas y la muerte en disturbios de al menos 10 personas.

Sin embargo, Antonio Múgica, consejero delegado de Smartmatic, compañía que instaló unas 24 mil máquinas de voto electrónico en Venezuela, afirmó el miércoles que las cifras oficiales sobrestiman el número de ciudadanos que acudieron a las urnas en al menos un millón de votos.

La titular del Ministerio Público solicitó además una nueva auditoría con “expertos nacionales e internacionales, pero sin las rectoras de CNE porque ellas son las primeras cuestionadas”, con el fin de determinar responsabilidades. 

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