La Casa Blanca envía al personal de carrera a sus casas, mientras rediseña la burocracia

Por Michael Crowley y David E. Sanger

Mike Waltz, asesor de seguridad nacional, sugirió a principios de este mes que nada importa más que el apoyo de su personal a las políticas de Trump.

Cuando el personal de carrera del Consejo de Seguridad Nacional entró en una videollamada a las 11:30 de la mañana del miércoles, ya se había instalado una sensación de temor.

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Sabían exactamente lo que el presidente Trump pensaba del Consejo: que era el núcleo del Estado profundo, cuyos empleados, casi todos procedentes de los Departamentos de Estado y Defensa o de otras agencias, se habían vuelto contra él en su primer mandato.

Así que no hubo ninguna sorpresa cuando se hizo el anuncio. En una reunión que duró apenas unos minutos —sin preguntas, por favor— se les dijo que recogieran sus cosas y se fueran a casa. No envíen correos electrónicos y esperen nuevas instrucciones, se les dijo, y algunos de ustedes serán invitados a postularse para sus antiguos puestos.

Pocos minutos después del mediodía, los trabajadores del Consejo de Seguridad Nacional, que se ocupan de crisis en todo el mundo, salían de sus oficinas en una pausa para comer de la que muchos no volverían.

Aun así, puede que ellos fueran los afortunados: nadie fue despedido. Muchos simplemente volverán a sus antiguas agencias y buscarán trabajo.

Fue un paso precoz, pero dramático, hacia el ambicioso objetivo de Trump de colocar firmemente su sello en la burocracia federal. Trump y su equipo llevan meses planeando empezar a echar a trabajadores de lealtad incierta —o peor— y sustituirlos por aliados políticos comprometidos con sus prioridades.

Cada nuevo presidente nombra a miles de nuevos funcionarios en todo el gobierno, la mayoría de ellos aliados políticos.

Pero los expertos afirman que las intenciones a largo plazo de Trump son claras, evidenciadas por una orden ejecutiva que firmó en su primer día en el cargo, por la que se concede a sí mismo nuevos poderes para despedir a funcionarios que, desde la década de 1880, han disfrutado de protecciones laborales especiales destinadas a protegerlos de los cambiantes vientos partidistas.

“Nos estamos deshaciendo de todo el cáncer”, dijo Trump al firmar la orden ejecutiva, conocida como Schedule F. “El cáncer causado por el gobierno de Biden”.

Esta orden podría provocar 50.000 despidos o más y “supondría una remodelación masiva de la fuerza de trabajo federal”, dijo Rachel Augustine Potter, profesora asociada de la Universidad de Virginia, quien estudia la burocracia federal.

“Gran parte de la deconstrucción del ‘Estado administrativo’ de la que hablaba Trump en su primer mandato era mucho más palabrería, pero ahora parece que tienen un plan en marcha”, dijo.

Los defensores de los trabajadores federales lo califican de crisis inminente, aunque añaden que Trump tendrá que luchar contra obstáculos legales para llevar a cabo cambios tan drásticos. El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro ya ha presentado una demanda impugnando el plan.

El gobierno de Trump “ha iniciado la marcha deliberada para convertir nuestra función pública basada en el mérito en un sistema basado en el amiguismo, pero lucharemos contra ellos en cada paso del camino”, dijo el senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland.

Destacó el despido de la comandante de la Guardia Costera estadounidense, la almirante Linda L. Fagan, por parte del jefe en funciones del Departamento de Seguridad Nacional de Trump, quien adujo una serie de causas, entre ellas una supuesta mala gestión y un “excesivo enfoque” en la diversidad dentro del servicio.

“Fue una señal muy ominosa de cuáles son sus planes”, dijo Van Hollen, quien dijo haber trabajado estrechamente con la almirante Fagan tras el derrumbe de un importante puente cerca de Baltimore el pasado mes de marzo y haberla considerado altamente cualificada.

La reunión con el personal del Consejo de Seguridad Nacional ejemplificó la nueva dinámica. El Consejo recurre a las agencias federales en busca de talento. Y para los elegidos, el trabajo en la Casa Blanca durante uno o dos años suele ser una gran oportunidad para sumergirse en la cúspide de la gestión de la política exterior. Aprenden a servir a presidentes de ambos partidos, aunque no está claro si esa tradición continuará por ahora.

Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Trump, sugirió a principios de este mes que nada importa más que el apoyo de su personal a las políticas del presidente. “Permítanme ser claro: cualquiera que trabaje a las órdenes del presidente Trump en el NSC estará plenamente alineado con su programa político de Estados Unidos primero”, escribió Waltz en las redes sociales, empleando la sigla en inglés del Consejo de Seguridad Nacional. (Waltz no participó en la videollamada del miércoles).

Cuando Trump llegó a la presidencia, su asesor de seguridad nacional, Michael T. Flynn, reunió al personal en un gran auditorio. Expuso sus objetivos; muchos de los miembros del personal de carrera, en misiones a las que aún les quedaban seis meses o un año, se quedaron hasta que terminaron sus misiones temporales. (De hecho, fue el propio Flynn quien, en menos de un mes, fue despedido. Lo sucederían otros tres asesores de seguridad nacional).

Por supuesto, cuando los profesionales del Consejo de Seguridad Nacional fueron enviados a casa, las operaciones se ralentizaron. Esos miembros del personal conocen los temas de actualidad, pueden acceder a los sistemas informáticos clasificados y son las conexiones con sus agencias de origen. No quedó claro de inmediato cómo serían sustituidos.

Trump ha dicho que su Consejo de Seguridad Nacional será más reducido. Hay menos asesores adjuntos de seguridad nacional y se han eliminado algunos puestos creados por el presidente Joe Biden. Pero si la historia sirve de guía, su tamaño aumentará con el tiempo.

Los cambios han llegado a los niveles superiores de otros departamentos y agencias. En el Departamento de Justicia, tres de los funcionarios de carrera de mayor rango e influencia fueron reasignados a puestos menos importantes el martes por la tarde, entre ellos uno que trabajó en la investigación federal sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump entre sus presidencias.

Algunos funcionarios y exfuncionarios dijeron que las salidas costarían al departamento una valiosa experiencia y se preguntaron si la rapidez de los cambios podría violar las normas de la función pública.

El nuevo gobierno también sacudió al FBI esta semana, al nombrar a un nuevo director en funciones y a su adjunto, pasando por alto a los agentes más veteranos que se consideraba que estaban en la cola para esos puestos.

En el Departamento de Estado, decenas de funcionarios de alto rango dimitieron de sus cargos el lunes a petición del equipo de Trump, una rotación más rápida de lo que, según algunos diplomáticos, es habitual en el departamento, sobre todo teniendo en cuenta que no tienen sustitutos inmediatos. Marco Rubio, exsenador republicano por Florida, juró su cargo como secretario de Estado y celebró sus primeras reuniones en el departamento el martes.

Pero muchos diplomáticos de carrera, muy conscientes de que Trump ha llamado a su empleador el “Departamento de Estado Profundo”, dicen que las cosas podrían estar peor y se han sentido alentados por los primeros comentarios de Rubio reconociendo la experiencia del departamento. El primer secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, se involucró rápidamente en lo que denominó un “rediseño” del departamento que incluía una propuesta de recorte presupuestario del 30 por ciento, aunque el Congreso rechazó gran parte de ese plan.

En el Pentágono, Robert G. Salesses, un antiguo funcionario de rango medio del Departamento de Defensa, actuará como secretario de Defensa en funciones hasta que el Senado confirme un nuevo secretario, según una declaración de la Casa Blanca del lunes. El Comité de Servicios Armados del Senado votó el lunes a favor del nombramiento de Pete Hegseth, la elección de Trump para dirigir el departamento, pero es posible que el pleno del Senado no vote hasta finales de la semana.

Otros tres funcionarios de carrera del Pentágono fueron nombrados secretarios en funciones del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

El Pentágono anunció también el martes los nombramientos de 32 funcionarios de rango medio que no requieren la aprobación del Senado. Estos funcionarios, entre los que se incluyen jefes de personal, especialistas en políticas, abogados y responsables de medios de comunicación, representan un equipo esquelético para empezar a llevar a cabo las directrices de Trump hasta que puedan confirmarse con el tiempo numerosos nombramientos políticos.

El miércoles no había indicios de despidos generalizados en el Departamento de Defensa.

Salesses, oficial retirado del Cuerpo de Marines, es el subdirector de los servicios del cuartel general de Washington, centrados en recursos humanos, instalaciones y gestión de recursos. También ha desempeñado cargos políticos de alto rango en el Departamento de Defensa, supervisando el apoyo del Pentágono a las misiones de defensa nacional y la gestión de las crisis domésticas.

Para muchos funcionarios del Pentágono, el acontecimiento más dramático de la semana ha sido la orden de la Casa Blanca de retirar del edificio un retrato del general Mark A. Milley, quien fue jefe del Estado Mayor Conjunto bajo el mandato de Trump. Tras su retiro, Milley denunció públicamente a Trump como un peligro para la nación y un “fascista hasta la médula”.

Algunos funcionarios militares y civiles que han trabajado a las órdenes del general Milley están preocupados por la posibilidad de que sean objeto de una posible purga de lealtad.

El lunes también se pidió la dimisión del administrador de Seguridad en el Transporte, David Pekoske. Fue nombrado por Trump, pero Biden lo mantuvo en el cargo. Sus colegas esperaban que cumpliera un mandato de cinco años, que terminaría en 2027, y que actuara como jefe en funciones del Departamento de Seguridad Nacional.

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