No hay condiciones en México para continuar mandato del GIEI: CIDH

WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció ayer que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigan la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa cesará sus funciones, y que en su lugar creará un mecanismo especial hasta lograr que se dé cumplimiento a las recomendaciones de los expertos.

La CIDH señaló que consultará con el Estado mexicano y las familias de las víctimas para determinar los términos específicos que guiarán este mecanismo de seguimiento especial.

El presidente de la CIDH, el estadunidense James Cavallaro, lamentó la negativa del Estado mexicano para prorrogar la permanencia del GIEI una vez que expire su mandato, el próximo 30 de este mes.

Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo, indicó.

ASESORÍA DE LOS EXPERTOS

Cavallaro añadió que existe la posibilidad de que los expertos continúen brindando asesoría al organismo interamericano una vez que se establezca el mecanismo de seguimiento, porque conocen muy bien el caso.

El funcionario descartó que el fin del mandato del grupo de expertos signifique que la CIDH vaya a abandonar el caso o a las familias de las víctimas.

El mecanismo buscará cumplir con las medidas cautelares solicitadas por la comisión, la cual exige que se encuentre a los estudiantes y descubrir qué pasó con ellos, explicó. El mecanismo será el vehículo principal para darle seguimiento práctico a las recomendaciones de los expertos, precisó.

Sin embargo, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, admitió a Ap que “la presencia del grupo generaba una cooperación sui géneris y novedosa, que ahora va a disminuir.

Pero en definitiva la investigación para esclarecer el caso es responsabilidad del Estado mexicano, no de la CIDH ni de los expertos, afirmó.

La decisión fue adoptada por la comisión tras varios roces con el Estado mexicano.

El gobierno de México señaló en un comunicado que está comprometido a buscar justicia en este caso y que considerará las recomendaciones que emita el grupo de expertos en su reporte final.

Los expertos, que prevén presentar sus conclusiones y recomendaciones finales el 24 de abril en México, criticaron recientemente al gobierno mexicano por divulgar unilateralmente un nuevo peritaje sobre el basurero de Cocula, donde, según las autoridades, fueron quemados los jóvenes, y denunció que sus integrantes son blanco de ataques en un intento de disuadirlos de buscar la verdad del caso.

Las familias de las víctimas pidieron a la CIDH que los expertos continuaran trabajando hasta que se esclarecieran los hechos, se determine el paradero de los desaparecidos y se castigue a los responsables.

Una delegación gubernamental dijo esta semana, tras reunirse con la CIDH, que ya era momento de que los expertos presentaran sus recomendaciones finales, pero negó haber discutido sobre cómo interpretar el acuerdo que dio lugar al GIEI en 2014.

El acuerdo sobre la participación del grupo en la investigación indica que su mandato será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario, en consulta de la CIDH con las partes.

La comisión había insistido en que le correspondía al organismo y no al Estado tomar tal decisión.

LAS AUTORIDADES ASEGURAN QUE SEGUIRÁN TRABAJANDO CON FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

El gobierno de México valoró ayer positivamente los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias.

Ello luego de informar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le confirmó oficialmente que el 30 de abril concluye el mandato del GIEI. Dicha instancia fue creada a la luz del Acuerdo de Asistencia Técnica para el Caso Ayotzinapa, en el contexto de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en octubre de 2014.

A través de un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República (PGR), la administración de Enrique Peña Nieto señaló que la comisión interamericana establecerá un mecanismo de seguimiento de las medidas cautelares, que se circunscribirá a sus facultades reglamentarias y de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en la región.

Los detalles de dicho mecanismo serán definidos en los próximos días, en consulta con el Estado mexicano y los beneficiarios de las medidas cautelares, puntualizó.

Las autoridades se comprometieron a seguir dando la atención correspondiente para la efectiva implementación de las medidas cautelares de referencia, y a las recomendaciones que formulará el GIEI en su informe final, que serán debidamente consideradas, como se ha venido haciendo a la fecha.

Insistió en que las dependencias competentes continuarán trabajando con los familiares de las víctimas y sus representantes.

En el comunicado, el gobierno reiteró su voluntad indeclinable para alcanzar la justicia y esclarecer los hechos de este doloroso caso.

México “seguirá colaborando con los organismos internacionales relevantes, a fin de que contribuyan en la construcción de políticas públicas sólidas y en el mejoramiento de nuestras instituciones, añadió en el documento, en el que insiste en estar comprometido con la protección y promoción de los derechos humanos.

La CIDH dio ayer por terminada la misión del grupo de expertos tras la negativa del gobierno de prorrogar su estancia en el país, para continuar coadyuvando en la investigación sobre la desaparición de los normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero.

Hasta la fecha no ha aclarado las razones de su negativa y sólo se han concretado a señalar que es tiempo de que los especialistas den a conocer el resultado de sus pesquisas.

En un primer corte, los integrantes del GIEI desestimaron la versión oficial sobre el destino de los jóvenes, según la cual, estos habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Según el peritaje efectuado, en ese lugar no se registró un fuego tan intenso como para desaparecer los cuerpos.

La posición de los expertos generó roces con la PGR y otras instancias gubernamentales.