Reciben ‘minicastigos’ por corrupción en Capufe por prácticas irregulares en administración pasada
Delegados fueron inhabilitados o amonestados hasta este sexenio
CDMX.- En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Órgano Interno de Control (OIC) en Caminos y Puentes Federales (Capufe) detectó serias irregularidades en los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, así como anomalías en la administración y control de diversas plazas de cobro, pero ninguno de los 13 delegados y subdelegados involucrados fue sancionado.
El castigo para ellos llegó tras el cambio de gestión: al menos cinco de ellos fueron inhabilitados, mientras ocho fueron suspendidos o amonestados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante el primer año de este gobierno al ser acusados de “negligencia administrativa”.
En una revisión hecha a medio centenar de auditorías que practicó el OIC en Capufe entre 2013 y 2018 se encontraron prácticas irregulares en diversas delegaciones.
Como ejemplo de ello está la delegación regional VII Reynosa, en Tamaulipas: durante 2014 se encontraron deficiencias en la operación y administración de la línea exprés para la recaudación de los ingresos y tras un análisis de lo recaudado por concepto de peaje se determinó que la compañía de traslado de valores presentaba desfases en los depósitos de ingresos, otros no identificados y algunos más anticipados.
El OIC recomendó al entonces delegado Marcos Amaro Olivares Olvera una serie de mejoras. El funcionario continuó en el cargo tras el cambio de gobierno, y en marzo de 2019 la SFP lo castigó con una simple amonestación. En julio de ese año dejó finalmente el puesto que ejercía desde 2013.
Otro ejemplo es la delegación regional X de Monterrey, zona norte, a cargo de Tito García Herbert,donde en una auditoría de 2017 hecha a adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados se detectó que varios contratos se fraccionaban para evitar la licitación pública.
En diversas compras que se realizaron a un proveedor por concepto de venta de boletos de avión se sobrepasaba el monto establecido para las adquisiciones directas.
Además, tras el análisis de 40 pagos realizados por servicios otorgados en los meses de marzo, abril y mayo de 2017, se encontró que 68% de ellos presentaban penalizaciones tras haberse detectado algún incumplimiento, entre otras anomalías.
El 31 de enero de 2019, tras el cambio de administración, García Herbert fue amonestado por la SFP y el 8 de abril dejó el cargo para después, en junio de ese año, ser inhabilitado.
