Señalan a la FGR por ocultar las declaraciones de los militares
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Abogado de padres de los 43, asegura que el gobierno no quiere investigar
CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, oculta las declaraciones de los militares del caso Ayotzinapa, a pesar de que años atrás el Ministerio Público ya había entregado versiones públicas legibles de las primeras declaraciones hechas por soldados.
Obligada por la Ley de Transparencia tras un recurso de revisión, la FGR entregó 239 hojas con amplias zonas testadas de las versiones del personal militar que pudo conocer información o participar en la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Las declaraciones son ilegibles. Hay hojas que tienen sólo dos palabras sin tachar, y otras donde sólo se pueden leer palabras como “después”, “no recuerdo”, “no recuerdo bien” o “26 de septiembre”. En otras páginas se pueden ver párrafos completos que no contienen información sustantiva que ayude a conocer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
A siete años de la desaparición forzada de los jóvenes, las investigaciones de la FGR apuntan cada vez más a la participación del Ejército, como la detención del “Capitán Crespo” en 2020. Sin embargo, el abogado que acompaña a los padres y madres de los normalistas, Vidulfo Rosales, ha dicho que no hay voluntad del gobierno mexicano para indagar a las fuerzas castrenses, y que hay un testigo que asegura que al menos 25 estudiantes fueron llevados al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero.
La postura del actual Ministerio Público de la Federación de no transparentar las nuevas declaraciones rendidas por los militares difiere de la que había adoptado la institución en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando era aún Procuraduría General de la República (PGR). En ese entonces, la PGR, por órdenes del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), tuvo que elaborar una versión pública del expediente conformado por miles de fojas debido a que los hechos de Ayotzinapa constituían una violación grave a los derechos humanos.
La versión pública, que incluía las primeras declaraciones hechas por los militares, fue revisada por el instituto de transparencia en un largo y arduo trabajo que les llevó semanas. El objetivo del Inai era que no se testara más información de la necesaria. La presión y el descontento social obligó a la PGR a abrir la documentación oficial.