Terreno que Eugenio Hernández adquirió ilegalmente es usado por la delincuencia organizada
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El sector, señalaron, está constantemente vigilado por personas que realizan el llamado "halconeo"
Al ex gobernador de Tamaulipas se le acusa de la compra por 16 millones de pesos de un terreno de mil 600 hectáreas que pertenecían al patrimonio de la entidad. A través de Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC S. A. de C. V. realizó en 2007 la adquisición del terreno localizado en el Puerto Industrial de Altamira y que según fuentes federales es utilizado como escondite por integrantes de la delincuencia organizada.
El sector, señalaron, está constantemente vigilado por personas que realizan el llamado "halconeo".
"Es un área vigilada de forma discreta por ser territorio usado como refugios de maleantes.
"La gente puede ingresar una vez, pero si notan que lo hacen más seguido, podrían ser objeto de las guardias de los grupos delincuenciales al ser alertados por su red de informantes", indicó una fuente.
El valor real del terreno actualmente asciende a mil 584 millones de pesos.
Para la operación de compra-venta participaron las empresas Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres de Tomás Yarrington; y GMC S. A. de C. V. de Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, ex secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el gobierno de Eugenio Hernández Flores.
Antecedentes del Terrreno en el Puerto Industrial de Altamira
En 2002 Tomas Yarrington Ruvalcaba como gobernador vendió las 1,600 hectáreas en 14 millones de pesos a su prestanombres, Fernando Cano Martínez a través de la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A de C.V. y éste a su vez en una segunda operación de venta, cinco años después, en 2007 lo transfirió por 16 millones de pesos a la empresa GMC S.A de C.V de Altamira propiedad de Alberto Berlanga Bolado, presunto prestanombres de Eugenio Hernández Flores.
De acuerdo con información del Instituto Registral y Catastral del estado, los terrenos habían sido asegurados desde el 21 y 22 de junio de 2012, a solicitud de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO).
Con información de Reforma
