Una mujer y su bebé murieron en un IMSS Oportunidades de Chiapas, por falta de equipo y traslado rápido

Marisol Martiríz, de 30 años, llegó al Hospital rural IMSS Oportunidades en Bochil, Chiapas, cinco días antes de la fecha programada para cesárea. No tuvo dolores de parto, pero las náuseas y vómitos la alarmaron. Los doctores detectaron que la bebé estaba muerta en su vientre; al intervenirla, tuvo desprendimiento de placenta y una hemorragia que pareció incontrolable. Le extirparon el útero, la suturaron y recibió transfusiones de sangre que le salvaron la vida… en ese momento.

Eran las 9 de la noche del 20 de julio de 2015. La clínica IMSS Oportunidades de Chiapas, donde era atendida, no tenía equipo ni personal para atender su emergencia, así que debían trasladarla urgentemente al hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, pero se tardaron ocho horas para hacerlo. ¿La razón? El único especialista que la podía atenderla iniciaba su turno a las 8 de la mañana del 20 de julio. Marisol falleció durante el traslado.

El caso de Marisol, además de ser una cadena de errores y una emergencia que se convirtió en una situación irreversible, ejemplifica lo inoperante del “Convenio para la Atención de la Emergencia Obstétrica” que el ex presidente Felipe Calderón anunció en 2009 como la estrategia que evitaría muertes maternas en el país.

Este consistía en convertir en una sola red los hospitales y unidades médicas del IMSS, ISSTE y la Secretaría de Salud para atender a las mujeres embarazadas sin que estuvieran afiliadas a esas instituciones. Así, cuando un hospital careciera del equipo y médicos para atenderla, podría trasladar a la paciente a un lugar donde sí hubiera infraestructura o personal.

No ocurrió con Marisol.

El “extravío” del útero extirpado

Marisol era de nacionalidad salvadoreña y desde hacía 12 años vivía en unión libre con Miceli Gómez, originario de Bochil, Chiapas. Este era el cuarto embarazo de la joven. Acudía con regularidad al Hospital rural IMSS Oportunidades, creado para atender a la población de áreas rurales o urbanas marginadas en condiciones de pobreza extrema, sin que le advirtieran de algún tipo de riesgo durante el proceso de gestación.

Su expediente revela una cadena de errores que le costaron la vida a ella y al bebé. El 16 de julio de 2015, cuando le dieron la fecha para practicarle una cesárea, el médico ordenó que se le practicara una prueba PSS, que sirve para registrar la frecuencia cardiaca del feto.

El personal médico del hospital no se lo hizo porque no tenían papel para el registro cardiotocográfico en el servicio de urgencias y sólo hicieron una auscultación para obtener el dato. El médico también había ordenado un ultrasonido, pero tampoco lo hicieron porque el aparato sólo se usaba para emergencias.

Lo que hizo el personal de la clínica fue recomendarle que acudiera a un médico particular para obtener el ultrasonido, pero Miceli, que trabaja como chofer, asegura que no tenían dinero para pagarlo.

Marisol había tenido cierto dolor de cabeza, sus brazos y manos se pusieron morados desde el 14 o 15 de julio.

“No tengo la certeza de que esto se encuentre relacionado con los hechos, pero cabe la posibilidad de que de haberse realizado el estudio se hubiera podido detectar alguna urgencia obstétrica, dando oportunidad a que ahora nuestra bebé y Marisol estuvieran vivas”, narra Miceli.

Se trata de “irregularidades” en el expediente durante la atención, advierte, Daniela Díaz Echeverría, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C, quien representa a Miceli, en la denuncia administrativa que interpuso contra el hospital rural por la muerte de Marisol.

Las irregularidades continuaron el día del fallecimiento. Cuando los doctores se dieron cuenta que la bebé estaba muerta y la intervinieron, debido al desprendimiento de placenta y a la hemorragia en la cavidad uterina, decidieron extirpar el útero, controlar la hemorragia y transfundirle sangre

Cuando los doctores avisaron a Miceli sobre el estado crítico de su esposa, eran las 12:30 de la madrugada. Ya no había más sangre para transfusión y debía ser tratada en un hospital que sí tuviera equipo de cuidados intensivos. Los médicos le decían que ningún hospital quería recibirla.

El personal solicitó el traslado al Hospital General de Tuxtla Gutiérrez a las 4 de la madrugada. De acuerdo con la declaración ministerial del médico general del hospital rural, habló con sus colegas vía un chat de celular explicando la situación, pero la respuesta llegó a las 4:22 horas de la mañana.

“Sin médico, (se encuentra) en terapia intensiva en estos momentos”. Y la conversación siguió:

no es posible recibirla en urgencias? Requiere hemoderivados (tejidos de la sangre).
Estamos solicitando espacio a las 8 am del siguiente turno (4:25 horas). Está autorizada recepción a las 8 am. Deberán salir a las 6:30 con anestesiólogo a cargo del traslado (4:27 horas)
Enterado, notificaré al personal.

Poco antes de ser trasladada, por la mañana, una enfermera le entregó a Miceli un ánfora que contenía la matriz de Marisol para que la llevara al hospital de Tuxtla. Así lo hizo, la entregó al médico encargado de la unidad de cuidados intensivos.

En el expediente clínico (obtenido vía el Juicio de Amparo y el entregado posteriormente por el IMSS) no existe ninguna constancia de esa entrega, así que no se sabe el destino del útero extraído.

“El útero extraído a Marisol se perdió; nunca fue entregada a patología del Hospital General Zona 2 del IMSS en Tuxtla, el personal involucrado no sabe qué ocurrió”, narra Miceli. La importancia del útero radica en que un análisis patológico del mismo permitiría saber si el diagnóstico de Marisol, y por tanto conocer si las decisiones tomadas fueron las correctas”, dice.

Estas irregularidades, expone Daniela Díaz, “constituye indudablemente una grave violación a sus derechos humanos, pues ello contribuyó a su muerte”.

El equipo de Fundar integró un expediente del caso y, además de la investigación que realiza la delegación de la PGR en Tuxtla (debido a que se trata de una unidad médica federal), interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que fue admitida esta semana.

El convenio de papel

El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica (CAEO) fue firmado en mayo de 2009 por el ex presidente Felipe Calderón como parte de la estrategia para disminuir la mortalidad materna en México. Establecía que todas las mujeres con complicaciones obstétricas deberían ser atendidas en cualquier unidad de salud del IMSS, ISSSTE o SSA, sin importar su afiliación.

Sin embargo, este caso pone en evidencia que no ocurre, insiste Daniela Díaz. Tardaron ocho horas en trasladar a una paciente en estado crítico por la falta de personal, pese a que, según el convenio, debería haber recursos humanos las 24 horas, los 365 días.

Además, aunque los hospitales sean certificados para formar parte de la red de atención, no van acompañados de mayores recursos para que puedan brindar una mejor atención a las poblaciones, afirma.

Aunque en la adhesión al convenio, Chiapas se comprometió a que todos los hospitales tuvieran plantillas completas, en sus tres turnos, con insumos necesarios para la atención de las emergencias obstétricas y equipamiento para atenderlas, no estuvo acompañado de presupuesto necesario.

De acuerdo con el monitoreo al convenio realizado por el Observatorio de mortalidad materna en México, en 2011, Chiapas recibió 19 millones 412 mil pesos de presupuesto para este rubro, de ello, sólo 4 millones se destinó a insumos y el resto a gastos financieros (nómina y gastos de operación).

Además, el monitoreo incluyó entrevistas en el estado y concluyó que “no hay nexos de colaboración entre las diversas instituciones resolutivas en caso de que su capacidad sea rebasada”. Además, el personal encuestado coincidió que “faltan recursos materiales (insumos y equipo médico)” en tres instituciones visitadas “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”, de la Secretaría de Salud, Hospital General “Belisario Domínguez”, del ISSSTE y el Hospital General No. 2 del IMSS.

Después de lo ocurrido a Marisol, Miceli pide que la entidad se comprometa a generar las condiciones para que estos casos no se repitan y que los hospitales de Chiapas cuenten con recursos humanos, insumos, equipo e infraestructura suficiente para la atención de emergencias.

Además, en la queja interpuesta ante la CNDH, pidió que el ombudsman emita una recomendación donde señale las violaciones a derechos humanos cometidas y se establezcan las medidas correspondientes para la reparación integral del daño, incluyendo una justa compensación, becas que garanticen la educación a los tres hijos pequeños de Marisol, atención psicológica, emocional para la familia y garantías de no repetición.