Unos defienden el derecho a circular a toda velocidad; otros salvan vidas

Puedo entender el motivo de las prisas. Siempre tenemos una junta importante, o un imprevisto, o una circunstancia que justifica aplanar el acelerador. El diseño de la ciudad -promovido por nuestras propias autoridades- promueve las altas velocidades. Hay tantos distribuidores viales, y tantos puentes peatonales, y tantos semáforos con tan largos ciclos en verde que los automovilistas reciben un mensaje  claro y sonoro: Písale. El plan de obras del Gobernador te dice písale. La forma en que ejercemos el presupuesto municipal de dice písale. La actitud del tránsito de la esquina te dice písale. El consenso político sobre la alta velocidad es tan sólido que los límites contenidos en los reglamentos de tránsito vigentes se vuelven de chocolate. Su aplicación es tan flexible, tan discrecional, que observar las normas se reduce a un mero asunto de ganas.

Ofrezco el caso de Saltillo, mi ciudad, donde aparentemente pocos respetan los límites de velocidad. Hace apenas algunas semanas, el Alcalde ordenó la instalación de una decena de cámaras en tres “vías rápidas”. En un primer muestreo, estas cámaras documentaron que 7 de cada 10 automovilistas viaja a más de los 70 kilómetros por hora permitidos. De hecho, estas cámaras captaron a varios locos viajando a más de 150 kilómetros por hora. Todos podemos racionalizar nuestras prisas personales. ¿Pero bajo que circunstancia podemos decir que el valor de nuestro tiempo es tan elevado como para justificar poner en riesgo nuestra vida y la de los demás? ¿Cuántos de nosotros manejamos una ambulancia o una patrulla?

Hago público mi reconocimiento al Alcalde de Saltillo por subir este tema a la agenda. A juzgar por lo agrio de la crítica en los medios locales y en las redes sociales, el Alcalde tendrá que invertir capital político para mantener el rumbo. Ojalá que no se raje. Ojalá no ceda a las presiones de asesores y rivales acostumbrados a definir el alcance del interés público en base al calendario electoral. Castigar a quien circula a exceso de velocidad no es objeto de debate. Entiendo, obviamente, que los límites de velocidad pueden ajustarse, y que el municipio necesita urgentemente comunicar mejor sus intenciones. ¿Pero por qué será tan controvertida la intención municipal de multar a quienes circulan a más de 100 kilómetros por hora en calles donde el límite es apenas 70? ¿Por qué parece tan cuestionable que la autoridad haga su trabajo?

Van algunas cifras sobre lo que está verdaderamente en juego. En el 2014 treinta y seis personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Saltillo. Treinta y seis tíos, abuelos, hermanos, novios, compañeros, amigos. Mil 458 personas adicionales resultaron lesionadas. Esto es cada año, todos los años. Pocos se salvan. En casi todas las familias de la ciudad hay alguna historia trágica cuyo origen puede rastrearse a las prisas de alguien con un vehículo con alta potencia. El reto es reducir el número de víctimas hasta cero. Todo choque es prevenible. Cada muerte en las calles es un fracaso de la ciudad entera. Es una falla del gobierno, de los medios, de las cámaras empresariales, de las iglesias, de los arquitectos, de todos nosotros. Es un fracaso que quizá no se entiende hasta que nos toca estar del otro lado del golpe.

Varios amigos recibieron multas electrónicas y las subieron a sus redes sociales.  Casi todos se quejan del monto elevado de la multa. Otros critican la posible invasión a su privacidad. Algunos pocos sugieren que la empresa que administra el sistema para el Ayuntamiento es corrupta. Perdonen la falta de simpatía. Tengo tres familiares cercanos que perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito. Uno de ellos, el más reciente y el más cercano, murió tras impactarse con un camión de Servicios Panamericanos que circulaba a exceso de velocidad. Supongo que el chofer de este vehículo llevaba una carga valiosa. Supongo que tenía prisa y que su jefe le dijo “písale.” Quizá decidió que los límites de velocidad vigentes no corresponden a una “vía rápida.” ¿De cuánto debe ser la multa? ¿Qué mecanismo de vigilancia es razonable, justo, legítimo? ¿Qué medidas debe tomar el Ayuntamiento para que sucesos tan trágicos no se repitan nunca más?

La vida vale mucho. Mucho más que nuestras ganas de circular a toda velocidad.