Caso ‘El Pinabete’: una tragedia burocrática

De acuerdo con la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi, los deudos de los 10 mineros que perdieron la vida en el accidente del “pocito” El Pinabete no han podido recibir la pensión que les corresponde debido a un círculo vicioso burocrático: las actas de defunción de las víctimas no han sido expedidas porque no se han recuperado los cuerpos.

“Hay una situación que no ha permitido que ellos puedan hacer el trámite de sus pensiones, ¿por qué?, pues porque no hay un acta de defunción”, dijo la funcionaria durante su comparecencia ante el Congreso del estado con motivo de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de Miguel Ángel Riquelme.

La situación podría parecer lógica, pero no lo es. Por el contrario, estamos claramente ante un ejemplo de cómo las leyes pueden usarse como pretexto para revictimizar a quienes ya se encuentran en situación de víctimas debido a lo ocurrido.

En términos estrictos, un acta de defunción solamente puede expedirse si la autoridad responsable de hacerlo recibe la notificación formal, de parte de quien tenga la facultad legal de hacerlo, sobre la constatación de la muerte. Dicha constancia, en efecto, debe partir de la existencia de un cadáver, pero sólo en situaciones normales.

En el caso que nos ocupa, aunque es claro que los mineros no pueden estar vivos, porque han transcurrido más de cuatro meses desde que se inundó la mina donde trabajaban, los cuerpos no han podido ser rescatados y para ello aún podrían pasar varios meses más.

Es falso, sin embargo, que solamente si se recuperan los restos de los mineros trágicamente fallecidos podrían expedirse las actas de defunción correspondientes y, en consecuencia, proceder al pago de las indemnizaciones y otros beneficios que la legislación contempla para estos casos.

Tampoco es necesario crear nuevas leyes o reformar las ya existentes para que eso sea posible. Cualquier juez podría ordenar la expedición de las actas al Registro Civil, razonando debidamente la imposibilidad de que los mineros se encuentren con vida.

Para ello, sin embargo, es necesario que las autoridades involucradas en la atención del caso actúen pensando en la satisfacción de los derechos de las víctimas y no solamente a partir del cumplimiento mecánico de la ley en un caso que es atípico.

Resulta inconcebible que a más de cuatro meses de los hechos, la legión de abogados que puebla la nómina pública haya sido incapaz de encontrar, en el entramado legal vigente, los elementos suficientes como para promover una acción jurisdiccional que resulte eficaz en el propósito de ofrecer respuestas útiles a los deudos de esta tragedia.

Cabría esperar por ello que, además de la explicación groseramente burocrática expuesta ayer en el Congreso del Estado por la secretaria Zogbi, se tome la decisión de encargar a un equipo de abogados competentes el desarrollo y puesta en práctica de una estrategia que ponga fin a un círculo vicioso que no deriva de la falta de reglas, sino de la incompetencia.