El fantasma de la denominada “megadeuda” campea en Coahuila desde hace más de una década. Se trata, a no dudarlo, del peor agravio perpetrado en contra de los intereses de los coahuilenses en mucho tiempo. Y sobre la existencia de actos de corrupción a su alrededor no queda ya ninguna duda.
Primero -conviene siempre recordarlo- fue el exgobernador interino Jorge Torres López quien admitió -sin ambigüedades-, ante una juez de los Estados Unidos, haber obtenido dinero ilegal proveniente de sobornos por la asignación de obras públicas cuando ostentó el cargo.
Ayer, Javier Villarreal Hernández, quien fungiera como Tesorero del Estado durante la administración de Humberto Moreira, admitió en una corte de Brooklin haber participado en el lavado de unos 200 millones de dólares, mientras ejercía el cargo, provenientes del erario local.
El testimonio de Villarreal, ofrecido como parte del juicio en contra de Genaro García Luna, ha permitido conocer nuevos detalles sobre las operaciones para extraer dinero público de las arcas coahuilenses y utilizarlo para fines políticos y/o crear fortunas personales.
La gran incógnita, como siempre, es por qué a pesar de la evidencia acumulada en México siguen sin abrirse procesos en contra de quienes montaron -ahora es aún más evidente- todo un entramado de saqueo y convirtieron el dinero extraído de las arcas estatales -al menos en parte- en deuda pública que aún hoy seguimos pagando.
Ni las autoridades federales, ni las estatales de Coahuila, han considerado necesario perseguir las conductas ilícitas cometidas durante el período en que Humberto Moreira y Jorge Torres compartieron la titularidad del Ejecutivo coahuilense, ni emprender acciones para que, producto de los juicios en estados Unidos, se devuelva a nuestra entidad el dinero incautado allá.
La de ayer no es sino la evidencia enésima que ha surgido luego del escándalo desatado a finales de 2011, cuando se supo la magnitud de la deuda contraída por el Gobierno de Coahuila y la forma ilegal en la cual una parte de esta fue contratada: falsificando decretos del Congreso.
No se trata, es importante destacarlo, de simples chismes o de argumentos escuchados al pasar. Se trata de declaraciones formuladas bajo juramento en una corte estadounidense y por ello tienen fuerza legal, a menos que el juez a cuyo cargo se encuentra el juicio diga que deben desestimarse.
¿Qué valor tienen para las autoridades mexicanas estas confesiones? ¿Son solo un hecho anecdótico? ¿Tienen relevancia únicamente como munición política para sacar dividendos electorales?
Cabría esperar que no fuera así y que, a partir de lo dicho por Villarreal Hernández ayer, sumado a lo mucho que al respecto confesó en su momento Jorge Torres y otros testigos en los juicios librados ene Estados Unidos, las autoridades federales y estatales de México se decidieran, de una vez por todas, a hacer algo al respecto.
A menos, claro, que como se ha señalado en múltiples ocasiones, exista un “pacto de complicidad” que implica ignorar el agravio causado al pueblo de Coahuila.
