Ejecutar obras y respetar derechos: ambas son posibles

Como informamos en esta edición, ayer se reanudaron las obras de ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas, desarrollo que permanecía detenido, desde noviembre del año pasado, debido al reclamo de un grupo de personas que aseguran ser las propietarias de un segmento de terreno afectado con la construcción, sin que se les hubiera indemnizado.

La reactivación de los trabajos se registró con el auxilio de la Guardia Nacional, a fin de que los presuntos afectados no impidieran la actividad de un grupo de empleados de la empresa Aguas de Saltillo que desarrollan obras complementarias en el kilómetro 340.

Lo ocurrido es un ejemplo de situación en el cual entran en conflicto derechos individuales y colectivos que el Estado está obligado a proteger y garantizar de forma simultánea: de un lado, los derechos individuales de quienes se dicen desposeídos de su propiedad; del otro, el derecho que tenemos todos a que se realice una obra de beneficio colectivo.

Que las obras se hayan reactivado –incluso si ello ocurrió con el auxilio de la fuerza pública– no puede ser interpretado como producto de la “supremacía” del derecho colectivo por encima del individual. Lejos de esta posibilidad, las instituciones públicas deben garantizar ambos de forma paralela.

Y para hacer esto no es necesario mantener suspendida la obra, sino comunicar de forma adecuada las garantías que los quejosos tendrán de que su derecho será respetado a pesar de que lo trabajos prosigan y se concluyan.

Es entendible, desde luego, que quienes han mantenido la obra detenida crean que solamente si recurren a las medidas de fuerza –como lo hicieron hasta ayer– se podrá garantizar que les indemnicen en caso de probar, como lo están intentando, que son los legítimos propietarios del predio afectado por la construcción de la ampliación carretera.

Y esto es así porque desafortunadamente existen en la historia de nuestro país numerosos ejemplos de atropello de los derechos de la ciudadanía a propósito de la ejecución de este tipo de obras.

Pero que en el pasado hayan existido atropellos no justifica que se atente contra el interés colectivo y por ello los ejecutores de la obra han hecho bien en recurrir a los instrumentos a su alcance para reactivar la construcción

Lo que debe ocurrir de forma paralela es que los gobiernos Federal y Estatal ofrezcan las garantías necesarias para que, de forma paralela a los trabajos de ampliación, se desahoguen con celeridad los procesos legales en marcha y, de ser procedente, se indemnice a las personas afectadas.

Si tal propósito se comunica de forma adecuada y se hace uso de los muchos instrumentos legales que hay para dar certeza a todos los involucrados, el conflicto que hemos reseñado puede convertirse en un ejemplo relevante de cómo, en un estado democrático, es posible, al mismo tiempo, ejecutar obras públicas y garantizar los derechos de quienes se consideren afectados por estas.