Enhorabuena por el Consejo Ciudadano de Viabilidad Financiera... pero ¿qué sigue?

La noticia pasó de largo y no acaparó tanto los reflectores, no obstante que de fondo puede llegar a constituirse como un cambio trascendental para el estado. La instalación del Consejo Ciudadano de Viabilidad Financiera no solo cristaliza una de las promesas de campaña del gobernador Manolo Jiménez, sino que, además, toma nota puntual de una de las recomendaciones que organismos internacionales y diversos sectores de la sociedad civil han hecho en otros tiempos al gobierno federal, la de contar con un Consejo Fiscal.

Aunque aún resta conocer detalles puntuales sobre el alcance y profundidad del papel que tomará este Consejo en la toma decisiones, se celebra que Coahuila tome la delantera y sea referente a nivel nacional en esta materia. Es realmente digno de destacar la inclusión de destacados empresarios en este Consejo en un intento por despolitizar la toma de decisiones. Al final del día, son ellos quienes conocen los requerimientos para fortalecer y mantener la posición competitiva del estado.

Es justamente en este punto donde descansa en buena medida el peso específico que debiera tener este nuevo órgano. En una entidad federativa que goza de muy altos niveles de competitividad, imán de atracción para la Inversión Extranjera Directa (IED) y una posición geográfica privilegiada, queda más que claro que los retos hacia delante serán muchos, pero principalmente la creación de una infraestructura en cantidad y en calidad que permita a los coahuilenses seguir el paso de este acelerado crecimiento.

El ejemplo del explosivo crecimiento del área conurbada de Saltillo, el tráfico y toda la planeación urbana que ello conlleva, demanda desde ahora una cantidad creciente de recursos.

Así pues, se espera que el Consejo Ciudadano de Viabilidad Financiera realmente se constituya como un auténtico Consejo Fiscal. Es decir, en ese órgano técnico de consulta y de generación de propuestas para la eficiencia en el diseño del presupuesto y ejecución del gasto público, priorizando los criterios económicos sobre los meramente políticos.

Dos pendientes, me parece, quedan en el camino. El primero será dotar de suficientes dientes a este Consejo para que analice, cuestione y proponga criterios que aseguren un manejo eficiente y responsable en el tema fiscal. Que tenga injerencia en la planeación a corto y mediano plazo de la sostenibilidad financiera de las arcas públicas, mejorando así nuestra posición financiera y cerrando el paso a otro episodio de deuda como el que vivimos hace algunos años.

Por otra parte, aunque se reconoce la inclusión de los empresarios, será necesario también incluir a figuras de alto renombre en la academia y en las finanzas públicas. Perfiles como los del doctor Rogelio Montemayor, así como del maestro Enrique Martínez y Morales, ambos con sobrada capacidad y experiencia en el sector hacendario a nivel nacional, deberán aprovecharse sí o sí. De igual manera el doctor Alejandro Dávila Flores, investigador reconocido con un conocimiento profundo en la dinámica productiva de los sectores económicos, puede aportar mucha luz en la orientación del gasto hacia aquellas ramas industriales que generen efectos multiplicadores en la región. El primer paso ya se realizó y vale la pena celebrarlo y reconocerlo. Falta ver lo que sigue.