Expulsar a los nativos de su tierra es una manera horrible de salvar el planeta

Por Robert Williams, The New Yok Times.

Más de 600.000 turistas viajan a la Zona de Conservación de Ngorongoro de Tanzania cada año, y muchas podrán vislumbrar la Gran Migración: el conocido trayecto de más de un millón de ñus y miles de cebras, gacelas y otros animales que cruzan el río Mara hasta llegar a Kenia para luego regresar. Sin embargo, el gobierno tanzano cree que puede atraer a muchos más turistas que buscan vivir la aventura safari de sus vidas: cinco millones para 2025, con lo que se aportarían 6000 millones de dólares al año, de acuerdo con un plan reciente.

Por eso, funcionarios del gobierno anunciaron hace poco un cambio en el estatus legal del Ngorongoro, que prohibirá los asentamientos humanos en su interior y en sus proximidades. La medida obligará a las autoridades a retirar del área protegida a casi 100.000 personas, la mayoría pastores masáis que han usado los vastos pastizales de Ngorongoro para sustentar su estilo de vida seminómada y ganadero durante generaciones. De acuerdo con el gobierno, los masáis deben ser retirados con el fin de conservar la tierra y proteger la biodiversidad. Los masáis argumentan que esa remoción pone en riesgo su vida y su supervivencia cultural, y que el gobierno en vez de eso debería ampliar el turismo de una manera respetuosa con sus derechos.

Ahora que los países de todo el mundo persiguen objetivos ambientales como preservar el 30 por ciento de la tierra y los mares del planeta para 2030 —objetivos que también pueden generar oportunidades de desarrollo ecoturístico y ventas de créditos de carbono— están convirtiendo tierras ricas en belleza natural y biodiversidad en zonas protegidas. A menudo lo hacen con financiamiento y orientación de las mayores organizaciones conservacionistas, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por su sigla en inglés), y de países ricos como Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón.

Sin embargo, en muchos casos la gente ya vive y sobrevive en estas tierras; en efecto, se estima que 476 millones de indígenas habitan tierras que albergan el 80 por ciento de la biodiversidad mundial. Cuando los gobiernos deciden que la conservación de la naturaleza y los posibles ingresos derivados de ella tienen prioridad sobre las actividades humanas existentes, con demasiada frecuencia recurren a los desalojos, la destrucción de los campos de cultivo y la confiscación del ganado, a veces mediante una violencia estupefaciente, para expulsar a los residentes de sus tierras. En el Programa de Derechos y Políticas Indígenas de la Universidad de Arizona, que acoge al relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los informes de este tipo de abusos y quejas de derechos humanos vinculados con la conservación llegan en gran cantidad de manera semanal, y a veces a diario, de todos los rincones del mundo.

En la India, la creación de reservas de tigres para atraer turistas extranjeros ha provocado violentos enfrentamientos y el desalojo de decenas de miles de indígenas adivasis de sus tierras ancestrales. En la República Democrática del Congo, los pueblos indígenas batwas (antes denominados con el término despectivo y racista de “pigmeos”) siguen resistiendo a los intentos del gobierno de impedirles regresar al Parque Nacional de Kahuzi-Biega tras ser desalojados en la década de 1970. Según informes, el mes pasado, guardias de la autoridad del parque, acompañados por militares congoleños, asaltaron aldeas batwa y quemaron sus casas hasta los cimientos, acusando a los batwas de pertenecer a un grupo insurgente tutsi. (Los batwas rechazan esas acusaciones).

Con frecuencia, los países consideran que estos abusos son legalmente defendibles porque, a diferencia de Estados Unidos y la mayoría de las demás naciones occidentales con importantes poblaciones tribales, a muchos pueblos indígenas africanos, asiáticos y latinoamericanos no se les ha garantizado la tenencia y los derechos sobre sus tierras tradicionalmente ocupadas. Pero los responsables de la protección de la naturaleza y otras personas que inician y apoyan la reubicación a gran escala de comunidades indígenas ignoran con demasiada frecuencia otra manera mucho mejor de proteger la biodiversidad que no requiere destruir vidas y medios de subsistencia en el proceso. Los modelos comunitarios de conservación, en particular las prácticas de conservación lideradas por los indígenas, han demostrado una y otra vez que protegen de modo eficaz la biodiversidad. La investigación y los estudios de casos sobre el terreno demuestran que estas prácticas funcionan igual de bien y, en muchos casos, incluso mejor que los métodos que las excluyen.

Por ejemplo, el Monumento Nacional Bears Ears en Utah, que ahora es gestionado por cinco tribus nativas estadounidenses. En Australia, los indígenas gunditjmaras capturan anguilas y ayudan a gestionar el paisaje cultural de Budj Bim dentro de sus tierras tradicionales. Otros proyectos enMéxico, Nueva Zelanda y Canadá demuestran que es posible alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad respetando los derechos humanos y los conocimientos de los pueblos indígenas que viven en zonas protegidas.

El Departamento de Estado y otras agencias estadounidenses pueden ayudar a proteger los derechos de propiedad de los indígenas en sus tierras tradicionales presionando a los países para que reconozcan esos derechos. Utilizando información fidedigna, pueden aumentar la vigilancia y retener la financiación de países y proyectos en los que se produzcan tales abusos. Del mismo modo, aunque el WWF y la WCS afirman que están aplicando a la conservación un “enfoque basado en los derechos humanos”, ningún grupo debería gastar millones de dólares en apoyar proyectos realizados en zonas protegidas en los que no se respetan los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, ni otros. En cambio, pueden utilizar su considerable influencia en los lugares donde se siguen cometiendo abusos para garantizar que se respeten esos derechos. Por ejemplo, pueden exigir al inicio de un proyecto que no se siga adelante hasta que el sistema jurídico local garantice los derechos de los indígenas.

En todos los casos, el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado debe garantizarse en cualquier proyecto que se realice en un área protegida y que tenga impacto en sus tierras, vidas o medios de subsistencia tradicionales. De lo contrario, los objetivos de conservación y reducción del cambio climático que el mundo necesita con urgencia se habrán comprado, de hecho, a expensas de los pueblos indígenas del mundo. Son estas comunidades las que poseen algunos de los conocimientos y métodos más valiosos, probados a lo largo del tiempo y de generaciones, necesarios para resolver una crisis mundial del clima y la biodiversidad que no es obra suya. c.2024 The New York Times Company.