La 4T y su ‘guerra’ contra las organizaciones civiles
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En el mundo democrático existe consenso en torno a la idea de que, para fortalecer a las instituciones de este modelo de organización social, es necesario, entre otras cosas, que existan organizaciones civiles dedicadas al monitoreo, seguimiento y evaluación del trabajo gubernamental.
Para que tales organizaciones existan, sin embargo, es necesario que en ellas laboren individuos con un nivel mínimo de especialización y cuyo trabajo sea remunerado de forma justa, de forma que las actividades que desarrollan puedan tener permanencia en el tiempo.
Este hecho lleva entonces a la necesidad de garantizar el financiamiento de dichas organizaciones que, por definición, no realizan actividades lucrativas pues ello introduciría sesgos en su actuación que restarían toda autoridad a sus hallazgos, informes o posicionamientos.
¿Cómo garantizar entonces su existencia? La solución que el mundo democrático ha encontrado, desde hace décadas, es la subvención de gobiernos y entes privados que destinan una porción de sus recursos a promover el avance de la agenda democrática, en torno a la cual existe un consenso global plasmado en ordenamientos internacionales.
Por su propia naturaleza, el trabajo que tales organizaciones civiles desarrollan resulta “incómodo” para los políticos del mundo entero, pues al margen del grado de madurez que una democracia registre, siempre existen rezagos, errores o fuentes de violación a los derechos de la ciudadanía que es preciso señalar y combatir.
No es raro por ello que el desempeño de tales organizaciones termine generando fricciones con los gobernantes, particularmente en países como el nuestro en los que la institucionalidad democrática es débil y los poderes públicos tienden a concentrarse de forma excesiva en una sola persona.
A nadie debe extrañar entonces la auténtica “guerra” que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido en contra de las organizaciones civiles dedicadas a vigilar el poder público. Tampoco resulta extraño que en este contexto surjan propuestas para “desaparecer” a los organismos de la sociedad civil a partir de presentarles como “traidores a la patria” o “golpistas”.
En este contexto se inscribe la iniciativa que ayer introdujo la diputada federal morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega, quien busca modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para, en estricto sentido, impedir el financiamiento de organizaciones civiles desde el exterior.
A partir de una serie de generalizaciones y lugares comunes, que esencialmente repiten las palabras del Presidente, la michoacana busca proscribir la acción de la sociedad civil nacional, integrada por mexicanos con derecho a incidir en la vida pública del país.
Habrá que estar atentos al desarrollo de la iniciativa pero desde ya es necesario etiquetarla como un grave llamado de atención respecto de la forma en que las pulsiones autoritarias pretenden imponerse por sobre los criterios democráticos en México.
