La Carbonífera, una zona de sacrificio

Una zona de sacrificio, de acuerdo con la relatoría especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, sobre Tóxicos y Derechos Humanos, se define como “una región o comunidad donde la contaminación extrema y/o generalizada está generando abusos o violaciones de los derechos humanos. Aunque las zonas de sacrificio varían en tamaño, están proliferando en todo el mundo, y a menudo son el resultado de políticas que priorizan el crecimiento económico o los beneficios para las empresas por sobre la vida, la salud, la dignidad y el bienestar de las personas”.

“Muchas zonas de sacrificio están situadas en comunidades de bajos ingresos, minorías étnicas, pueblos indígenas o en comunidades vulnerables o marginadas”.

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El concepto de zona de sacrificio empezó a popularizarse por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), que considera a estas zonas como sectores geográficos de alta concentración industrial en donde se priorizan los polos industriales sobre el bienestar de las personas y el ambiente. Son lugares de bajos ingresos, donde se instalan industrias con promesas de desarrollo y mejoras en las condiciones de trabajo y vida.

Para Dayna Nadine Scott y Adrian A. Smith (2017), autores del estudio “Sacrifice Zones” in the Green Energy Economy: Toward an Environmental Justice Framework, una zona de sacrificio es un concepto utilizado para describir comunidades y paisajes desfavorecidos, contaminados y descuidados de manera desproporcionada en nombre de la acumulación de capital.

Elizabeth Bravo (2021), en su obra “Las Zonas de Sacrificio en América Latina”, un estudio donde muestra un conjunto de casos sobre zonas de sacrificio en la región, refiere que estas, las zonas de sacrificio, “son áreas transformadas en inhabitables o donde las comunidades viven bajo condiciones muy precarias, porque a partir de ellas se sacan beneficios económicos, técnicos, militares”.

De acuerdo con Bravo, en la creación de las zonas de sacrificio debe haber una intencionalidad del Estado porque ejerce modalidades de “violencia espacial destructiva” y se justifica así misma por las utilidades que se generan.

Los estados en estas zonas demandan a los sectores inferiores de la población una “ofrenda” para alcanzar un bien superior, con connotaciones casi heroicas.

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La autora señala que aunque un accidente no se puede considerar como sacrificio porque no hay una intención, la omisión de normas o protocolos, o las simples obras que no debieron realizarse por sus riesgos, los convierte en zonas de sacrificio.

Cualquier parecido con la región Carbonífera de Coahuila, donde esta semana ocurrió nuevamente una tragedia minera, no es coincidencia. Dos mineros murieron en el ejido El Mezquite porque el malacate que sube y baja a los mineros, y al carbón, se rompió. Ya había sido señalada hace un año de no estar en condiciones. Pero no importó.

No es coincidencia, la región es una zona de sacrificio como lo ha afirmado desde hace tiempo la defensora de derechos humanos y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach.

AL TIRO

Es decir, la nueva tragedia es reflejo de que las garantías de no repetición son sólo un eufemismo que se escucha cada día de luto en la región. ¿Por qué? Porque se ha decidido que en esta área se da una zona de sacrificio: no importa la vida, importa el carbón, el dinero, las empresas.

“La violencia sacrificial se invisibiliza y se justifica” (Reinert, 2018, como se citó en Bravo, 2021).

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Bravo dice en su estudio de casos de América Latina que la violencia sacrificial es “omnipresente, cosmológica está en cada carretera, en cada mina, en cada pozo petrolero”.

Y vuelve a citar al historiador Hugo Reinert sobre que toda la argumentación, las acciones y normativas que justifican la “violencia sacrificial” deben ser cuestionadas, resistidas y enfrentadas.

“Sus escalas de valores, desmanteladas, su lógica desmitificada y revelada”, añade.

Los mineros no son héroes que dan la vida por el carbón, son trabajadores sacrificados para el beneficio de una actividad económica.