La justicia necesita profesionales de los derechos humanos
Soy madre de Dan Jeremeel. Dan desapareció en 2008 en Coahuila. Las autoridades no lo han encontrado. Como miles de madres de hijos e hijas desaparecidas, no sólo seguimos buscándolos hasta encontrarlos, sino que nos hemos organizado en un
movimiento nacional para exigir justicia, verdad, reparación y no repetición.
Nos importan nuestros hijos desaparecidos. Pero también los de toda la sociedad. No queremos que nadie tenga que pasar por la tortura de no saber de ellos. Menos aún que no sepamos qué fue lo que pasó. Pero aún los perpetradores de este crimen de lesa humanidad siguen en la calle sin ser llevados a la justicia.
En esta lucha por nuestros derechos, las familias hemos enfrentado la negligencia, insolencia e ignorancia de la autoridad. Sobre todo, somos testigos de la falta de capacidad profesional que tienen los fiscales, los jueces o los funcionarios públicos al enfrentar las violaciones a nuestros derechos.
Las familias hemos tenido que conocer nuestros derechos para poder exigirlos. Nos hemos capacitado con cursos y reuniones de trabajo. Los expertos nos han ofrecido mejor conocimiento de los estándares nacionales e internacionales para poder defender nuestros derechos. Las familias nos hemos convertido en buscadoras, peritos, fiscales, asesores y legisladoras. Nos hemos convertido en defensoras de nuestros derechos fundamentales.
Para hacerlos efectivos hemos aprendido que no sólo basta con protestar con valor. Es necesario argumentar con hechos y normas que fundamenten nuestras demandas. La mayoría de las familias no podemos pagar buenos abogados. Necesitamos que el Estado nos asegure una asesoría jurídica adecuada.
Pero nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los abogados no son sensibles a nuestras demandas. Muy pocas universidades o escuelas nos brindan apoyo, acompañamiento o asesoría adecuada. No sólo es un problema de empatía, también de conocimientos: el abogado formalista no busca la justicia. Busca de manera conservadora mantener el estado de las cosas. El estado actual que mantiene la injusticia, impunidad y corrupción.
Necesitamos escuelas que formen a una nueva generación de profesionales del derecho con enfoque especializado en derechos humanos. Abogados sensibles, justos y comprometidos con la causa de las personas que son afectadas en su dignidad humana.
Por eso, desde el colectivo “Búscame” y como parte del movimiento nacional por nuestros desaparecidos, celebramos que la Academia IDH que dirige la doctora Irene Spigno comenzó a implementar un nuevo programa de licenciatura en derecho para asegurar que en Coahuila existan oportunidades de formación profesional en los más altos estándares de derechos humanos.
La AIDH es una de las principales instituciones universitarias del País que ha sido comprometida con nuestra causa. Es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como una de las instituciones más importantes en la defensa de las víctimas. Nosotras, las familias, hemos aprendido allí a conocer nuestros derechos. A construir leyes y políticas públicas a favor de nuestros derechos. A presentar nuestras demandas.
Pero la impunidad e injusticia son difíciles de erradicar. Tan difícil que un programa de esta gran calidad que se reconoce a nivel nacional e internacional ha encontrado voces autoritarias en la propia Universidad Autónoma de Coahuila que, sin razón alguna, cuestionan a la Academia IDH por ofrecer nuevas oportunidades a la sociedad.
Es de vergüenza nacional que el director de la escuela de leyes de Saltillo haya cuestionado este programa como un fraude académico, cuando todo mundo sabe que lo único que caracteriza a la AIDH es su excelencia académica.
Pero también es aberrante para la propia universidad que ese director cuestione a la directora porque supuestamente la corrieron de esa escuela que hoy dirige, cuando todos sabemos que a quien corrieron de su trabajo fue justamente a él.
La cara de la impunidad e injusticia tiene rostros. Son esos que también como abogados se oponen a que existan instituciones educativas a favor de nuestros derechos. Son esos que, en lugar de educarse en los derechos humanos, lo hacen para formar abogados legalistas que no buscan la justicia.
La nueva licenciatura de la AIDH es una gran oportunidad para construir un cambio generacional en los juristas que necesita el País. Este programa es ya un orgullo para muchas familias que demandamos educación especializada. No me cabe la menor duda que para la Universidad Autónoma de Coahuila esta nueva licenciatura será uno de los programas que más prestigio, valor y reconocimiento le dará a nivel nacional e internacional.
Mientras eso sucede, en lugar de quedarse atrás, las demás escuelas de leyes del País deberían imitar a la AIDH. Y los abogados que aquí se oponen a estas instituciones que necesitamos las víctimas deberían cursar nuevamente la licenciatura. Pero deberían hacerlo en la ADH para transformarse en esos agentes de cambio social que tanto necesitamos y no en perpetradores de la injusticia e impunidad.
La autora es directora
del Colectivo “Búscame”,
Buscando Desaparecidos
México, A.C.
Este texto es parte
del proyecto de Derechos
Humanos de VANGUARDIA
y la Academia IDH
